Un turista ha dejado a tres agentes de la Guardia Civil en el hospital, tras una agresión ocurrida esta semana en el Aeropuerto de Lanzarote. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado este suceso y ha pedido la celebración de juicios rápidos para solucionar el problema de las agresiones a agentes por parte de extranjeros.

Una nota de prensa distribuida por la AEGC indica que, solo en lo que va de año, más de 60 guardias civiles han sufrido lesiones de diferente consideración por agresiones sufridas durante el servicio. El último semestre del año pasado se registraron 383.

El sindicato ha señalado que se trata de agresiones que han ido aumentando año tras año, de ahí que haya pedido en numerosas ocasiones que se tomen medidas para evitar que los guardias civiles continúen siendo «el saco de boxeo al que todo el mundo puede golpear».

En este sentido, critica que las consecuencias penales por estas agresiones son «irrisorias»; multas que la mayoría de las veces no se pagan por insolvencia del agresor o, en el caso de las protagonizadas por turistas, ni se presentan en los juicios. «Al final somos los guardias civiles los que tenemos que recurrir otra vez a los tribunales para denunciar al Estado y que subsidiariamente él nos resarza del daño sufrido», añade el sindicato.

Desde AEGC consideran que parte de este problema se podría solucionar, al menos en el caso de agresiones de extranjeros, con la celebración de juicios rápidos. También reclaman a Interior su compromiso de que todos los guardias civiles que sufran agresiones durante el transcurso de su servicio cobren las indemnizaciones sin tener que volver a recurrir a la justicia para que el Estado sea condenado subsidiariamente.

La celebración de estos juicios rápidos sería, a juicio de la Asociación, una solución de paso hasta que el Gobierno lleve adelante el cambio de consideración jurídica de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

AEGC recuerda que lleva años reclamando que se les considere autoridad, como lo son los jueces, médicos, profesores o los diputados y diputadas. Sólo este cambio supondrían penas mayores y en AEGC se muestran convencidos de que disuadiría a los agresores, ya que ante sí tendrían un panorama penal más grave que una multa de 1.000 o 2.000 euros.

En AEGC consideran que este cambio es sólo cuestión de buena voluntad e inciden en que se acaba de hacer con los vigilantes jurados y con los funcionarios de prisiones, a los que ya se considera agentes de la autoridad.

El sindicato también reclama medidas de seguridad para evitar estas agresiones, pues entiende que muchas de ellas podrían ser evitables si los agentes contaran con táser, que «además de protegernos también salvaguardan la integridad de los agresores», aseguran.