Ciudadanos juzgados por ciudadanos: así funciona un jurado popular

Comienza la escena. Nueve personas están sentadas a un lado de la sala, frente a ellos, los abogados, el acusado y el juez. Tras escuchar los testimonios y valorar las pruebas presentadas en un juicio, juntos y por unanimidad, tienen que decidir si absolver o condenar al acusado. Podría ser el tráiler de cualquier película hollywoodiense, o la idea que tenemos sobre lo que es un jurado popular a raíz de los mitos que se han creado por las películas de esta temática. Nada más lejos de la realidad. Aunque se crea que esto solo sucede al otro lado del charco, en Estados Unidos y en la gran pantalla, la realidad es que en España existe el jurado popular, y si te ha llegado una carta al buzón seleccionándote como jurado, el año que viene podrías formar parte de él.

Son muchas las preguntas que sobrevuelan en torno al mundo judicial y, especialmente al papel que desempeñan esas nueve personas que aguardan a un lado de la sala dispuestos a dar un veredicto. Pero ¿qué es un jurado popular? En su momento, surgió en el siglo XIII en Reino Unido “como contrapeso frente a la autoridad de un gobernador o un gobierno absolutista, pero ahora el sistema funciona para darle más entrada a la ciudadanía en la decisión de los conflictos jurídicos que se plantean en los juicios”, según explica Lorena Bachmaier Winter, catedrática de derecho procesal en la UCM.

En España se introduce en 1995 y se opta por un jurado puro, es decir, “el juez no emite ningún veredicto, no juzga los hechos, esta función se les atribuye a los ciudadanos, en nuestro caso a los 9 que forman el jurado”, explica la catedrática.

Al candidato se le elige por sorteo. Dicha elección supone que durante dos años puedas ser seleccionado para participar en alguno de los juicios que puedan celebrarse en la Audiencia de la provincia donde estés censado.

Los requisitos que se necesitan para ser jurado son los siguientes: ser mayor de edad, saber leer y escribir, y no estar afectado por incapacidad física o psíquica que impida el desempeño de la función de juzgar. Una de las grandes preguntas es si, por causa justificada, puedes excusarte, pero participar en la Administración de Justicia, “es un deber”. Aunque en algunos casos, te podrías librar de esa responsabilidad. Ser mayor de 65 años, sufrir grave trastorno por razón de cargas familiares, desempeñar un trabajo de interés general, cuya sustitución originaría graves prejuicios, tener residencia en el extranjero, alegar y acreditar suficientemente cualquier otra causa que le dificulte de forma grave el desempeño de tal función. 

El caso Diana Quer, el ‘caso Lanza’, y el 'caso Asunta', son varios de los juicios mediáticos en los que ha participado un jurado popular. La inmensa mayoría de los asuntos que terminan en el jurado son de homicidios. Además, en muchos casos los asuntos no llegan a juicio porque se acaban resolviendo entre la fiscalía y las partes y “son delitos que no tienen una entidad suficiente para formar todo lo que supone el jurado, que es una forma muy aparatosa de organizar”, explica Sofia Anaut, Letrada de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

67 euros por el juicio

El jurado tiene todo el peso. “No se basa solo en responder si es culpable o no el acusado, el miembro del jurado tiene que contestar individualmente a una serie de preguntas, que es el llamado objeto del veredicto”, explica la letrada. Puede haber juicios de 3 o 4 días, o incluso de dos semanas, “todo depende del volumen de testigos o peritos”, indica. A los jurados se les paga 67 euros por día, y cuando quedan incomunicados se les da de comer y de cenar, y el alojamiento corre a cargo de la Administración.

En las películas muestran a este grupo de personas totalmente incomunicadas. Les quitan los teléfonos, les hospedan en un hotel y no hay ni rastro de televisiones o periódicos para que informen o tengan contacto con la realidad. Además de que, en muchos casos, las películas que vemos sobre juicios son americanas, Anaut explica que “aunque firmen un juramento de confidencialidad, durante todas las sesiones del juicio los jurados se van a casa”.

“El día que te convocan, acuden unas 30 o 40 personas y de entre ellas hacen una selección. En el jurado son 9 y hay dos suplentes, estos últimos tienen que estar toda la sesión por si alguien se indispone en los días del juicio y tiene que pasar a sustituirle”, relata. Cuando finaliza el juicio, les entregan el cuestionario y les hospedan en un hotel para que deliberen mientras la Policía custodia sus móviles. Ahí sí que están aislados. Al día siguiente vuelven al Palacio de Justicia a seguir deliberando, y cuando ya tienen un veredicto y tienen un acta, se da a conocer y se les devuelve los móviles. 

Para algunos profesionales es arriesgado que los ciudadanos fuera del ámbito del derecho decidan algo tan importante como puede ser un homicidio, pero, según advierte la catedrática, “son tipos de preguntas que puede responder cualquier ciudadano”. Ella no está a favor del jurado popular porque entiende que “en España tenemos una judicatura suficientemente independiente y flexible para interpretar correctamente las leyes”. Ella, en su caso, “lo hubiera configurado más como un derecho del acusado que como una obligación de participación de los ciudadanos”. 

A Anaut, que en parte entiende el argumento de Bachmaier, la experiencia le dice que “no es malo” y “es una manera de acercar al ciudadano a la Administración de Justicia buena”. Aunque reconoce que en algunos casos puede llegar a ser un poco traumático “porque lo que van a ver son delitos graves y situaciones duras, y lo que se escucha no es agradable”. En uno de los juicios con jurado popular en el que participó, una persona tuvo que retirarse porque no podía seguir escuchando, pero aun así, reconoce, “es un caso y no es lo habitual”. Además, cuenta que la mayoría de las personas que acuden a los juicios inicialmente están desmotivadas, pero “todo el mundo acaba con buena sensación”.