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El PP pide apartar a la magistrada Díez del recurso del PSOE sobre el recuento de votos

El Tribunal Constitucional deberá resolver si Díez es apta para redactar la sentencia que decidirá si hay que volver a contar 30.000 votos nulos en Madrid

Laura Díez toma posesión como magistrada del Constitucional.

Laura Díez toma posesión como magistrada del Constitucional. EFE

El PP ha pedido que el Tribunal Constitucional aparte a la magistrada Laura Díez, ponente del recurso del PSOE que busca un recuento de los votos nulos en Madrid tras el 23-J. Fuentes jurídicas han confirmado que los de Alberto Núñez Feijóo quieren apartar a la togada que trabajó en la Moncloa entre febrero de 2020 y abril de 2022 porque consideran que es indudable su vinculación con el actual Gobierno en funciones.

El plazo para resolver este recurso termina en martes y, en principio, las fuentes consultadas indican que este calendario se mantiene y que será entre este viernes y el lunes cuando tenga que designarse un ponente para revisar la recusación. Si Díez tuviera que apartarse las mayorías de la Sala Segunda --que es la que debe resolver los recursos electorales post-eleciones-- cambiarían, si bien seguiría habiendo más peso de los progresistas (tres) que de los conservadores (dos).

El Constitucional admitió a trámite el recurso del partido de Pedro Sánchez el pasado martes para tratar de forzar que se revisen unos 30.000 votos nulos en Madrid y recuperar el escaño que perdieron por el escrutinio de las papeletas del exterior. La diferencia que le separa del PP es escuálida: 1.341 votos. De volver a conquistar esta silla, los socialistas ya no necesitarían el sí expreso de Junts sino que valdría con que la formación de Carles Puigdemont se abstuviera.

El sector conservador formado por César Tolosa y Enrique Arnaldo no era partidario ni siquiera de admitir a trámite el recurso y estudiar el fondo. Consideran que no existe especial trascendencia constitucional, como sí ven los conservadores, porque el PSOE no ha mostrado ningún indicio de irregularidad en que el recuento electoral haya sido errático. Ni la Junta Electoral Central ni la Provincial, ni tampoco el Tribunal Supremo consideró necesario que se volvieran a analizar las papeletas, sin embargo, el órgano de garantías ha decidido estudiar el fondo de la cuestión.

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