El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont está tensando al máximo la cuerda de la negociación con el PSOE que anuda su exoneración absoluta en la Justicia española. En un final de negociaciones frenético en el que el acuerdo ha estado cerca y lejos por minutos, los tribunales se preparan para una respuesta a una ley que no tiene parangón con la actual Constitución vigente. Los escenarios que se abren son inciertos, pero la mayoría de juristas consultados coinciden: Puigdemont podrá volver a pisar Cataluña sin ser detenido e, incluso, algunos aventuran que podrá reclamar una indemnización al Estado.

Si a finales de agosto cuando se empezaba a escuchar la palabra amnistía todos los castillos se construían sobre arenas movedizas, la medida de gracia es ya casi una realidad mencionada claramente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así que los juristas han tenido meses para estudiar las posibles y más probables consecuencias. Partiendo de la base de que el Derecho no es una ciencia exacta y de que se vale más de interpretaciones que de fórmulas automáticas, los consultados discrepan en ciertos puntos sobre la aplicación pero pocos ya se atreven a negar que Puigdemont podrá volver una vez la norma se publique en el BOE, como contó El Independiente.

Algunas voces del alto tribunal explican incluso que durante la tramitación sería difícil que fuera arrestado y, mucho menos, enviado a prisión. Por muy contrario que pueda ser un juez a la apliación de la amnistía, esgrimen, no ven factible enviar al expresident a prisión cuando en el Parlamento se está debatiendo si los hechos por los que está acusado van a quedar totalmente borrados de sus antecedentes penales.

El juez del procés, Pablo Llarena, debe tomarle declaración para terminar el procedimiento en el que está acusado de malversación agravada y desobediencia por liderar la consulta independentista del 1-0. Pero las fuentes consultadas explican que la ley puede impedir que se tome esta testifical y, directamente, que el instructor envíe el caso a la Sala de lo Penal que será la que, en su caso, plantee una cuestión de inconstitucionalidad.

La única vía para paralizar la aplicación de la ley únicamente en el procedimiento en el que se plantee (es decir, la ley como tal no se frena sino que sigue vigente) es mediante esta cuestión que se plantea ante el Tribunal Constitucional cuando un juez tiene duda de si lo que tiene que aplicar entra en la Carta Magna o no. La causa por tanto quedaría en suspenso como también todas las medidas cautelares, entre ellas, la orden de detención nacional, indican citadas fuentes. Puigdemont podría entonces pasearse incluso frente a la sede del Supremo si quisiera sin que nadie pudiera impedirlo. Sólo un eventual fallo del Constitucional declarando fuera de los márgenes de la ley la amnistía podría hacer revertir la situación.

¿Y cuánto tardará el Tribunal que dirige Cándido Conde-Pumpido en aclarar la inconstitucionalidad de la norma? Tanto como él quiera, explican. Meses o años porque que un asunto vaya a pleno para sentencia depende de él.

Sobre si pudiera pedir dinero al Estado o si a los acusados de malversación tendrán que devolvérseles las cantidades que pagaron en concepto de multa las fuentes consultadas son claras: "Si entablan una demanda de reclamación no sería fácil negarles la indemnización". De hecho, recuerdan que ya en la amnistía de 1977 los militares que habían sido depurados durante el Franquismo pudieron más tarde ascender de grado y se les terminó pagando lo que habían dejado de cobrar.

Sentencias dispares

En ese proceso en el que el Constitucional resuelva la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, otros jueces pueden aplicar la amnistía. Una ley es válida hasta que no se declara lo contrario. Algunas fuentes indican, como explicó este medio, que podría darse la paradoja de que se amnistiara en otros tribunales (hay asuntos en juzgados de instrucción, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, etc.), mientras el Supremo espera a que resuelva el órgano de garantías. Y si eventualmente éste declarara la inconstitucionalidad esas amnistías que ya están dadas y no tienen vuelta atrás. Mientras la ley estuvo en vigor fue ley. Si bien fuentes jurídicas esperan que los jueces sean prudentes en estas concesiones y esperen a que los magistrados que velan por la Carta Magna se pronuncien sobre el tema.

Por el momento, ya hay asociaciones judiciales que han dado muestra de su disconformidad con la tramitación de esta medida de gracia como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que ha emitido un duro comunicado en el que señalan que es el "principio del fin de nuestra democracia" porque se van a "romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho". El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este lunes para decidir si realizan una declaración institucional en términos similares, mientras la asociación más progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, advierte de que como lo hagan estarán extralimitándose en un "abuso de sus atribuciones". Las otras dos asociaciones de jueces no se han pronunciado porque prefieren esperar a conocer el texto.

Junqueras

Si el caso de Puigdemont puede trasponerse al resto de los fugados, no es válido para los condenados en sentencia firme, aclaran las fuentes mencionadas. El líder de ERC, Oriol Junqueras, fue condenado por el Tribunal Supremo (y ratificado por el Constitucional) a 13 años de cárcel y de inhabilitación por su papel en el procés. La prisión fue indultada por el Gobierno en 2021 y la inhabilitación quedará borrada con la aplicación de la amnistía, pero esto será al final de todo el proceso.

Es decir, hasta que el Tribunal de garantías no resuelva la cuestión de inconstitucionalidad Junqueras no podrá presentarse a las elecciones. Ni él, cuya condena termina en 2031, ni el resto de inhabilitado como Dolors Bassa (2031), o Raül Romeva y Jordi Turull (2030). Irónicamente como Puigdemont no se ha sentado en el banquillo y no pesa pena en firme sobre él, sí podría participar en las próximas elecciones catalanas. Él y todos los huidos de la Justicia.