El expresidente de la Generalitat que está fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, no quiere mostrar sus cartas mientras se negocia la amnistía. El instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se encuentra a expensas de saber si su defensa ha recurrido el asunto de la inmunidad parlamentaria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para poder emitir una orden internacional de detención contra él y, por eso, solicitó que se le informara en un plazo menor a 10 días. Llarena ha tenido que suspender este límite temporal y Puigdemont logra así ganar tiempo de nuevo.

En el escrito que avanza El Independiente, Llarena recibe un recurso del letrado de Puigdemont y accede a dejar "en suspenso el plazo de diez [días] para evacuar el requerimiento acordado en la resolución recurrida". El magistrado del alto tribunal esperó hasta el día 15 de septiembre (momento en el que se agotaban los tiempos en Europa) para saber si el letrado Gonzalo Boye tiraría la última bala con la que el expresidente pudiera lograr la inmunidad por su condición de europarlamentario.

Sólo esta protección podría librarlo de una nueva orden internacional de arresto y una euroorden que la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha solicitado. Pero Boye no informó de cómo había procedido y fue entonces cuando el juez lo instó a informar si había presentado un recurso ante el TJUE y si este incluía medidas cautelares.

El letrado niega que tenga que ser él quien informe de nada a un tribunal español de lo que hace en otro tribunal fuera del territorio y ha recurrido (con un recurso de reforma) sin desvelar qué ha hecho en Europa. Considera que falta "base jurídica" para que Llarena formule ese requerimiento. "Se le está pidiendo a la defensa en un proceso penal que informe sobre actuaciones pendientes, o no, ante otro órgano jurisdiccional, para lo que existe un procedimiento insoslayable, expresamente previsto en las leyes procesales: el auxilio judicial", dice el recurso al que también ha accedido este medio.

Para Carles Puigdemont lo que debe hacer el magistrado es preguntar directamente al Tribunal de Justicia europeo sobre el recurso y no a ellos que no tienen por qué informarlo. "No se puede burlar [la normtaiva procesal] mediante un requerimiento de información a la defensa sin amparo legal de ninguna base", explicita el escrito. En el mismo sentido ha recurrido también el exconseller Toni Comín que se encuentra en la misma situación procesal y también fugado de España.

Llarena ha decidido anular dicho plazo para resolver el recurso y fuentes jurídicas dan por hecho que después de resolverlo él (si lo hace volviendo a ejectuar el plazo), Puigdemont interpondrá otro recurso ante la Sala de lo Penal por lo que todo el proceso quedaría dilatado nuevamente. Por el momento y según confirman fuentes jurídicas el togado todavía no ha resuelto el primer paso.

Lo primero, dicen estas fuentes, será resolver la recusación que el expresidente presentó contra Llarena. El abogado entendió que el juez se había pronunciado sobre la amnistía en un acto el pasado 11 de septiembre y esas palabras le valieron para pedir apartarlo. Llarena reflexionó sobre la medida de gracia en un acto de la Fundación Villascineros hace unas semanas con frases como "entonces hay que mirar si la posible ley es legítima o si se justifica", es decir, que “si no es inconstitucional, si procede”.

Una vez se resuelva la recusación, el magistrado del Supremo pasará a resolver el recurso de reforma y no hay límite temporal para ello.

Esta batería de actuaciones de la defensa consigue dispersar el foco sobre la estrategia legal que está siguiendo el expresidente ante Luxemburgo, mientras como telón de fondo el Gobierno de Pedro Sánchez negocia con Junts una posible amnistía.