El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido, por nueve votos a favor y cinco desfavorables, emitir un comunicado en contra de la amnistía que considera "la abolición del Estado de Derecho". El vocal progresista Álvaro Cuesta se ha ausentado del pleno extraordinario convocado por el presidente Vicente Guilarte (quien se ha abstenido) a petición del grupo conservador cambiando las mayorías necesarias para aprobar este texto. No obstante, la suma del voto de Wenceslao Olea en el pleno habría impulsado la declaración igualmente.

El pleno ha comenzado sobre las 19 horas de este lunes y el punto del día era sólo uno: decidir qué postura tomaba el órgano ante la inminente aprobación de una ley de amnistía que perdone todos los delitos del procés. El Consejo sirve como órgano consultivo de las leyes que se aprueban en el Parlamento, sin embargo, lo insólito de esta vez es que se pronuncian sin que la ley haya llegado a la Cámara y sin haber sido preguntados.

La petición partió de los ocho vocales elegidos por el PP Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y Mª Ángeles Carmona y en la reunión de hoy se ha unido Wenceslao Olea después de matizar el texto inicial. El presidente Guilarte que generalmente votaba con el grupo progresista se ha mantenido al margen esta vez con su voto en blanco.

En el texto acordado se manifiesta que hasta ahora el Consejo ha sido mero observador de lo que estaba ocurriendo, pero que ahora asisten con "intensa preocupación y desolación" al pacto de una ley de amnistía que "supone la degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España".

Los vocales acusan al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de anteponerse a la Constitución con una ley que producirá la impunidad de un sector de la población. "Confundir el 'interés de España' con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política". El comunicado refleja que la amnistía supone "degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse desde el rechazo al pluralismo político, como el 'interés de España'".

La amnistía, dicen, generará "una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos" lo que supone quebrar el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. "Se violenta la independencia de los tribunales" y se rompe el marco de convivencia, remachan.

Votos discrepantes

Los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Enrique Lucas han votado en contra. Las tres primeras han justificado su voto señalando que “con la proposición de declaración institucional se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos”. Mientras que Lucas ha argumentado su voto manifestando que siempre se ha opuesto a la aprobación de declaraciones institucionales de este tipo.

Por su parte el voto en blanco del presidente ha sido argumentaodp por el propio Guilarte si bien ha dejado claro que no se puede sustraer a la preocupación derivada de los hechos que se describen en la declaración aprobada y que entiende como indeclinable labor institucional del CGPJ defender la actividad jurisdiccional llevada a cabo por los órganos judiciales, no puede verse cuestionada por una hipotética normativa futura, y que de igual manera deberá defenderse la actividad jurisdiccional futura que eventualmente se vincule con estos hechos, sea cual sea.

Sin embargo, cree que en tanto no se conozca un texto prelegislativo que plasme las ideas que se han avanzado, el debate debiera quedar residenciado en el terreno estrictamente político al que el CGPJ debiera permanecer ajeno y, finalmente, que es su objetivo, reiteradamente manifestado, buscar consensos para la renovación del Consejo que propicien la plena independencia judicial y que entiende que la declaración aprobada no ayuda a lograr ese objetivo.

Cuesta, ausente

Cuesta remitió el pasado domingo un escrito a Guilarte pidiéndole desconvocar la cita al considerar que es "manifiestamente ilegal" porque su finalidad es contraria "al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del CGPJ. Expuso que el texto que sus colegas pretendían aprobar se trataba de un "panfleto político" y que no era prudente aprobar una declaración institucional cuando la ley ni siquiera ha sido registrada en el Congreso.

"Según proponen los firmantes de la proclama, el CGPJ, de manera imprudente y arbitraria, debería negar la constitucionalidad de una proposición de ley de amnistía cuyos términos y alcance desconoce, y considerar que violenta la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, en una pretendida competencia y función de control de constitucionalidad y de conformidad con el Derecho de la UE, de la que carece", dijo Cuesta, que hoy no ha aparecido en la reunión.