El acuerdo que este jueves han alcanzado el PSOE y Junts ha eliminado de un plumazo la cautela con la que una parte del mundo de la Justicia se mantenía hasta saber en qué se basaba la negociación de la amnistía. El texto acepta que ha existido una persecución de los jueces al independentismo al reconocer el 'lawfare' (traducido como "guerra judicial") y abre la puerta a la posibilidad de auditar las decisiones del Poder Judicial en sede parlamentaria. Cerca de una decena de fuentes consultadas entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se muestran tajantes: "La independencia judicial ha muerto". Además, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales sin excepción (incluidas las progresistas) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con dos votos de vocales elegidas por el Partido Socialista han emitido comunicados mostrando su "frontal rechazo" a lo pactado.

La letra pequeña de la ley de amnistía se conocerá en los próximos días, pero lo cierto es que el acuerdo rubricado entre el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, no deja mucho margen de duda: "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política". Si bien el PSOE trató de matizar más tarde que no van a fiscalizar el trabajo de los jueces de ninguna forma, el apartado de buscar "responsabilidades" ha levantado la piel a los jueces que literalmente se la dejaron en perseguir lo ocurrido el 1-0.

El escrito reconoce que pudo existir una persecución de togas a personas con ideas independentistas por una cuestión política, y, según lo que se desprende del acuerdo, los diputados podrían expresar qué procesos tuvieron este carácter persecutorio.

El papel ha caído como una verdadera bomba atómica en el Tribunal Supremo donde durante meses se celebró el juicio del procés que terminó con una condena en 2019 para los cabecillas del referéndum ilegal. "El PSOE ha firmado que van a crear comisiones en el Parlamento para sancionar y echar a los jueces que no apliquen la ley como ellos creen que deben hacerlo", dice una fuente del alto tribunal que formó parte de este proceso.

"Es claro que hacen referencia al Ministerio Fiscal, que Sánchez [el presidente del Gobierno] cree que controla y que legalmente tiene legitimación activa para promover la responsabilidad disciplinaria de los jueces", indican.

"Saltamos al abismo directamente", asegura otra voz en el órgano. "Lawfare es guerra jurídica o guerra judicial, según Wikipedia. Prevaricación, según el Código Penal español", esgrimen.

Un tercer miembro del Tribunal apunta que esta amnistía ampliada supone "desactivar el Poder Judicial, que es tanto como bloquear el Estado de Derecho". Y otro añade: "Comparto la preocupación, por no decir indignación, de gran parte de la sociedad española". De la amnistía que han pactado ambos grupos se deduce que van a decaer decenas de causas judiciales ya tengan sentencia firme o estén en procesos activos, que se borrarán los antecedentes penales de todos los condenados del procés y sus derivadas y que se incluirá a personas procesadas por causas que no han tenido que ver con el independentismo pero que se consideran perseguidas por sus ideas políticas.

Algunos de los consultados hacen una comparación con la libertad de los periodistas: "Es como si mañana aseguran que harán una ley para restringir los bulos de la prensa e hicieran lo mismo. Es amenazar con echar a los jueces que no apliquen la ley del silencio periodístico como ellos reclaman". Dicen que la independencia judicial no es que vaya a estar en riesgo cuando se creen estas comisiones, sino que "ya la han lesionado de manera irreversible".

Esgrimen que un juez de Barcelona, los de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo "sabe que va a ser vigilado en cuanto ponga su primera resolución sobre la amnistía por una comisión que todavía no existe pero se creará". Corregir al Poder Judicial desde el Congreso, explican, es cortar una de las patas sobre las que se sustenta el sentido del Estado en el que los españoles llevan viviendo desde 1978.

Se trata de un "ataque frontal a la Constitución", apuntalan en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Por su parte, los consultados en el órgano que custodia la Carta Magna hablan de "estupor ante la amenaza directa en forma de exigencia de responsabilidades a quien ha aplicado la ley de un modo que una comisión política puede concluir que no le gusta".

Estas fuentes del Tribunal Constitucional remarcan "estupor" también "ante la burla a los principios que están en el título preliminar de la Constitución y en particular al principio de igualdad de los españoles".

Franco y Venezuela

Para las voces consultadas en el alto tribunal la situación es extrema. "Franco nunca se atrevió a firmarlo y expresar explícitamente, como ahora, que los jueces que no interpreten la ley como ellos exigen serán expulsados", dicen.

Están convencidos de que con esta ley se ha terminado la división de poderes. "Nadie será juez sin consecuencias perjudiciales para él". Agregan que el que no trabaje como "la mayoría política" quiera "van a tratar de expulsarle" y consideran que "no estamos más cerca de Venezuela", sino que "en materia de independencia judicial, ya somos Venezuela".

Las reacciones en redes sociales contra la amnistía han sido igualmente masivas en el mundo de la Justicia. "Los jueces estamos obligados a aplicar las leyes. Aunque estemos en desacuerdo por completo, sin perjuicio de poder plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Y debemos hacerlo sin sesgo, y con obligación de motivación", defendía el letrado del Tribunal Supremo Carlos Viader.

"Llaman judicialización de la política a meter en la cárcel a políticos delincuentes. El problema no es la judicialización de la política, sino la politización de la justicia", lamentaba el abogado Eduardo Prieto. "Auguro que esto nos compromete enormemente en la Unión Europea. Puede costarnos la permanencia", revelaba la jueza Natalia Velilla.

La Comisión del CGPJ se reunió anoche de urgencia para admitir su "frontal rechazo" por lo que consideran "una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes". De llegar a manifestarse esta iniciativa parlamentaria, dijeron, "determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos".

Las cuatro asociaciones de jueces unidas

No es tan común que las cuatro asociaciones judiciales firmen juntas, puesto que la progresista suele desmarcarse en la mayoría de ocasiones. Lo mismo que ocurre con las tres agrupaciones de fiscales. Esta vez no ha sido así. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Justicia Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y Juezas y jueces para la Democracia han a aclarado de forma rotunda su "rechazo" a las referencias del 'lawfare' o la judicialización de la política. Igual que la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Todos a una.

El hecho de que puedan realizarse comisiones de investigación en sede parlamentaria para determinar la presencia de situaciones de judicialización política, dicen los firmantes, podría suponer en la práctica una "evidente intromisión en la independencia judicial y la quiebra de la separación de poderes".

Los jueces sin fisuras señalan que "estas expresiones" lo que hacen es mostrar "desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial" y "no son aceptables". Aclaran que: "El poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".