Aunque era un rumor en los mentideros judiciales, la sorpresa de que Félix Bolaños mantenga su cartera y sume la de Justicia no ha gustado en algunos sectores de la carrera. El ministro acudió la pasada semana a los premios Pelayo en Madrid que se entregan a juristas de reconocido prestigio y allí estuvo parte de la noche codeándose con miembros del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como si ya augurara cuál era su destino, se encargó de hacer pedagogía y sostuvo en los corrillos que la amnistía era "plenamente constitucional". Ahora, un grupo del Poder Judicial teme que Bolaños coja la batuta para cambiar las mayorías del CGPJ y que el presidente Pedro Sánchez se haga con mayoría progresista en el órgano.

Los 16 integrantes actuales del CGPJ tienen el mandato caducado desde 2018 y van camino de cumplir un segundo mandato completo que no les correspondía. Algo inaudito en la historia del órgano que ha hecho de oposición a las reformas de Sánchez en materia de Justicia como, por ejemplo, el cambio en la Ley del Poder Judicial que les laminó las funciones de nombramiento en las cúpulas de tribunales; o como la propia ley de amnistía a la que se han opuesto en un comunicado en el que advierten de que la separación de poderes está en riesgo.

A pocos se les escapa que antes de que acabe esta Legislatura, el presidente quiere solucionar el asunto del CGPJ y hay nulas esperanzas en que lo haga de la mano del Partido Popular. El propio Bolaños contestó en una carta el pasado 8 de noviembre al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que el problema del bloqueo institucional eran "las excusas" que había puesto el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo. "En este tiempo, se han sumado otras 9 excusas, haciendo un total de 28. Adjunto y remito el listado actualizado para su conocimiento. Por ello, le agradecería que se dirigiera al Partido Popular con el fin de intentar que este partido cumpla, al final, la Constitución española", decía la misiva.

Ante esta evidente ruptura de las relaciones, el futuro puede pasar por una reforma legislativa que pone los pelos de punta en el sector conservador del CGPJ. Distintas voces ven el hecho de que el hombre de confianza de Sánchez vaya a portar el maletín de Justicia como una mala señal en lo que a la independencia judicial se refiere.

Sin el PP en la ecuación, la única solución pasaría por rebajar las mayorías y mover el trámite parlamentario para que sea el Congreso y no el Senado el que designe a los 12 de los 20 vocales. Si los 12 jueces y magistrados quedan en manos de la mayoría de la investidura todos podrían ser progresistas y esto conformaría un CGPJ totalmente distinto y remando en favor de Sánchez como ha logrado que ocurra en el Tribunal Constitucional.

A pesar de que el reclamo de la mayoría de la carrera pasa porque sean los jueces los que elijan a sus pares y de que Europa también ha dado cuenta de que esa es la mejor fórmula, el nuevo ministro de Justicia no ha avalado nunca esta opción. "En un Estado de Derecho, en una democracia ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos porque son poder del Estado", expuso Bolaños en una entrevista en la Cadena SER.

A él le encomendó Sánchez la tarea de renovar el órgano cuando Feijóo llegó a la jefatura de los 'populares' y las conversaciones con Esteban González-Pons estuvieron a punto de terminar en fumata blanca. Sin embargo, el borrado del delito de sedición en el Código Penal y el abaratamiento de la malversación dio al traste con todo.

Un CGPJ renovado de forma parcial

Con estos mimbres, el temor de un cambio en la forma de elegir el CGPJ ha impregnado en la carrera. Lo cierto es que la Carta Magna sólo blinda la elección de ocho de los 20 vocales, los que son juristas de reconocido prestigio. "Cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas", establece el artículo 122 de la Constitución. Esta parte es inamovible y Sánchez no podría tocarla.

Así, la renovación en ningún caso podrá ser completa si no se cuenta con el PP. Se trataría de una costura parcial, en la que Gobierno tendría que aceptar que los ocho juristas que componen actualmente el órgano (en realidad, siete porque una renunció hace meses) se quedarán en sus cargos. Estos serían los conservadores Vicente Guilarte, Ángeles Carmona, José María Macías, Nuria Abad y los progresistas Álvaro Cuesta, Enrique Lucas y Pilar Sepúlveda. La abogada Concepción Sáez, que en su momento fue elegida por Izquierda Unida, dejó su silla en un intento de ser el revulsivo para la renovación del CGPJ.

La clave, por tanto, estaría en la elección de los doce jueces de los que la Constitución habla así: "El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica". Se entiende pues que la ley orgánica que ahora reza "cada una de las cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros" a los vocales, podría modificarse sin reproche constitucional. Algo que, sin embargo, hace saltar todas las alarmas en la carrera porque consideran que es un ataque total a la separación de poderes.

El propio Tribunal Constitucional dejó algunas pistas en una sentencia reciente: "En cuanto al modo de renovación del CGPJ, si parcial o general, nada dice al respecto el artículo 122.3 CE, lo que significa que la renovación en su integridad del CGPJ es una opción legítima del legislador orgánico -es, de hecho, la fórmula por la que ha optado el legislador desde el principio-, no siendo inconcebible algún sistema de renovación del órgano por partes". 

Para distintos miembros del CGPJ este añadido no es casual porque nada lo es en el tribunal que dirige Cándido Conde-Pumpido y temen que detrás de esas letras pueda esconderse la intención del Gobierno.

Vocales del sector progresista explican a este medio que no consideran esta una opción descabellada. Creen que el Gobierno podría rebajar la mayoría de tres quintos para establecer una mayoría absoluta (con los votos de la investidura) que se designara por completo en la cámara baja. Esgrimen que, de ser así, la lista actual con 50 jueces que se escribió en 2018 cuando iba a producirse la renovación en tiempo y forma podría valer ahora y 12 togados entrarían en un Consejo que pasaría a ser "nuevo". De darse todas estas condiciones, el CGPJ recuperaría todas las funciones y podría volver a nombrar el total de 84 vacantes que tiene pendiente.

El escenario del bloqueo también se complicaría porque el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, está a unos meses de jubilarse y se abriría un nuevo melón en una nueva situación sin precedentes.

Las voces consultadas sospechan que Sánchez ha escogido a Bolaños para ponerse al frente de esta maniobra, además de para liderar la portavocía en su cartera de todo lo que tenga que ver con la amnistía. Aunque avanzan, eso sí, que si se acomete la rebaja de las mayorías para el Poder Judicial, el ministro se encontrará con el rechazo frontal de la carrera.