La ley de amnistía que inicia su andadura parlamentaria este martes se compone de 6 artículos, divididos en tres grandes títulos, dos disposiciones adicionales y una disposición final y, a grandes rasgos, plantea la exoneración de "los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos". Es decir, borra de un plumazo una década de independentismo.

Fechas

La proposición de ley que este lunes registró en solitario el PSOE en el Congreso incluye en su margen temporal los delitos desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad. Este lapso agrega tanto la consulta del 9 de noviembre de 2014 que se dio bajo el ala del expresidente catalán Artur Más; como el reférendum ilegal del 1 de octubre de 2017 bajo la batuta de Carles Puigdemont; así como los disturbios tras la sentencia condenatoria del ‘procés’ en 2019. 

Incluso algo más porque el texto detalla: "Los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023 también se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha"

Delitos

Desde usurpaciones de funciones públicas, pasando por la malversación (el principal por el que están condenados los líderes del procés, después de que el Gobierno eliminara del Código Penal la sedición), desobediencia, desórdenes públicos, prevaricación, atentado contra la autoridad, etc. Los problemas judiciales se borrarán en cualquier jurisdicción, se elimina la responsabilidad "penal, administrativa o contable".

El perdón no sólo se extiende a la organización y la celebración de la consulta y el referéndum, sino que también incluye otros “posibles ilícitos que guardan profunda conexión con los mismos”, en referencia a todos los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta, la celebración etc.

Personas

Los datos difieren según a quién se pregunte. En el PSOE se ha alardeado de una cifra bastante concreta, algo más de 300 personas. Pero en los círculos de ERC la apuesta se eleva a más del doble, unos 1.500 beneficiarios del perdón total. Así lo expresó, por ejemplo, uno de los redactores de la ley, el jurista Joan Ridao en una entrevista en El Independiente.

Lo que está claro es que es un traje a medida para que los líderes políticos responsables del 1-0 que fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo queden exonerados. Tanto Oriol Junqueras como Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart; así como los que se fugaron y no fueron juzgados como el propio expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Qué excluye la ley

La norma excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en las directivas europeas, que abarcan desde atentados mortales a la fabricación de explosivos, así como los de torturas graves. Quedan excluidos también los actos dolosos que hayan provocado una muerte, la pérdida de un miembro, un órgano o un sentido, o impotencia, esterilidad o una grave deformidad. Ninguno de estos casos era una causa por la que hubiera un procesado independentista.

También está por ver si el terrorismo del que se acusa a Puigdemont, entre otros, en la causa de Tsunami Democràtic queda al margen. No es descartable que en la fase de enmiendas se introduzcan ajustes para reforzar este punto.

Aplicación de urgencia

Una vez el texto se publique en el BOE (tras su tramitación Parlamentaria) llegará el turno de los jueces. Entra en vigor el mismo día de su publicación y desde entonces existe un margen de dos meses como máximo para todas las sentencias de condonación. La ley establece el "carácter preferente y urgente" de todas estas resoluciones por lo que los togados tendrán que poner estas causas encima de todas las demás que estén estudiando.

Se ordenará la inmediata excarcelación de todas las personas que se hallen en prisión y bien la Fiscalía o las partes o bien los jueces de oficio tendrán que impulsar la revisión de todos los procedimientos. Eso sí, no se podrá aceptar el pago de indemnizaciones a los que resulten amnistiados tras haber estado en la cárcel.