El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, está estudiando un mecanismo para afrontar las recusaciones en el órgano en vísperas de la aprobación de la ley de la amnistía. Después de que llegaran varios recursos sobre la medida de gracia a finales de noviembre y los magistrados dieran respuestas dispares a este proceso, el jefe del órgano está buscando una vía para "homogeneizar" este tipo de actuaciones y lograr así adelantarse a la avalancha de reprobaciones que se esperan cuando el Congreso apruebe la medida, según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente.

Conde-Pumpido busca cómo solventar los incidentes que puedan derivarse de recursos mal hechos, es decir, de aquellos que no reúnan requisitos procesales mínimos para ser admitidos a trámite y que, sin embargo, lleven la petición de apartar a un magistrado que sea necesario resolver antes en el pleno (en el que se reúnen todos los miembros del Constitucional). La intención es "conseguir que el pleno pueda dedicar su tiempo a resolver los múltiples asuntos relevantes pendientes, sin agotar su dedicación en resolver recusaciones o solicitudes de abstención incluidas en recursos abocados a la inmediata inadmisión", explican distintas voces.

Las causas de abstención de los jueces están detalladamente recogidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e implica que, por ejemplo, si un miembro del tribunal tiene un vínculo matrimonial o parentesco con cualquier parte debe apartarse de ese asunto; haber sido defensor judicial; estar o haber sido denunciado por alguno de los recurrentes; tener amistad íntima o enemistad manifiesta; tener interés directo o indirecto y algunas otras razones son suficiente para que los implicados tengan derecho a que otra persona enjuicie sus asuntos. Estos criterios no pueden ser modificados dentro del Tribunal, pero sí la forma en la que se tramita esa abstención, indican los consultados.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional atribuye al pleno la competencia para resolver las recusaciones [artículo 10], el "problema" no son los legítimos intentos de apartar a un togado, dicen fuentes del órgano, sino los que formulan "múltiples recurrentes espontáneos carentes de legitimación, politizados y apoyados exclusivamente en informaciones mediáticas". Recurrentes que acuden "sin legitimación" o "en recursos prematuros, irrelevantes y destinados al archivo pero que perturban mucho la buena marcha del tribunal", explican, "máxime si incluyen recusaciones infundadas que exigen dedicación y horas de trabajo" para resolverlas.

Otra fuente añade, además, que la ley permite en otros tribunales el recambio de unos togados por otros y esto no es posible en el garante de la Carta Magna. Sobre el Tribunal Supremo, la ley del Poder Judicial plasma que "los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quien corresponda".

Las fuentes en el órgano de garantías subrayan que ellos no pueden ser sustituidos porque el Constitucional se compone únicamente de 12 miembros y no hay más en la recámara. Si sale uno del pleno, nadie puede ocupar su lugar y esto puede plantear problemas incluso de quórum llegado el caso para lograr los votos suficientes en una sentencia.

De lo que se trata ahora es, por tanto, de "preparar un informe sobre el procedimiento de respuesta" a todas estas recusaciones de forma uniforme, revela una de las fuentes que confiesa que esperan una avalancha una vez el Parlamento dé luz verde a la amnistía.

Respuestas dispares

A finales de noviembre el Tribunal ya recibió varios recursos contra la ley de amnistía, que todavía no está ni siquiera aprobada en el Congreso, tanto de ciudadanos particulares como de una asociación sobre la memoria histórica. Como informó este medio, el exministro de Justicia y actual magistrado Juan Carlos Campo firmó una petición para abstenerse de forma voluntaria de estos asuntos, si bien ésta todavía no se ha debatido en pleno.

Los recursos no tenían ningún viso de prosperar porque procesalmente los recurrentes no tenían legitimación activa para recurrir en ese momento, pero abrir el melón de las abstenciones generó preocupación en el órgano, según reconocen allí.

La respuesta fue desigual. Cuando la sección segunda contestó que la magistrada Laura Díez y Pumpido no formaba parte de esa sección, los recurrentes quisieron entonces apartar a María Luisa Balaguer y a Ramón Sáez. Y aunque todo se trataba de un "disparate" procesal, explican dichas voces, la necesidad de abordar un procedimiento uniforme en el que se posen las recusaciones se hizo aún más evidente.

Hasta ahora, se nombra a un ponente, al magistrado recusado se le notifica por si quiere apartarse directamente y éste no forma parte del pleno que toma la decisión final. Pero si se empieza a solicitar que dé un paso a un lado cada miembro del Tribunal habrá un problema, vaticinan algunos. "Prevemos que con el tema de la amnistía haya muchas de estas peticiones", explica un togado. Por eso, es importante "homogeneizar para que siempre haya una respuesta".

Así las cosas, una de las ideas que está encima de la mesa es que las propias Salas desechen todas aquellas recusaciones que no tengan base, que no estén bien formuladas o que se planteen sin sustento.

Las fuentes consultadas reseñan que los letrados del órgano están estudiando qué mecanismos se pueden seguir y en las próximas semanas el tribunal abordará este asunto.