Junts está tratando de agrandar la amnistía para que abarque también al expresidente de Cataluña Jordi Pujol y no dejar fuera algunos flecos del Tribunal de Cuentas. De esta forma, ha pedido en la amnistía a la ley añadir meses en los márgenes del perdón --antes iba del 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023-- de forma que ahora se inicie el 1 de noviembre de 2011. La importancia de esta nueva fecha recae en que el 'caso Pujol' se inició a principios de 2012 en la Audiencia Nacional, por lo que si se pactara esta redacción la familia Pujol quedaría sin condena de forma más evidente.

El partido de Carles Puigdemont exigía ya en la negociación con el PSOE que la medida afectara también a los Pujol, como contó El Independiente, si bien han presentado esta enmienda en solitario y las fuentes del Gobierno consultadas remarcan que si no está pactado no saldrá adelante. La justificación que han añadido dice que alargar el margen temporal es una "mejora la técnica por la que se amplía el ámbito objetivo de la amnistía [...] para incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el reférendum del 1 de octubre de 2017".

Para apuntalar las enmiendas, la formación independentista ha promovido igualmente reformar el artículo 1 relacionado con el "ámbito objetivo" de la amnistía. Así reforman un párrafo en el que podría insertarse lo relativo a la conocida como 'policía patriótica' que se encargó, supuestamente, de desarrollar la 'operación Cataluña' con el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino a la cabeza.

De esta forma se refieren al 'lawfare' sin citarlo. La ley que propuso el PSOE decía que se amnistiaban "los actos vinculados directa o indirectamente al proceso independentista", ahora Junts propone que se cambie por "realizados o atribuidos a" y añaden "las atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito". Lo cierto es que todavía el 'caso Pujol' está todavía a la espera de juicio y, por tanto, no está esclarecido en sentencia firme cómo se enriqueció la familia.

Los de Puigdemont argumentan que "con el redactado propuesto, se evita que el alcance de los efectos de la presente ley pueda verse limitado por interpretaciones judiciales que, en base a una concepción del interés general que difiere de la del legislador, excluyan, de forma incongruente con la finalidad de la ley de amnistía determinadas conductas que deben quedar encuadradas en su ámbito objetivo". Las fuentes jurídicas consultadas no tienen dudas de que el expresidente de la Generalitat Pujol tratará de desmontar su causa utilizando este resquicio (de quedar aprobado) a pesar de las dudas sobre el "incremento patrimonial" de su investigación.

Igualmente, el hecho de introducir este abanico temporal da óxigeno para el independentismo en el caso del Tribunal de Cuentas que ha fiscalizado desde 2011.

Cuestión prejudicial

El partido independentista ha solicitado que se alcen las medidas cautelares no sólo cuando se plantee un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley ante el Tribunal Constitucional, sino también "cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Con este movimiento quieren conseguir que cualquier orden de detención que pueda estar vigente contra el expresidente catalán Carles Puigdemont decaiga de forma inmediata, incluso aunque los jueces acudan a Luxemburgo. Junts dice que es "necesario para reforzar la constitucionalidad del precepto".