El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha prorrogado seis meses más la investigación de 'Tsunami Democràtic', a las puertas del día que el Congreso votará la ley de amnistía. El magistrado dice que faltan diligencias por practicar y que los instigadores de la plataforma que organizó las protestas tras la sentencia del procés tenían como finalidad "subvertir el orden constitucional".

En un escrito de este mismo lunes, el magistrado rechaza que haya habido un fallo de plazos como alegaba el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Josep Lluís Alay, y, por lo tanto, que toda la investigación pueda anularse. Ahora, indica, las pesquisas deben seguir su curso al menos hasta el 29 de julio.

Para él no hay duda de que la plataforma fue furto de una organización estructurada, jerarquizada, con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos y con el objetivo de desestabilizar política y económicamente el estado mediante la movilización social masiva.

El fiscal, en cambio, opina muy distinto y no cree que hubiera tal planificación, sino que se trataron de algaravías expontáneas por lo que su recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es uno de los flecos que están pendientes.

Además, faltan todavía la contestación de las peticiones de información que se ha solcitado a Suiza para indagar en la financiación. Recuerda que otras peticiones han requerido la ayuda de Estados Unidos, Suiza, Canadá y Países Bajos y, por eso, la instrucción se ha alargado.

Falta por contestar, igualmente, la petición a Francia para tomar declaración a los familiares del fallecido en el aeropuerto de Barcelona por un infarto el día que los manifestantes bloquearon el edificio.

Convenio internacional

Además, el togado insiste en la línea del terrorismo y cita, esta vez, hasta tres convenios internacionales distintos para apuntalar su tesis. Uno de ellos, el Convenio Internacional para la Representación de la Financiación del Terrorismo que se firmó en Nueva York el 9 de diciembre de 1993.

También cita el artículo 1 del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo y remarca que en sus anexos se contemplan dos convenios más. Uno relativo a los actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

Y otro que es el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, adoptado en Montreal el 24 de febrero de 1988.

Con todo, trata de construir el relato del terrorismo para que la amnistía no pueda blindar a los investigados en esta causa, entre los que se encuentran el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la que fuera secretaria general de ERC Marta Rovira y otra decena de independentistas.