El programa electoral del Partido Socialista de Cataluña (PSC) propone la "desconcentración del Poder Judicial", una alternativa que podría vaciar de contenido las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la creación de un consejo territorial que controlara los nombramientos de sus propios jueces. Fuentes del CGPJ desaprueban esta idea que, si bien es antigua, temen que esta vez pueda llevarse a cabo y que sea el anticipo de la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nivel nacional.

El manifiesto con el que se presentó Salvador Illa a las elecciones catalanas contiene en el séptimo punto sobre el bon govern una propuesta que ha pasado desapercibida en campaña electoral, pero que supone un cambio sustancial en el modelo de Justicia en pleno debate sobre la amnistía.

"Se propone la modificación de la LOPJ [Ley Orgánica del Poder Judicial] por prever la posibilidad de establecer órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial, que en el caso de Cataluña podría tomar la forma del Consejo de Justicia de Cataluña previsto en el Estatut, así como para incorporar la habilitación de las autonomías para poder elegir a jueces y magistrados y para prever la presidencia de este órgano por parte del presidente o presidenta del TSJC [Tribunal Superior de Justicia de Cataluña]. En cuanto a la incorporación de los fiscales a este órgano desconcentrado, debería modificarse la Ley del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal", dice el documento del PSC.

Lo cierto es que aunque el Estatuto de Cataluña ya contempló la creación de este órgano autónomo --siempre supeditado al Consejo central--, nunca se ha llevado a término y es una idea que no gusta nada en el seno del Poder Judicial. El hecho de que Illa lo haya incluido ahora en su propuesta de actuación política es, para alguno de los consultados, un salto cualitativo en las intenciones de los socialistas que llevan desde 2018 tratando de desencallar, sin éxito, el pacto con el PP para la renovación de los 20 vocales del CGPJ.

"Lo llevan persiguiendo desde la Constitución de 1978 y al final lo conseguirán", dice una fuente del órgano. En el programa electoral de Illa en 2021 esta referencia a la descentralización de la Justicia no se hizo. En ese caso, se habló principalmente de mejorar la digitalización, de desjudicializar la política y se hizo una pequeña mención (una línea) sobre reformar el texto constitucional para "la territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial".

"Se trata de controlar la Justicia. Es un cambio total", indican las fuentes mencionadas. Para los miembros del CGPJ el modelo de consejos territoriales es muy peligroso sobre todo en lo que a nombramientos se refiere. "El Parlament de Cataluña decidirá qué jueces ponen en TSJ de Cataluña. Luego le quitarán competencias al Supremo, vaciarán de contenido los recursos de casación...", explican. Según esta visión, los políticos podrían buscar meter mano en las cúpulas judiciales que luego son las que tienen que juzgarlos (como aforados) cuando cometen un delito, para así tratar de lograr su propio beneficio.

El Estatuto catalán lo que proponía es que "los presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" sean "nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña", pero esta participación está por determinar en la Ley que nunca se ha llegado a desarrollar en este sentido. "El Tribunal Constitucional la anuló lo que ocurre es que luego lo han introducido en otros Estatutos autonómicos", indica una voz del Consejo. "Supuestamente está supeditado a lo que digamos nosotros, pero si le das carrete será lo primero. Luego, lo siguiente, será reclutar a los jueces, territorializar las oposiciones...", vaticina otra.

En 2013, en la conocida como 'Declaración de Granada', el PSOE, liderado entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba, aprobó por unanimidad este manifiesto de seis folios que quería reflejar la necesidad de transitar hacia un nuevo pacto territorial. La apuesta de los socialistas ya iba en esa línea. "Proponemos que, con carácter general, los diferentes procesos en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales, deban culminar en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada Comunidad Autónoma y no en el Tribunal Supremo", dejaron por escrito.

"Puede ser conveniente una cierta territorialización de sistema de gobierno del Poder Judicial (respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado), en el sentido apuntado por la dilatada experiencia de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia", reflejaron.

En este sentido, las voces preguntadas por este periódico temen que Sánchez recupere ahora esta idea para tratar de desatascar la renovación del CGPJ sin contar con el partido de Alberto Núñez Feijóo. Sabiendo que la idea de rebajar las mayorías no gusta ni en España ni en Europa, extraer de contenido las funciones del Poder Judicial para repartirlo entre pequeños órganos territoriales puede ser la solución a ojos de los socialistas.

"Los catalanes siempre han tenido en el foco la Justicia, lo que pasa que nunca se les ha hecho caso, pero ahora puede que sí", sospechan. Para algunos el verdadero riesgo está en desacompasar los tribunales de toda España convirtiendo cada autonomía en pequeñas islas de interpretación del Derecho. "Si los jueces de cataluña son catalanes, los del país vasco son vascos... es el principio de la ruptura de la unidad judicial", explican.

Esta propuesta va en cierta consonancia con la que el actual presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, envió al Congreso y al Senado. Él emitió de forma unilateral (a modo de propuesta personal) una misiva en la que ofrecía que los nombramientos quedaran a cargo de los magistrados del Supremo y de una suerte de comité interventor que estuviera compuesto por diferentes profesionales para que primaran los méritos y capacidades y no hubiera intercambio de cromos entre el bloque progresista y el conservador.

Una "ocurrencia" para muchos de los compañeros de mesa de Guilarte que no conciben un cambio de modelo en la forma de proceder del Poder Judicial. El presidente Guilarte volvió a recordar este jueves que rebajar las mayorías para poder designar a los vocales es una idea "aterradora" e invitó al PSOE a no tomar en serio esa propuesta de Podemos. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, siempre ha negado que se vaya a reducir la cuantía de votos para llevar a cabo una renovación en solitario. Pero en el CGPJ ya pocos se fían de algo.