"Delincuente confeso". Son las palabras con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y son las palabras que este miércoles lo conducen a una cita en los juzgados de Madrid. Se trata de un acto de conciliación previo a una querella por presuntas injurias y calumnias que Alberto González Amador (pareja de Ayuso) puede iniciar desde el momento en el que Sánchez no comparezca, como es previsible.

González Amador está siendo investigado por dos fraudes a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021 cuando presuntamente dejó de pagar los impuestos que le correspondían tras una operación monetaria con mascarillas. Sucede que su abogado en ese entonces mandó una carta a la Fiscalía que terminó haciéndose pública y en la que decía que "ciertamente" se habían cometido dos delitos defraudatorios. Esta frase de su letrado valió a distintos miembros del Gobierno para describir a González Amador como un "delincuente confeso", pero lo cierto es que él no se ha declarado culpable ante un juez y a partir de aquí la línea de la injuria y la calumnia es muy fina.

A las 12:30 está citado Sánchez en el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid para un acto de conciliación, pero ni él ni el querellado deben acudir presencialmente. Con sus abogados basta. En juego hay una indemnización de 100.000 euros que el presidente del Gobierno puede tener que pagar.

González Amador considera que estas declaraciones --que también hicieron más miembros del Ejecutivo y periodistas contra los que también está actuando-- vulneran sus derechos fundamentales como ciudadano. La pareja de Ayuso ha emplazado a esta misma conciliación al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aunque todavía no hay fecha. A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también le ocurrió lo mismo. Ella no acudió a los juzgados, así que la demanda por derecho al honor se formalizó y ahora el Tribunal Supremo la ha admitido a trámite.