El fiscal del Supremo Viada: "García Ortiz está utilizando la institución para defenderse y proteger otros intereses"

Salvador Viada Barjadí (Barcelona, 1956) hasta ahora fiscal del Tribunal Supremo ya ha recogido todas sus cosas de su despacho en la calle Fortuny (Madrid). Hace apenas dos semanas que forma parte de la bolsa de jubilados de este país, pero en sus últimos años ha compartido edificio con distintos fiscales general del Estado con los que ha sido muy combativo. Como presidente de su asociación --la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- logró por primera vez un asiento en el Consejo fiscal que vota toda la carrera las pasadas elecciones. Se va con el amargo sabor de no haber conseguido todo lo que quería, pero con la conciencia tranquila tras más de 40 años de profesión.

Pregunta: Ahora que tiene la perspectiva completa de quien ha terminado su carrera profesional, ¿Ha cambiado mucho el Ministerio Fiscal desde que entró en el 84 hasta este momento?

Respuesta: Sí, hombre, ha cambiado porque ha cambiado mucho el país. En algunas cosas, mejor y en otras,peor. El Ministerio Fiscal siempre ha tenido un problema porque el diseño constitucional es heredero en sus planteamientos del franquismo. Es decir, el fiscal  dependía del Gobierno en el franquismo y cuando llega la Constitución no se atreve el constituyente a hacer un Ministerio Fiscal separado. Muchos fiscales hemos luchado tratando de llevarlo al ámbito que dice la Constitución del Poder Judicial, pero a la larga el Poder Ejecutivo tiene más fuerza porque tiene el presupuesto, hace los nombramientos, coloca a las personas que les convienen en los puestos adecuados. Eso es lo que ha ido orillando su orientación hacia el gobierno. Eso es lo peor. 

Lo mejor es que tenemos más medios, que se han creado Fiscalías especializadas, hemos adquirido globalmente un compromiso con los derechos fundamentales, con los derechos humanos. Toda esa parcela en el año 84 estaba empezando y ahora eso es importantísimo. 

¿Qué le gustaría ver entonces desde su jubilación para ampliar esa independencia del Ministerio Fiscal?

Requerirá mucho tiempo porque los hábitos que se han metido dentro de la carrera, se han instaurado y hacen que muchos asuman como natural lo que lo es. Es decir, que te den una instrucción, una orden y la aceptes en silencio, sin problemas, que nombren a un patán de fiscal jefe y que tú lo aceptes sin ningún problema, que se posterguen los méritos de otros y lo aceptes sin ningún problema o que no haya baremos de ningún tipo para ningún puesto de promoción profesional y hacer sin ningún problema. 

¿Qué haría falta? Primero, tiempo. Cambiar los hábitos, empezar a considerar el Ministerio Fiscal como una pieza esencial del Estado de Derecho, que esto es muy importante. El estado de derecho es una manera de organizar el Estado para evitar determinados problemas, fundamentalmente la arbitrariedad del poder. Entonces, hay que respetar la
separación de poderes. A mí lo que me gustaría ver es un despegue del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno y eso hay que hacerlo, yo creo, desde un compromiso colectivo que no hay ahora y tal vez desde una modificación del nombramiento del fiscal general del Estado.

¿Y cómo sería ese nombramiento?

Una mayoría cualificada en el Congreso propusiera una terna al Gobierno. Lo del Gobierno no lo puedes cambiar, pero si el Parlamento a través de una mayoría cualificada como el Defensor del Pueblo, hace una propuesta de tres o cuatro candidatos o candidatas. El Gobierno designa al que sea, pero ya viene respaldado por el Parlamento. Lo que no puede ser es que venga un fiscal general del Estado enemigo de la mitad de la cámara. 

En estos años de diferentes gobiernos podría decirnos a su juicio, cuál ha sido el mejor ministro de Justicia...

Hace ya tantos años que yo no sé si lo vería ahora igual, pero siempre he guardado un gran recuerdo de Enrique Múgica. Fue un gran ministro de Justicia desde mi punto de vista. Fue un hombre que venía del PSOE, pero que tenía una sensibilidad respecto de dónde no debía meterse y yo creo que fue un buen ministro de justicia. El nivel no ha sido muy alto, pero yo diría que entre todos los que yo puedo recordar Múgica. Y fiscales generales de Estado diría Carlos Granados que era un magistrado del Tribunal, Supremo, que un fue un fiscal general muy espléndido y Carlos Juan César Ortiz pudo haber sido un buen fiscal general de Estado, pero no tuvo tiempo porque tuvo unas confrontaciones con el gobierno inmediatas y entonces lo cesaron, en aquel tiempo lo podían cesar. 

Se dice mucho eso de que los fiscales cargan con el peso de los favores que se deben entre ellos por el tema de los nombramientos y los ascensos. Ahora que usted formaba parte del Consejo Fiscal donde se realizan estas elecciones ¿Recibe muchas peticiones de favores o incluso presiones? 

Piense que yo en el Consejo Fiscal era uno solo. Además, defiendo una cosa que no defiende nadie. Lo que hago es que luego traslado a la carrera lo que yo creo que está mal. El tema de los nombramientos no está bien. No está bien por el fiscal del Estado en general, el de ahora y los anteriores, porque se consideran que ellos tienen total libertad para nombrar a quien les dé la gana porque como no hay baremos. El de ahora, incluso, se ha inventado una nueva teoría que es la de que, además del mérito y la capacidad que son los criterios constitucionales para la promoción profesional, existen equilibrios, que no explica cuáles son, y escribe necesidades de la Fiscalía, que tampoco explica cuáles son para elegir a quien quiere. Claro, sobre esos desequilibrios y esas necesidades hace lo que le da la gana y hace auténticas… en fin, no quiero calificarlo, pero cosas que no están bien. 

Esto lo hace además respaldado por la asociación suya, la Unión Progresista de Fiscales.  Pero si vas al otro lado [la Asociación de Fiscales] te encuentras con que cuando llega el momento de las votaciones se inclinan en muchísimas ocasiones por los suyos. Uno se imagina que cuando llegue el PP y gobierne un fiscal general de Estado nombrado por el PP, la Asociación de Fiscales tendrá la mayoría y por lo tanto podrá hacer lo que está haciendo ahora. Entonces, todo esto no está bien. Hay que empezar a objetivar los nombramientos, ya que hemos visto que la subjetividad lleva a la arbitrariedad. Se han destrozado carreras profesionales, y además desmotivan, a consecuencia de esta política ridícula de nombramientos que se está llevando. 

Esto deriva, claro, que llega un fiscal general Estado ideologizado, está sostenido desde dentro de la carrera por una asociación afín y consideran que bueno, pues vamos a mantener la cohesión interna de los nuestros a través de nombramientos que nos gusten a nosotros y le guste al gobierno. El Ministerio Fiscal no puede funcionar así. 

¿Cómo fue su último consejo?

Bueno fue frío, fue frío. Nos despedimos todos de los compañeros, la teniente fiscal [María Ángeles Sánchez Conde] tuvo unas palabras amables hacia mí… Tenemos una buena relación desde hace muchas décadas, entonces estuvo muy cariñosa y ya está. Fue un consejo fiscal sin demasiada controversia, además fue corto. 

Y bueno, yo en esa trayectoria, que siempre uno quiere ir al Consejo Fiscal para defender sus ideas, lo que lamento es no poder haber ayudado a modificar nada esencial, porque he llevado principios, he llevado ideas, he llevado cosas que podrían haber cambiado o empezado a cambiar un poco la institución porque son las que hacen falta, pero no ha habido eco fundamentalmente por el fiscal general del Estado, pero en realidad tampoco es que había habido un clamor cuando yo hablaba de algunas cosas entre todos los demás vocales. Estaba muchas veces en una posición de bastante aislamiento. 

¿En España existe ‘lawfare’?

Bueno, el ‘lawfare’ entendido como la intención de combatir judicialmente ideas políticas yo creo que no porque eso es prevaricación y yo no creo que los jueces prevariquen. Pero hay cosas que son malas, que es cuando los políticos eligen a jueces o a fiscales en atención a su afinidad o complicidad ideológica. Y te encuentras con que el juez o el fiscal no es que actúe en perjuicio del contrario porque quiere hacerlo así, sino porque lo ve así. Él ve que la ley hay que interpretarla en el sentido ideológico suyo. Además, lo anuncian antes de que les nombren. Ellos lo escriben en un sentido ideológico particular que coincide con el que te nombran. Claro, eso te encuentras con que al final pues hay jueces y fiscales que actúan con criterios de afinidad política. No tanto porque se lo digan, que yo no creo que se lo diga a nadie, sino porque le sale dentro, porque los han elegido entre los suyos. Ese es un enorme problema porque es todavía peor: no es que te digan lo que tienen que hacer es que vienes aprendido de casa. Imagínense a Bolaños el día menos pensado lo mandan magistrado al Tribunal Constitucional. 

Te encuentras con que los organismos más importantes empiezan a funcionar por criterios que mucha gente no entiende, que son criterios políticos y los tribunales tienen que erradicar la política en sus decisiones. No puede ser que se les perciba así, pero se les percibe así. No es tanto ‘lawfare’. El ‘lawfare’ es muy fácil resumirlo como insultar a los jueces. La palabra es como un desahogo de quienes no les gustan las resoluciones judiciales y lo hacen así. Lo que hay que arreglar es el problema. Y el problema es el que no se quiere arreglar, al revés, se quiere corregir las determinadas tendencias que hay ahora cambiándolas por los ideologizados del otro signo. 

¿Qué habría que hacer con las acusaciones populares? 

Dejarlas como están. En tanto el Ministerio Fiscal no sea un órgano percibido como imparcial, dejarlas como están,. Esto de la acusación popular surge en el fondo como desconfianza al funcionamiento como acusación del fiscal. Si hay una deficiencia por el Ministerio Fiscal, por su afinidad política, pues entonces dejemos que los ciudadanos empiecen a funcionar. Yo de momento la dejaría como está ahora.

¿Y las asociaciones de jueces y de fiscales, que algunas se han personado como acusación popular en asuntos mediáticos como la suya [la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales -APIF], no están politizadas?

Hay algunas que sí y otras que no. Si se refiere a la mía, no, en absoluto. Nosotros tuvimos una crisis interna en la asociación hace unos años. Yo era el presidente entonces, tremenda, porque teníamos una línea durísima contra Consuelo Madrigal [exfiscal general del Estado], durísima. Ahora me llevo muy bien con ella, pero en aquel tiempo no. Entonces hubo gente dentro que decía: "Esto es personal, esto no puede ser eh una crítica, ¿no?".  Y es que lo estaba haciendo fatal desde nuestro punto de vista como fiscal general. Es decir, que para nosotros la política está fuera, cada uno piensa lo que piensa, pero nosotros no hablamos de política. Hablamos de independencia, de imparcialidad, de cambiar el sistema, de potenciar ese tipo de valores. 

Ahora hay otras que sí hay otras que se vinculan de alguna manera a través pues de afinidades, de reuniones y poco a poco se van creando vínculos y cuando llega el momento de las de los nombramientos pues se eligen unos y a otros. Piense que nosotros no hemos tenido un nombramiento discrecional nunca. Nunca. O sea, yo estaba en el Supremo, pero entré de antes de la de estar en la APIF. 

Decía en alguna entrevista anterior que le consta que la judicatura existe un gran descontento ahora mismo. ¿Qué está pasando?

Estamos viviendo unos tiempos en los que la sensación de valores que teníamos asumidos como claves, la independencia del Poder Judicial… Ese tipo de cosas, se insulta ahora a los jueces en el Parlamento y no pasa nada, usted me ha preguntado hace un momentito por el ‘lawfare’, entonces esa sensación de que uno de los pilares básicos del estado de derecho, que es la Justicia está siendo sometido a un estrés, viéndonos como adversarios de los políticos, cuando en realidad tenemos que ser controladores de la actuación política. 

La complicidad con los políticos es lo contrario que tiene que ser un juez. Tiene que estar del lado de la Ley y si tiene que dar la razón al débil, tiene que hacerlo frente al poderoso. Esa es la clave del estado de derecho. Entonces, si esto se resquebraja muchos jueces y muchos fiscales nos sentimos muy incómodos. Yo pienso con los ataques que sufren algunos jueces o los que sufrieron los del procés hace 20 años no hubieran podido pasar. 

Su asociación recurrió el nombramiento del fiscal general después de que el Tribunal Supremo censurara el ascenso que hizo García Ortiz a Dolores Delgado y de que el CGPJ lo declarara no idóneo, pero perdieron esa demanda. ¿Qué le parece? ¿Qué lectura hace de esta resolución?

Antes de empezar ya sabíamos que era una demanda muy difícil, o sea, no es que lo tuviéramos ganado. El Gobierno, según la Constitución, tiene derecho a nombrar al fiscal general del Estado, siempre que concurran unas cualidades. Nosotros lo que cuestionamos de alguna manera es esa libertad del Gobierno. El debate era ese, limitar o no la capacidad del Ejecutivo de hacer un nombramiento tan importante como el fiscal general del Estado. 

La sentencia lo que viene a decir es que no está acreditado lo que nosotros decimos, es decir, que no era idóneo para ser fiscal general del Estado. A mí me parece que es suficiente que el Tribunal Supremo hubiera dicho que había incurrido en desviación de poder, pero además el Consejo General del Poder Judicial por primera vez dice que no es idóneo, pues haría falta quizá una explicación mayor por parte del Gobierno para nombrarlo, pero no hubo motivación alguna tampoco.

Era un recurso muy difícil. Nosotros creíamos que era viable, pero los recursos los pierdes si no consigues trasladar al tribunal tu idea.Yo creo que hubiera ayudado al Estado derecho, una resolución diciendo que el Gobierno tiene que tener unos límites a la hora de nombrar un fiscal general del Estado, pero bueno tampoco vamos a estar dándonos latigazos.

Desde la APIF se han personado en la causa penal por la que el fiscal general está imputado. ¿Cree que García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos? 

Bueno, yo creo que eso no debo decirlo yo. Eso está siendo investigado. Veremos qué dicen las pruebas. 

¿Y tiene alguna teoría sobre cómo se produjeron los hechos a la luz de lo que está saliendo en el sumario? 

Sí, tengo una teoría, pero no la voy a decir. El fiscal general de Estado tiene el derecho a la presión de inocencia y entonces claro ni desde dentro de la carrera ni desde fuera yo voy a combatir la presión de inocencia. Ahora, indicios hay. Bueno, pues lo que diga el Supremo.  Tiene ahí unas rogatorias que están pendientes de que vengan, los documentos que borró el fiscal general del Estado y veremos lo que sale de ahí.

¿Usted como fiscal hubiera apoyado una entrada y registro con un volcado de teléfono y correo a un despacho por un delito de revelación de secreto? 

Yo sí, yo lo hubiera apoyado porque es que no hay otra manera de descubrirlo.El juez del Tribunal Superior de Justicia solicitó al fiscal general, a la Fiscalía, que aportara todos los documentos que tenían y no aportaron nada y luego sabemos que lo ha borrado todo.  El delito de revelación de secretos no es un delito menor está castigado con una pena de 2 a 4 años. Son datos que afectan a la privacidad de un particular como funcionario público. 

Ha habido intensos debates no solo en el mundo jurídico, sino también en el nuestro, en el periodístico, con la famosa nota de prensa que se emitió desde la Fiscalía ¿Dónde pondría usted la línea sobre el derecho a la información  y la intimidad del propio afectado en el procedimiento?

La intimidad es fundamental. Un dato que afecta a la intimidad de una persona, que yo conozco en el ejercicio de mis funciones, no puedo ponerlo sobre la mesa en un comunicado público mío. Hay maneras de desmentir cualquier información sin necesidad de poner esos datos. El límite es lo que dice la Ley.

Usted ha dicho ya en varias ocasiones que García Ortiz debería de dimitir ¿Qué le parece el argumento que él utiliza que dice que si dimitiera sería como ceder ante un acusado, como desproteger de alguna manera al resto de fiscales? 

Bueno, podría decir que él no dimite porque hoy ha salido cara y ha salido que no es cara. Lo jugué a la moneda y si sale cara dimito y si sale cruz no dimito. Ese es un argumento muy simple porque él es fiscal general del Estado no el fiscal del caso del novio de la señora Ayuso. Venirme con la historia de que aquí me va a vencer un individuo… Lo que está utilizando es la institución para defenderse él y para proteger otros intereses. 

Eso no puede ser, la institución está por encima de él. Que luego sale culpable, pues habríamos tenido a un fiscal general del Estado condenado y que durante mucho tiempo ha estado ejerciendo el fiscal general del Estado con un delito cometido. Que sale absuelto, habrá estado ejerciendo el puesto de fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo por la comisión de un delito. Eso en mi cabeza no cabe y es lo que le hablaba antes de que el sistema está cambiando en los valores. 

El fiscal general del Estado en su declaración dijo que fiscales como Almudena Lastra [fiscal superior de Madrid] sentían desafección por la cúpula fiscal ¿Diría que en la situación actual la Fiscalía está dividida como una especie de bandos entre quién va con García Ortiz y quién no? 

No, cada uno tiene su opinión, pero aquí hablamos todos con todos, no creo que García Ortiz sea la barrera que nos divide unos y otros. Otra de las razones por las cuales García Ortiz tiene que dimitir es que fue capaz de decir en el Tribunal Supremo que su compañera subordinada pues no había dicho la verdad como testigo. Yo a veces he pensado que es casi mejor que siga para que se vaya comprendiendo hasta qué punto el deterioro es grande y que llegue un momento que las cosas cambian. La frustración de ver cómo la institución en la que estás trabajando y la que crees que tiene que ser diferente y mejor, pues se va cada vez peor. 

¿Se jubila porque quiere descansar, porque está harto de trabajar o por las dos cosas? 

No, descansar no porque voy a hacer muchas cosas. Si le digo la verdad, me jubilo por una mezcla de cosas. Voy a cumplir 69 años después del verano y yo creo que ya he cumplido lo que tenía que hacer. Pero luego tengo ilusiones por hacer cosas. Me da pena, claro, porque cómo no te va a dar pena. El otro día en la junta estaba muy emocionado porque los compañeros te tratan con cariño, pero a cada uno le llega su momento y el mío ha llegado ahora.