El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado por tercera vez a la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, esta vez para que se enfrente a un careo con el que fuera subordinado de Félix Bolaños cuando éste trabajaba en el gabinete de Presidencia del Gobierno al inicio de la anterior legislatura. El careo será, por tanto, entre Álvarez y Alfredo González, quien ya declaró como testigo para explicar cómo se había realizado la contratación de la trabajadora cuando Pedro Sánchez llegó al poder. El magistrado indaga en un posible delito de malversación de caudales públicos por el uso de esta asesora para actividades privadas de la esposa del presidente del Ejecutivo.

En la resolución, a la que ha tenido acceso El Independiente, Peinado coloca en la agenda esta cita el próximo 14 de mayo y ese mismo día llama también a Raúl Díaz, otro trabajador de la Moncloa. Esta es la persona que se encargó personalmente de la contratación de Cristina Álvarez, según la declaración que realizó la pasada semana el ministro de Justicia, Presidencia y Relación Con las Cortes, Félix Bolaños.

Bolaños estuvo más de dos horas declarando en el Palacio residencial respondiendo a su cargo de secretario general de Presidenica (cargo que ocupaba en 2018) para explicar cómo se realizaron este tipo de contratos que se ajustaron plenamente a la legalidad, alegó, aunque él no era el encargado de los mismos. El juez Peiando paró dicha declaración, precisamente, para que el ministro pudiera consultar entonces quién era el responsable directo de rubricar dichos fichajes. Bolaños realizó unas llamadas y dio el nombre de Díaz que, recordó, ya constaba en el sumario porque la Moncloa había remitido toda esa documentación.

El núcleo de investigación que ha derivado en todas estas citas gira en torno al papel que Cristina Álvarez juega como asesora de Begoña Gómez. El instructor mantiene investigada a la esposa del presidente del Gobierno por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y usurpación de funciones, si bien en las últimas semanas ha incorporado el de malversación por el papel de Álvarez. En el sumario aparecen correos en los que la asesora se intercambia correspondencia con algunas empresas para que sigan patrocinando el máster que Gómez co-dirigía en la Universidad Complutense y, por ese motivo, las acusaciones populares señalan que se puede haber cometido una ilegalidad.

Así las cosas, Cristina Álvarez acudió primero como testigo para explicar sus funciones y el juez varias semanas después decidió imputarla. Este cambio de figura está recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid porque es abundante la jurisprudencia que prohíbe que un testigo --con obligación a decir la verdad y sin abogado-- se convierta en imputado sin que medie nueva prueba en la investigación.

Ahora, el juez quiere que se enfrente a la declaración de Alfredo González que en su momento contó cómo se hacían este tipo de contrataciones eventuales cada vez que un Gobierno cesaba y se incorporaba otro en la Moncloa. La defensa de Álvarez solicitará una aclaración al instructor porque considera que no hay ninguna contradicción entre lo dicho por González y lo explicado por la asesora como para que ambos tengan que someterse a un careo, según avanzan fuentes jurídicas.