En el Tribunal Supremo nadie duda ya de que el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está a punto de producirse. El juez de la Sala de lo Penal Ángel Luis Hurtado escucha este viernes al novio de Isabel Díaz Ayuso a quien ha citado en calidad de testigo y a petición del propio acusado por un delito de revelación de secretos. Después, el magistrado deberá resolver sobre otro requerimiento reciente de García Ortiz antes de proponer que se siente en el banquillo y se abra una situación inédita (una más) dentro del Ministerio Público.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, acude hoy a declarar por primera vez desde que interpusiera una denuncia hace casi un año por la filtración de documentación que obraba en la investigación que se sigue contra él en los Juzgados de Madrid por un delito contra la Hacienda Pública. González Amador cree que la Fiscalía filtró a la prensa correos internos en los que su abogado revelaba al fiscal que llevaba el caso que "efectivamente" se habían producido dos delitos por evadir impuestos y trataba de llegar a una conformidad.

El juez Hurtado se sitúa también en esta tesis y va a proponer acusar tanto a García Ortiz como a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, que la noche del 13 de marzo cuando ocurrieron la mayor parte de los hechos estuvo en contínuo contacto con la Fiscalía General. Ella, por cierto, ha cambiado de abogado en los últimos días y se ha soltado de la mano de la Abogacía del Estado que era quien hasta ahora la defendía. Ha escogido a un exfiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos, con una amplia trayectoria como abogado para intentar deshacer su imputación o conseguir el archivo de su causa si finalmente ella también es procesada.

Hurtado no veía necesaria la declaración de González Amador, de hecho, y, según fuentes jurídicas, si por él fuera, el caso ya estaría terminado, pero la Sala de Apelación dio la razón al jefe de la Fiscalía y dictó que no veía motivos por el que negarle una petición de este tipo a un investigado. Si García Ortiz quiere interrogar --a través de su defensa-- a la persona que ha interpuesto una denuncia contra él, pues debe hacerse.

Lo previsible es, por tanto, que el peso del interrogatorio lo lleve la Abogacía del Estado, que también defienden al fiscal general desde el principio, y la propia teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.

Una vez terminado este interrogatorio, Hurtado tenía pensado emitir el escrito de procesamiento la próxima semana, pero fuentes jurídicas explican que la decisión puede tardar un poco más, después de que García Ortiz volviera a pedir citar a una serie de periodistas que corroboran su versión de que la filtración pudo salir de la Fiscalía mucho antes de que él tuviera acceso al material filtrado.

El juez debe decidir si escucha a cuatro informadores a quien anteriormente se negó a escuchar, pero que ahora están dispuestos a testificar con una declaración ante notario mediante. Si decidiera hacerlo, el procesamiento del jefe del Ministerio Público podría tardar algunas semanas más.