La exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset propusieron en la famosa reunión del pasado mes de mayo con el fiscal Ignacio Stampa un plan para restituirle en la Fiscalía y le advirtieron de que si colaboraba con ellos, llegado el momento, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haría lo que tenía que hacer, dando a entender que tenían supuesta capacidad de influencia en las altas instancias del Ministerio Público.

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Así lo revela la documentación que forma parte de la investigación contra Díez y que han confirmado fuentes de la misma a El Independiente. El encuentro se produjo el 7 de mayo en el despacho del empresario e ingeniero Luis del Rivero, que hizo de intermediario, y el plan que se puso sobre la mesa pasaba por restituir al fiscal Stampa en sus funciones frente al 'caso Villarejo', a pesar de que él salió hace ya cinco años de la Fiscalía Anticorrupción, que es la que dirige este asunto contra el comisario de Policía José Manuel Villarejo.

La intención, según revelan citadas fuentes, era volver a reactivar la 'Kitchen', la operación urdida por el PP para tapar el dinero negro que se cobraba en el partido, e incorporar en la causa material en una suerte de operación pensada para hacer daño al rival político del Gobierno.

Cabe recordar que esta información encaja con la reunión que Leire Díez también mantuvo con el exsecretario de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy y principal imputado del 'caso Kitchen', Francisco Martínez con quien, como reveló este medio, se citó en dos ocasiones. Fuentes del entorno del 'exnúmero dos' de Interior aseguraron que la exmilitante del PSOE le ofreció un mejor trato de la Fiscalía Anticorrupción de cara al juicio que comienza el próximo año, si él a cambio daba información de las cloacas del PP que pudieran utilizar.

Además, el 'caso Villarejo' es una de las obsesiones del empresario Pérez Dolset que lleva años intentando que se investigue cómo gestó el comisario que da nombre a la causa una operación contra él. Pérez Dolset se siente víctima del espionaje del policía jubilado y asegura tener una asociación con más personas afectadas por el trabajo fuera del Ministerio del Interior que desarrollaba Villarejo.

El empresario desmiente a este medio que la reunión con Stampa fuera para hacer ningún ofrecimiento al fiscal. Según su versión, sí se habló del tema de Villarejo, pero porque él llevaba mucho tiempo queriendo ser recibido por la Fiscalía sin éxito y encontró en la amistad de Del Rivero la oportunidad de poder sentarse cara a cara con el exfiscal del caso y recopilar toda la información posible. Leire Díez también niega cualquier propuesta y asegura que ella se presentó como "periodista". Ni Stampa ni Del Rivero han contestado a las preguntas de este medio.

Documentación de la investigación, sin embargo, señala que la exmilitante socialista dijo literalmente ser "la persona que ha puesto el PSOE a ver qué hay detrás de todo esto" y cuando Stampa le preguntó de "¿todo el qué?", ella contestó: "Las irregularidades de los informes policiales y la Fiscalía Anticorrupción".

Díez y Dolset mostraron su intención de viajar a Tenerife donde vive Miguel Serrano, el otro fiscal que llevó la batuta de la investigación contra Villarejo desde el inicio. La intención era hablar también con él. Stampa preguntó en un punto de la conversación si el fiscal general del Estado conocía este plan, a lo que ellos aseguraron que en ese momento no, pero que "ya sabría lo que tendría que hacer" cuando todo estuviera, de alguna manera, encarrilado, insinuando que alguien le daría indicaciones para restituir a Stampa en el Ministerio fiscal.

La investigación contra Leire Díez comenzó en la Fiscalía de Madrid el pasado 13 de junio cuando la fiscal Superior de la capital, Almudena Lastra, dio la orden de indagar en su actuación. Lo hizo por dos motivos: en primer lugar una dación de cuenta en la que el propio Stampa relataba cómo se había desarrollado esta reunión y ponía a disposición del Ministerio Público una grabación de toda la conversación. En segundo lugar, por la pertinencia de la reapertura de una denuncia que había interpuesto otro fiscal, en este caso el fiscal Anticorrupción José Grinda, por un intento de chantaje que había recibido proveniente en última instancia de Díez.

El asunto quedó judicializado el pasado 24 de julio, cuando la Fiscalía remitió entonces toda la documentación que había acumulado en esas semanas para que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, se hiciera cargo. Este procedió a la imputación de Leire Díez por un supuesto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias y la citó a declarar el próximo 11 de noviembre. No vio, en cambio, conexión entre la denuncia inicial interpuesta por Hazte Oír, basada en otra reunión entre la exmilitante y un imputado en la Audiencia Nacional a quien le ofrecía pactos con la Fiscalía, y las denuncias interpuestas por los fiscales. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid debe decidir.

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