La Fiscalía Europea lleva meses investigando a fondo la contratación del empresario Juan Carlos Barrabés, muy cercano a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por parte de la empresa pública Red.es. La institución europea mantiene bajo el foco la adjudicación de contratos a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la consultora de Barrabés (Innova Next S.L.) y la empresa The Valley Digital. Según ha podido confirmar El Independiente, los fiscales europeos han imputado además de a Barrabés a un alto cargo de Red.es, que depende del Ministerio de Transofrmación Digital que dirige Óscar López.

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Las fuentes de la investigación consultadas explican, asimismo, que a raíz del informe presentado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que advierte de graves irregularidades sobre la adjudicación de los contratos, los fiscales decidirán si amplían el número de imputaciones. Dicho documento pericial señala directamente al director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra que firmó la adjudicación cuando, según el propio perito, se valoraron de forma irregular los criterios subjetivos de la oferta de Barrabés. Los delitos bajo el foco son apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación.

La investigación indaga en tres contratos que ganó la empresa de Barrabés por valor de 10,2 millones de euros. Junto a las ofertas, incluyó dos cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. Los baremos a la hora de puntuar las ogertas dieron un gran peso a las valoraciones subjetivas, justo donde entraron en valor las misivas de la mujer del presidente del Gobierno. La Fiscalía Europea se hizo cargo de parte de la investigación ya que estaban financiados con fondos europeos.

Nuevo informe

En un nuevo informe remitido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -dependiente del Ministerio de Hacienda- se señalan más irregularidades. La principal, que se han borrado metadatos de algunos documentos del concurso público que se llevó Barrabés. Esto conforman una suerte de ADN de cualquier archivo informático, aportando información relevante como dónde y cuándo se crearon o quién los modificó, entre otros.

Debido a la eliminación de esa información esencial, Hacienda señala que "no se dispone de evidencia de que fueran realmente elaborados por las personas que figuran en dichos encabezamientos, ni de que su contenido, ni las puntuaciones que figuran en los mismos respondan a la opinión de los mencionados técnicos que habrían sido quienes examinaron las ofertas".

El informe indaga, especialmente, en la forma en la que se analizaron todas las ofertas. Considera "una actuación discriminatoria que adultera la valoración técnica" en que se tuviesen en cuenta los acuerdos con terceros y las "cartas de apoyo" para valorar las ofertas presentadas, puesto que este elemento no figuraba en los pliegos y evaluarlo perjudicaría a otros licitadores "a los que se ha reducido injusta e ilegalmente" la puntuación.

Hacienda apunta además a que "incumpliendo la ley" se atribuya un 40 % de la valoración a "criterios cuya valoración depende de un juicio de valor", que en los pliegos no figuran criterios objetivos de calidad o que los documentos de los técnicos que valoraron las ofertas carecen de firma y tienen los metadatos borrados, lo que impide tener evidencias de su autoría. El documento habla, incluso, de un posible fraude de ley en el hecho de que no fuera un comité de expertos, sino la mesa de contratación, la que evaluase los criterios subjetivos.

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