Internacional

Los beduinos del Sinaí, los excluidos de la COP27

Un beduino en el paisaje escarpado del Sinaí. FRANCISCO CARRIÓN

Habitan el Sinaí desde hace siglos, mucho antes de que el mapa conociera las fronteras de los países actuales. Y conocen cada palmo de su desierto, su hogar, pero arrastran décadas de marginación a manos del régimen egipcio, reacio a cualquier cooperación con las tribus beduinas. Una exclusión, la de la población autóctona del Sinaí, que perpetúa la Cumbre del Clima de la ONU que se celebra estos días en su territorio, en la ciudad de Sharm el Sheij.

“Aunque mucha gente piense que un evento mundial como la COP27 traerá prosperidad a la población local, lo que ocurre es todo lo contrario”, denuncia a El Independiente el periodista egipcio Mohanad Sabry, autor de un ensayo que indaga en las complejas dinámicas del Sinaí. “Desde principios de octubre, en Sharm el Sheij la seguridad egipcia ha lanzado una rabiosa campaña contra la oposición, los activistas e incluso la gente de a pie, una demostración de fuerza para disuadir a cualquiera de la idea de protestar junto a la COP. Las comunidades beduinas siempre son consideradas por el régimen como ciudadanos inferiores y asociadas a actividades delictivas, por lo que son las más afectadas por estas campañas de seguridad”, agrega.

Las tribus beduinas – con estrechas conexiones con sus clanes de los países vecinos, de Jordania a Arabia Saudí– han sido ignoradas en el desarrollo urbanístico de las principales ciudades turísticas del Sinaí y también en la lucha contra el terrorismo. El norte de la península es cuartel general de varios grupos yihadistas, entre ellos, Wilayat Sinaí, la rama del autodenominado Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés) en suelo egipcio, que desde hace una década ha firmado audaces ataques contra las fuerzas de seguridad egipcias.

La población beduina ha sido objeto de otras graves formas de abuso por parte de las fuerzas gubernamentales y del IS, desde secuestros hasta ejecuciones extrajudiciales y torturas

Décadas de marginación

“El Sinaí lleva décadas sufriendo la marginación oficial y la falta de inversión del gobierno en sus infraestructuras”, lamenta en conversación con este diario Ahmed Salem, de la Fundación Sinaí para los Derechos Humanos. “Desde 2013 las autoridades egipcias, bajo supervisión militar, han desplazado a decenas de miles de personas del norte del Sinaí con el pretexto de erradicar al grupo armado afiliado al Estado Islámico. Han destruido tierras de cultivo e infraestructuras; impuesto restricciones a la circulación de personas y mercancías, lo que ha causado una parálisis económica total, además de que el ejército y la policía, con la ayuda de milicias armadas pro-militares, han detenido arbitrariamente a miles de personas y las han hecho desaparecer por la fuerza. La población ha sido objeto de otras graves formas de abuso por parte de las fuerzas gubernamentales y del IS, desde secuestros hasta ejecuciones extrajudiciales y torturas”.

La estrategia contra el terror es, como ha indicado Al Sisi, ‘la fuerza bruta’

Una represión brutal que, sin embargo, no ha permitido al ejército egipcio y su monumental despliegue mantener bajo control la situación en la península. El IS firmó allí su crimen más sangriento: el atentado contra un avión ruso que volaba de Sharm el Sheij a San Petersburgo. Los 224 ocupantes murieron.

A pesar de las promesas del presidente egipcio, el mariscal de campo Abdelfatah al Sisi, la misión está lejos de concluir y se ha convertido ya en el Vietnam de Egipto, una guerra que ha provocado enorme daño en las filas militares. “La guerra contra el terror ha seguido su curso durante los últimos nueve años, con enormes pérdidas infligidas a la comunidad local y escasos avances en la derrota del terror, su desarraigo y la eliminación del factor que propició su ascenso”, subraya Sabry.

“La estrategia contra el terror es, como ha indicado Al Sisi, ‘la fuerza bruta’. En realidad, es la estrategia de la no estrategia, un proceso fallido que se ha intentado durante décadas en diferentes partes del mundo y que no ha logrado ningún éxito duradero ni estabilidad. Por el contrario, esta fuerza letal e indiscriminada que Egipto utiliza en zonas densamente pobladas, las medidas de castigo colectivo y la falta de eficacia militar, de entrenamiento y de uso de tecnología moderna conducen a intensificar la ira contra el Estado, y profundizan los agravios locales que, en muchos sentidos, conducen directa e indirectamente a la propagación de ideologías violentas radicales y al surgimiento de grupos terroristas”, arguye el periodista e investigador.

Las demandas beduinas

Las autoridades egipcias deben indemnizar rápidamente a las personas desplazadas por la fuerza, de forma justa y transparente, y permitir que cualquiera que haya recibido una indemnización pueda recurrirla ante tribunales independientes.

Las autoridades también deben permitir a los desplazados forzosos o de otro tipo regresar a sus tierras en la oportunidad más cercana que permita la situación de seguridad, después de asegurarse de que sus tierras están limpias de minas plantadas por los militantes del IS. Además, deben reparar los daños causados a las víctimas de la guerra y los abusos e investigarlos de forma transparente e independiente.

En segundo lugar, el gobierno egipcio debe poner fin a sus campañas de estigmatización contra la población autóctona del Sinaí, que han continuado a lo largo de los años de la guerra, y que los medios de comunicación progubernamentales están llevando a cabo ferozmente para mostrar a la población local como contrabandistas transfronterizos o terroristas o espías.

En tercer lugar, las autoridades egipcias deben dejar de invocar pretextos endebles para expropiar tierras y granjas a la población, especialmente el argumento de que los residentes del Sinaí no tienen contratos de propiedad inscritos en el registro de la propiedad, o que algunos de ellos tienen bienes no egipcios a pesar de llevar décadas residiendo en Egipto. Las normas del derecho internacional en relación con el derecho a la vivienda, especialmente los derechos de los pueblos indígenas, son claras y concluyentes en el sentido de que lo que determina la propiedad de la tierra no son sólo los papeles y los contratos registrados en los organismos centrales del Estado, sino el uso a largo plazo. Los habitantes del Sinaí existían en esas zonas, las habitaban, las cultivaban y las utilizaban de diversas maneras, muchos años antes del nacimiento de la República egipcia en 1952 y antes de la creación del Registro de la Propiedad Egipcia (el organismo encargado de registrar la propiedad de los bienes inmuebles) en 1946.

En cuarto lugar, el cese de la política de castigos masivos y de las restricciones a la circulación.

En quinto lugar, reabrir el espacio cívico y permitir la oposición pacífica. Es imposible abordar o debatir seriamente las cuestiones medioambientales y de derechos humanos nacionales si la sociedad civil no siente que existe un espacio seguro para trabajar y comunicarse con los habitantes, en el que el activista o investigador no tenga miedo de las represalias del gobierno y el habitante no tenga miedo de decir lo que piensa y expresar con seguridad y precisión sus problemas y observaciones.

Entre la espada y la pared

La población, atrapada entre la espada de los movimientos terroristas y la pared del Gobierno, asiste estas semanas a un nuevo agravio: han sido completamente ignorados por una cumbre que, en el papel, apuesta por la participación activa de las comunidades locales en la lucha contra el cambio climático. “La ausencia de la población local en la cumbre es un reflejo natural de las políticas del Gobierno egipcio, que ha trabajado para sofocar todas las formas de vida civil en el Sinaí y erradicar las formas convencionales de expresión u opiniones y de reunión pacífica en la comunidad del Sinaí, como los simposios, las asambleas y los diwanes [las reuniones tribales]”, sostiene AHMED.

Cañón en el sur del Sinaí. FRANCISCO CARRIÓN

“Durante estos años de guerra, las autoridades han detenido a varios activistas pacíficos del Sinaí por sus opiniones. Esto ha conducido a la ausencia de voces libres y de trabajo pacífico y a alimentar el camino hacia los grupos armados y extremistas”, añade el activista. Sabry proporciona dos ejemplos de las duras condiciones de vida: en el norte y sur de la península. “En el norte, decenas de familias que intentan volver a sus aldeas que fueron destruidas por los militares durante su guerra contra el terror han sido de nuevo acorraladas y obligadas a marcharse bajo la amenaza de la fuerza letal por los mismos militares que gobiernan todo en la península. Han sido hasta ahora 120.000 desplazados”,

“Y en el sur, a 100 kilómetros de donde se celebra la COP, los beduinos de Santa Catalina están siendo desalojados de sus hogares y sus tierras confiscadas para que el gobierno pueda construir un proyecto turístico convencional, en el que los beduinos no podrán trabajar ni encontrar una fuente de vida. Una vez más, una población civil pacífica está siendo desarraigada injustamente por las autoridades estatales”, añade el reportero, que atisba un porvenir nada halagüeño.

“El futuro de las comunidades beduinas del Sinaí no hará más que empeorar: sus agravios, el aislamiento, la discriminación contra ellos y su lucha seguirán empeorando mientras el Estado siga insistiendo en no cambiar su política de total desprecio a los derechos humanos, la dignidad de su pueblo y su lucha bajo su letal puño de hierro”.

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