América Latina

Perú, la inestabilidad permanente

Una corrupción rampante y un Congreso fragmentado pero con poder de echar al presidente explican la ingobernabilidad, acentuada en los últimos seis años

Pedro Castillo, ex presidente de Perú

Pedro Castillo, presidente de Perú hasta el pasado 7 de diciembre. EFE

Perú es el país de los presidentes encarcelados. Coinciden desde este jueves en la sede de la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales), en el distrito limeño de Ate, el izquierdista Pedro Castillo, recién detenido tras el golpe más surrealista que se recuerda, y el conservador Alberto Fujimori (1990-2000), que hace dos décadas «disolvió» el Congreso con pleno apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta vez el Ejército se ha puesto del lado de la Constitución. Desde que ejerció el poder Alberto Fujimori, Perú ha conocido 11 presidentes y salvo excepciones (el fallecido Valentín Paniagua y Francisco Sagasti) todos han acabado con problemas con la Justicia. Alejandro Toledo, sucesor de Fujimori, está extraditado en en EEUU. Alan García, se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido por lavado de activos en el caso Odebrecht. Es un elenco para la Historia. 

¿Es ingobernable Perú? Desde 2016 padece una inestabilidad política permanente. Seis presidentes se han sucedido en seis años: Pedro Pablo Kaczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora, por primera vez, una mujer: Dina Boluarte. Llega al poder después de que Pedro Castillo intentara el 7 de diciembre «disolver» el Congreso, la misma palabra que utilizó Fujimori, intervenir el poder judicial, decretar el toque de queda y gobernar por decreto ley hasta la creación de una Asamblea Constituyente. Se saltó el artículo 134 de la Constitución y el Tribunal Constitucional le desautorizó.

Lo hizo justo el día que estaba previsto votar su vacancia por corrupción (una moción de censura bajo la premisa de «incapacidad moral»). Su entorno más cercano, entre ellos la primera ministra Betssy Chávez y el ex jefe de gobierno Aníbal Torres, le convencieron de que el golpe era su única salida. Y fue un suicidio político. 

Castillo, que ganó por 44.000 votos a Keiko Fujimori en junio de 2021, se quedó solo y ha acabado en la cárcel acusado de rebelión y sedición. La pena puede llegar a 20 años. Fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México en Lima. El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba dispuesto a darle asilo. Guillermo Olivera Díaz, su abogado, ha dicho que le dieron una bebida antes de su discurso, que fue escrito por el ex primer ministro Aníbal Torres. Insinúa así que fue intoxicado y no actuó en plenas facultades.

«Hoy se ha dado un golpe al estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso. Perú quiere vivir en democracia. Este golpe no tiene ningún fundamento jurídico», dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales. 

Las comparaciones con el fujimorazo, perpetrado en 1992, fueron inevitables. Pero solo coincidieron en ciertos vocablos. Fujimori lo preparó durante un año y contaban con el Ejército. Se mantuvo como dictador ocho años hasta que renunció y posteriormente fue condenado a 25 años por corrupción y abusos contra los derechos humanos. Ahora coinciden en la base especial de la policía (Diroes) donde también estuvo el ex presidente Ollanta Humala entre julio de 2017 a abril de 2018 investigado por delitos de corrupción. 

«Calcaron lo que hizo Fujimori pero improvisando y sin apoyos. Siguieron adelante sin tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tenían distorsionada la realidad. Hubo una cadena de errores que refleja bien la Presidencia de Castillo: denota una precariedad absoluta. Acosado por las denuncias y las revelaciones de sus colaboradores, se desespera y los que están a su alrededor le sugieren que tome la decisión sin planificación ni apoyo», indica Carlos Helfer Bejarano, consultor político peruano. «Las Fuerzas Armadas han mostrado mayor sensatez; eso ha cambiado porque han entendido su papel constitucional».

El poder del fujimorismo

 ¿Por qué caen uno tras otro los presidentes en Perú? Hay varias razones. Por un lado, “los presidentes son elegidos con votos prestados. Es la lógica del mal menor que se replica una y otra vez. Castillo fue elegido para evitar que llegara al poder el fujimorismo. Sucedió con Pedro Pablo Kaczynski y con Castillo. Es un patrón que se repite”, señala el politólogo peruano Carlos Meléndez, socio fundador del Grupo 50+1 Análisis Político

El Congreso peruano, unicameral, tiene además el poder de promover esas votaciones de vacancia por incapacidad moral, que salen adelante con 87 votos de los 130 del total. En el caso de Castillo el 7 de diciembre afrontaba la tercera. Finalmente, su golpe suicida le llevó a perder la votación por 101 votos. Ni siquiera la bancada de Perú Libre, partido que le avaló para presentarse a la Presidencia. Solo cosechó seis votos en contra y 11 abstenciones, y no todos son de Perú Libre.

El ideólogo de este partido de ultraizquierda que se estrenó en las últimas legislativas, Vladimir Cerrón, se ha distanciado del golpe perpetrado por Castillo. Pero también ve como una traidora a la nueva presidenta, Dilma Boluarte, que se desmarcó de Perú Libre recientemente. 

El Congreso está muy atomizado: diez partidos tienen representación parlamentaria y cuatro de ellos se estrenaron en esta legislatura. Hay dos bloques, de derecha y de izquierdas, pero son los fujimoristas (Fuerza Popular), 24 en total, los que actúan más cohesionados. «Los más sólidos son los fujimoristas. Negocian y votan en bloque. Los demás son una gelatina ideológica y política», apunta el consultor político peruano Carlos Helfer Bejarano.

El fujimorismo tiene poder pero no tanto como para lograr la Presidencia. Funciona en negativo»

francisco sánchez, director del instituto de iberoamérica de la univ de salamanca

Perú sigue marcado por el fujimorismo, por sus detractores y sus defensores. “El fujimorismo es el partido más importante pero no llega a la Presidencia. Sin embargo, los presidentes son débiles y les dificulta la gobernanza. El fujimorismo tiene poder pero no tanto como para lograr la Presidencia. Cuenta con mucho rechazo. Funciona en negativo: tiene el control de las instituciones y capacidad de voto”, afirma Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica, de la Universidad de Salamanca, quien destaca cómo en Perú hemos visto que las Fuerzas Armadas son “el gran actor que dirime las crisis institucionales en América Latina. Ya no quieren hacerse con el poder pero lo controlan”.  

Polarización creciente

La crisis política que arrastra Perú es aún más grave desde 2016. Es el año del Brexit, de la victoria de Trump en Estados Unidos, el punto culminante de la polarización. «Las dos últimas generaciones de políticos han hecho Perú ingobernable. Hemos caído en la polarización: no solo de las élites sino también de la sociedad. Cada vez más votantes se ubican en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Es una crisis generalizada en términos políticos, de sociedad civil, no se ponen temas en la agenda. No son tanto las reglas de juego como los actores», señala a El Independiente el politólogo peruano Carlos Meléndez. «Hay una cultura política que se basa en dar la vuelta a la ley. Así el Congreso utiliza sus prerrogativas para arrinconar a los Ejecutivos», añade.

Hay una cultura política que se basa en dar la vuelta a la ley. Así el Congreso utiliza sus prerrogativas para arrinconar a los Ejecutivos»

carlos meléndez, socio fundador de 50+1 grupo de análisis político

Al final, Castillo cae por saltarse la Constitución, después de verse en el punto de mira por las acusaciones de corrupción. Castillo, que en sus 16 meses en el poder ha nombrado 75 ministros, comete los mismos errores que Pedro Pablo Kuczynski, cuando sus perfiles no pueden ser más distantes. El maestro de Cajamarca y el que fuera directivo del Banco Mundial, acusados de corrupción. Y se unen a la larga lista de presidentes peruanos que fueron investigados por esta causa: desde Alan García a Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Castillo, como otros antes, prometió que iba a combatir la corrupción. Hasta un ex director de Inteligencia le relacionaba con pagos en negro. Y varios miembros de su familia también están implicados. 

¿Cómo se explica esta corrupción en tan altas instancias? Según el politólogo Carlos Meléndez, “de un tiempo a esta parte ser corrupto se ha convertido en business as usual en la política peruana. El problema de fondo tiene que ver con la informalidad. La regla no tiene valor. Ni en política, ni en los negocios. Es un fenómeno transversal”. 

Castillo cayó en los mismos vicios que él reprochaba al establishment. Ha favorecido a familia y amigos y hasta ha recibido sobres directamente, según acusaciones de colaboradores cercanos. Pero no es la corrupción lo que ha provocado su caída. Incluso hay quienes creen que hubiera salvado la tercera votación de vacancia.

«Lo han ninguneado, es cierto, pero él ha dado argumentos a la derecha porque está involucrado en casos de corrupción tremendos», dice Carlos Helfer Bejarano. Aún así es Pedro Castillo, asesorado por Aníbal Torres, que ahora ejerce su defensa, quien se pega un tiro en el pie con el golpe más breve y absurdo de la historia peruana. 

Julio Velarde, ‘una isla’ en el Banco Central

Lo que sí ha seguido funcionando con Castillo y con sus predecesores ha sido el Banco Central de la Reserva de Perú, a cargo de Julio Velarde desde 2006, cuando Alan García era presidente. Dina Boluarte es el octavo jefe del Estado que conoce. Funciona con autonomía. A Velarde se le debe la estabilidad económica de Perú, si bien es un país con unas elevadas tasas de economía informal y una gran desigualdad, sobre todo entre campo y ciudad. Pero muchos echan de menos un Julio Velarde en política. 

Ha seguido una política centrada en la lucha contra la inflación, el equilibrio fiscal y mantener el valor de la moneda peruana (el sol). Ha logrado acumular más de 74.000 millones de telares en reservas internacionales, una de las más altas de Latinoamérica en porcentaje del PIB.

El modelo económico está blindado en la Constitución de 1993, una Constitución que, sobre todo la izquierda, quiere modificar. Fija que el Congreso no puede aumentar el gasto público, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. Se prevé que el crecimiento de Perú sea del 3%, más que muchos países de la zona, pero menor de lo que sería necesario para reducir la pobreza. 

La desigualdad es creciente, la renta per capita apenas llega a los 6.000 dólares, y vive en la pobreza un 30% de la población, unos diez millones de personas. Debido a la crisis del Covid, cayeron más de tres millones en situación de vulnerabilidad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La economía sumergida es su tabla de salvación. Más del 90% de los que viven en la pobreza tienen un empleo informal. Ese 30% que no llega a una canasta básica es el que menos cree en los políticos.

Para ellos hablan los salvapatrias. Y Antauro Humala, hermano del ex presidente y recién salido de la cárcel, está preparando el camino para presentarse como un nuevo salvador. El ex oficial del Ejército fue condenado por homicidio simple, secuestro, daños agravados, arrebato de arma de fuego y rebelión por encabezar una asonada en Andahuaylas en 2005 que acabó con la vida de seis personas, entre ellos cuatro policías. Acaba de salir de prisión. De ahí que muchos vean que la convocatoria de elecciones tampoco serían garantía de mayor estabilidad. En la escena política lo poco que ha cambiado es para peor.

El 55% de la población considera que Perú es un país muy desigual económicamente mientras que el 60% de peruanos piensa que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado en los últimos dos años de pandemia, según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2022) elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Oxfam. Solo el 15% considera que tiene suficientes ingresos para vivir con dignidad. 

Boluarte, primera presidenta

En estas circunstancias llega al poder la abogada Dina Boluarte, de 60 años, la primera mujer que es presidenta de Perú. Coinciden cuatro mujeres en las más altas instancias del país: además de la presidenta, Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial; la fiscal de la Nación Patricia Benavides; y Eliana Revollar como Defensora del Pueblo. Todas se pronunciaron contra el golpe de Castillo.

Boluarte quiere mantenerse hasta julio de 2026, según dicta la Constitución. Y el Congreso coincide con ella en que ha de completarse la legislatura. Ha hecho un llamamiento a la unidad y de momento cuenta a su favor con la poderosa bancada fujimorista. Quienes más problemas pueden ponerla son sus antiguos aliados de Perú Libre.

«Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno», dijo Boluarte en su primer discurso como presidenta.

Pero a todos los demás les interesa una tregua. Intentará «un nuevo comienzo», pero no cuenta ni con experiencia ni con grupo leal en el Congreso. «Hemos ganado oxígeno, pero no la salvación», señala el politólogo Carlos Meléndez. Boluarte, a su juicio, va a necesitar apoyarse en un primer ministro «que le permita conectar con la representación del mundo popular y, sobre todo, regional».

Tendrá que aprender de lo vivido con Castillo: no puede fiarse de dos o tres correveidiles que luchan por su supervivencia y estar convencida de que, o trama consensos, o será la siguiente a la que el Congreso planta cara.

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