Bajo la presidencia del ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka, el Consejo de Asuntos Generales europeo ha abordado este martes la cuestión de la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la Unión Europea, un compromiso de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Finalmente, las reticencias de varios países, entre ellos Finlandia, Alemania o Italia, han provocado una nueva postergación del debate. Para lograr el objetivo del gobierno de España se requiere unanimidad.

El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ha representado a España. Como en otras sesiones similares no ha estado presente el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares. El Ministerio dirigido por Albares ha presentado varios documentos como una declaración en la que se comprometen a asumir los costes y a proporcionar los recursos técnicos, materiales y humanos. En un informe de dos páginas expresan que es una solución personalizada que no tiene por qué abrir la "caja de Pandora" de otros idiomas.

Desde Madrid, el ministro Albares decía el lunes que se trataba de un asunto de identidad nacional española. "Los tratados dejan claro que la UE debe proteger las identidades nacionales de los Estados, hay países cuya identidad nacional es plurilingüe, así sucede en nuestra Constitución y, es más, también en las calles de muchas de nuestras ciudades".

Finlandia y Alemania, los más duros

Sin embargo, este martes en Bruselas, el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Joakim Strand, ya anticipaba a la entrada a la reunión que la cuestión "no estaba madura para votar". Según Strand, "la diversidad lingüística es importante y siempre somos constructivos y queremos continuar discutiendo. Pero sigue habiendo preocupaciones del servicio jurídico del Consejo y esto es algo que tenemos que tomarnos muy en serio".

Gunther Krichbaum, ministro de Estado para Europa del gobierno de Friedrich Merz, ha amenazado con vetar la propuesta si no se posponía el voto, como finalmente ha sucedido.

Italia, como otros países, considera que debe ser el servicio legal del Consejo quien determine si la inclusión del catalán supone una modificación de los tratados europeos. El Gobierno de Giorgia Meloni no quería quedarse como el único en contra, pero apunta que sí que pueden desencadenarse más demandas difíciles de gestionar. El Gobierno de Sánchez defiende la especificidad del caso español: son lenguas reconocidas e la Constitución y que se usan en el Congreso y el Senado.

El texto que se ha presentado en el Consejo de Asuntos Generales aboga por empezar por la traducción de reglamentos desde el 1 de enero de 2027 y dejar para una revisión posterior, en 2031, si modificar la derogación sobre el resto de documentación, según informa Europa Press. El documento, además, plantea que la oficialidad de catalán, euskera y gallego entre en vigor desde el 1 de enero de 2027. Sólo se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo. El coste, basándose en el precedente del gaélico, superaría los 132 millones de euros.

En septiembre de 2023 también se pospuso la votación por falta de consenso. El gobierno de Sánchez seguirá intentando convencer al resto de socios europeos. Así lo ha dicho la ministra portavoz Pilar Alegría en rueda de prensa, según informa Juan Manuel Romero: "Había un número amplio ya de Estados que, lógicamente, querían y estaban dispuestos a aprobar esta medida esta misma mañana, pero también es verdad que un número menor, más pequeño, de otros países nos han pedido más tiempo, más información y, por supuesto, España va a aceptar esa petición de varios países de seguir dialogando".