Externalizar el control de las fronteras europeas tiene un elevado precio. Y se paga, en parte, en silencio. Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles que España y la Unión Europea han reforzado en los últimos años su cooperación migratoria con Mauritania, pese a las graves y continuadas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades del país africano contra migrantes y solicitantes de asilo. En algunas de ellas, acusa HRW, había presentes agentes españoles.

PUBLICIDAD

El detallado informe, de 142 páginas y titulado “They Accused Me of Trying to Go to Europe”, documenta entre 2020 y comienzos de 2025 abusos cometidos por fuerzas de seguridad mauritanas —policía, guardia costera, gendarmería o ejército— contra migrantes procedentes, en su mayoría, de África occidental y central. Los testimonios recogen un catálogo de horrores: torturas, violaciones, acoso sexual, detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas en centros de internamiento, expulsiones colectivas sin garantías y actos de racismo sistemático.

“Al financiar, equipar y colaborar con las fuerzas mauritanas durante años para reforzar los controles fronterizos y migratorios sin garantizar las debidas salvaguardias de los derechos humanos, la UE y España incentivaron la represión de la migración y comparten la responsabilidad por los abusos cometidos en Mauritania”, denuncia Human Rights Watch. “En algunos casos, las fuerzas españolas estuvieron presentes durante detenciones y arrestos abusivos de migrantes por parte de las autoridades mauritanas. La UE también financió la renovación de dos antiguos centros de detención de migrantes, que se inaugurarán este año para acoger a los migrantes interceptados o rescatados en el mar”.

“Mauritania ha seguido durante años un manual represivo para controlar la migración, con el aval de la UE y España”, denunció Lauren Seibert, investigadora de HRW. “Pero las recientes reformas muestran que otro enfoque es posible. Ahora es clave detener las expulsiones colectivas y supervisar el actuar de las fuerzas de seguridad”.

El acuerdo de España, un incentivo para la represión

Los números son demoledores. Solo en la primera mitad de 2025, Mauritania expulsó a más de 28.000 personas —hombres, mujeres y niños—, generalmente hacia zonas remotas en la frontera con Mali y Senegal, donde la ayuda humanitaria es limitada y la inseguridad creciente. Muchos testimonios narran golpizas, humillaciones y abandono. Marco Gibson, liberiano de 28 años, relató a HRW que en diciembre de 2024 fue detenido junto a otros 40 migrantes por el ejército mauritano cerca de la frontera norte: “Nos golpearon con palos y látigos de goma. He visto brutalidad, pero nunca algo así”. Tras varios días de detención, fue expulsado junto a otros 20 migrantes, incluidos menores, hacia Gogui, en Mali, donde pocos días después un grupo armado atacó la zona.

El problema, según HRW, no es solo mauritano. Es europeo. En 2024, Bruselas firmó con Nuakchot un acuerdo migratorio por 210 millones de euros, destinado a frenar las salidas hacia Canarias. España no solo lo respaldó, sino que reforzó su despliegue policial en territorio mauritano y aumentó su apoyo bilateral.

El Gobierno español, por su parte, defiende públicamente la estrategia a pesar del terrible historial. Durante una visita oficial a Nuakchot el pasado julio, Pedro Sánchez describió la migración como “sinónimo de riqueza, desarrollo y prosperidad” y pidió “gestionarla de forma humana, segura y ordenada”. Volvió a insistir en que España impulsa “programas de migración circular” que permiten a trabajadores africanos cubrir empleos estacionales en el país. En 2024 participaron más de 20.000 personas, frente a las 17.200 de 2023.

Reformas insuficientes

Bruselas también rechaza las críticas. La Comisión Europea sostiene que el acuerdo está “anclado en el respeto a los derechos humanos” y cita como ejemplo las “nuevas normas operativas” adoptadas por Mauritania en mayo de 2025, que incluyen la prohibición de expulsiones colectivas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llegó a elogiar el papel de Nuakchot como garante de la “estabilidad regional”, recordando que el país acoge a 176.000 refugiados y solicitantes de asilo, la mayoría de Mali.

Sin embargo, para HRW, las reformas resultan insuficientes. La ONG denuncia que “las redadas, las detenciones arbitrarias y las expulsiones sumarias continúan”, mientras miles arriesgan la vida por la ruta atlántica, una de las más mortales del mundo. En 2024, más de 10.000 personas murieron intentando llegar a España por mar, un promedio de 30 muertes diarias, según datos de la ONG española Caminando Fronteras.

HRW exige que la cooperación migratoria priorice la “protección de las personas” y no solo el blindaje de las fronteras. “España y la UE deben garantizar que su apoyo no financie violaciones de derechos humanos”, concluye Seibert. La ruta hacia Europa sigue activa: 46.843 personas llegaron a Canarias en 2024, y otras 11.500 lo hicieron entre enero y julio de este año. Entretanto, “la política europea de externalización de fronteras” deja un reguero de víctimas invisibles, atrapadas entre la represión en tierra y la muerte en el mar.

PUBLICIDAD