Justicia exprés y mano dura. El Tribunal de Apelaciones de Agadir, en el sur de Marruecos, ha condenado a al menos 15 personas a condenas de prisión de entre 3 y 15 años por su supuesta participación en actos de violencia ocurridos en el contexto de las protestas juveniles que estallaron en todo el país a finales de septiembre y que cumplen tres semanas de desafío al régimen alauí.

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Nueve personas fueron condenadas a 10 años, dos a 15 años, una a 5 años, otra a 4 años y dos más a 3 años, en veredictos dictados este pasado martes y recogidos por Efe. Las condenas responden a cargos que incluyen "ultraje y violencia contra funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones, deterioro de bienes de utilidad pública, obstrucción de la vía pública, incendio intencionado, destrucción y saqueo con uso de fuerza y participación en robo agravado por nocturnidad y pluralidad de autores".

No obstante, la prensa marroquí advierte de que el número real de condenados podría ascender a 17, y señala que tres de ellos recibieron 15 años de prisión. De acuerdo con esos medios, los condenados fueron arrestados tras los enfrentamientos que estallaron en la localidad de Ait Amira, al sureste de Agadir, en la noche del 1 de octubre.

Más de 100 personas en prisión preventiva

Durante los disturbios –que se registraron al margen de las manifestaciones pacíficas convocadas por el movimiento juvenil autodenominado GenZ 212– se reportaron saqueos, incendios y daños materiales. En Ait Amira, se señala que tres agencias bancarias y varios vehículos fueron atacados, y se destruyeron contenedores de basura e infraestructura pública, según el portal local LeDesk.

Un reciente informe del Espacio Marroquí de Derechos Humanos indica que más de 100 personas permanecen en prisión preventiva en al menos ocho ciudades, otras 264 están en libertad condicional y 29 casos han sido archivados tras las protestas.

Las manifestaciones organizadas por GenZ 212, en alusión al código telefónico de Marruecos, comenzaron el 27 de septiembre como protestas pacíficas en una veintena de ciudades del país, reclamando mejores servicios públicos, especialmente en sanidad y educación, frente a un sistema sanitario percibido como deficiente. Las movilizaciones rápidamente se extendieron y se combinaron con reclamaciones más amplias de justicia social. Estas protestas derivaron en choques violentos con la policía, enfrentamientos y agresiones en ciudades como Rabat, Casablanca, Salé, Agadir y Oujda.

Las autoridades afirmaron que 263 miembros de las fuerzas de seguridad y 23 civiles resultaron heridos en los enfrentamientos del cuarto día de protestas. Asimismo, se reportaron más de 400 detenciones, de las cuales al menos 193 personas enfrentarían juicio. En el sur del país, las protestas fueron particularmente violentas: hubo intentos de asalto a cuarteles de la gendarmería en Lqliâa y uso de armas por parte de manifestantes, según autoridades locales.

Uso excesivo de la fuerza

Según Human Rights Watch, tres personas murieron cuando las fuerzas de seguridad respondieron con fuego letal frente a una comisaría en Lqliâa el 1 de octubre, en medio de una escalada del conflicto. Las autoridades aseguran que emplearon primero gases lacrimógenos para dispersar las protestas y luego armas en legítima defensa. Videos analizados por la organización muestran manifestantes lanzando piedras y atacando la entrada de la comisaría, así como a un hombre gravemente herido que yacía cerca del lugar con heridas visibles.

En el plano político y social, los analistas consideran que estas protestas evidencian presiones persistentes derivadas de la desigualdad, el desempleo juvenil —oficialmente cerca del 35,8 por ciento— y el estancamiento de servicios públicos fundamentales. Además, el hecho de que el país esté invirtiendo en infraestructura deportiva de cara al Mundial 2030, que organiza junto a España y Portugal, ha provocado críticas por priorizar proyectos de prestigio sobre necesidades sociales urgentes.

Las autoridades han reaccionado planteando la apertura al diálogo. En un discurso el 10 de octubre, el rey Mohamed VI insistió en que la creación de empleo para los jóvenes y la mejora concreta de los sectores de educación y salud deberían ser prioridades, aunque no mencionó explícitamente las protestas ni los peticiones del movimiento GenZ, entre ellas, la dimisión en bloque del Gobierno. Organizaciones locales e internacionales han pedido investigaciones transparentes sobre el uso de la fuerza, así como respeto al derecho a la manifestación y a juicios justos para los condenados.

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