China ha eliminado a partir del 1 de enero de 2026 la exención fiscal que desde hace más de tres décadas beneficiaba a los productos anticonceptivos, como preservativos y fármacos anticonceptivos, y ha comenzado a aplicarles el 13% de impuesto al valor añadido (IVA), la tasa estándar para bienes de consumo general. La reforma forma parte de una serie de medidas dirigidas a intentar frenar la caída de la tasa de natalidad en la segunda economía mundial.

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Según las autoridades del gigante asiático, esta decisión se enmarca en una amplia reformulación de la política tributaria y demográfica, que también incluye exención del impuesto sobre la renta para subsidios de cuidado infantil, la implementación de un subsidio anual para familias con niños pequeños y campañas oficiales para promover actitudes favorables hacia el matrimonio y la crianza de hijos. Líderes del Partido Comunista reforzaron su compromiso con estas prioridades en la reciente Central Economic Work Conference.

De acuerdo con información difundida por la agencia estatal Xinhua, la entrada en vigor de la nueva Ley del IVA introduce ajustes en las políticas aplicadas a todo el sistema de productos de salud reproductiva, incluidos los anticonceptivos orales, los métodos anticonceptivos de barrera, los dispositivos intrauterinos (DIU) y determinados productos auxiliares de detección. El medio señaló que, si bien la exención fiscal había garantizado durante años la accesibilidad de los anticonceptivos básicos, la demanda de la población “ha cambiado de forma paulatina” en el contexto de la construcción de una “sociedad favorable a la natalidad”.

Bañistas en el lago Houhai de Pekín. | Efe

La natalidad, en caída libre

La población china ha disminuido durante tres años consecutivos, y en 2024 solo nacieron 9,54 millones de bebés, menos de la mitad que en 2016 tras el fin de la política del hijo único. La caída persistente ha generado alarmas sobre el envejecimiento de la población y sus impactos económicos y sociales, incluidos desafíos para la fuerza laboral y el crecimiento económico a largo plazo.

Pese a que los medios oficiales no han centrado su cobertura exclusivamente en el nuevo impuesto, la reforma fiscal y las estrategias de fomento de la natalidad han sido reflejadas en reportes generales sobre políticas públicas. Medios chinos han vinculado la adaptación del sistema tributario con el objetivo de afrontar una crisis demográfica que persiste incluso después de la flexibilización progresiva de las restricciones familiares, desde la política de un solo hijo hasta la política de tres hijos adoptada en 2021.

La medida de gravar productos anticonceptivos ha generado debate en plataformas de redes sociales y en la prensa internacional. Algunos medios extranjeros señalan que el gravamen podría reducir el acceso a métodos de prevención de embarazos no deseados y aumentar riesgos de salud pública, especialmente entre jóvenes y grupos de menores ingresos, al encarecer productos que habían sido económicos o incluso gratuitos en algunos programas de salud pública.

Críticos de la política apuntan que, aunque el impuesto puede tener un valor simbólico dentro del giro de Pekín hacia políticas pronatalistas, no aborda los factores estructurales que más influyen en la decisión de formar una familia, como los altos costos de la vivienda, la educación y el cuidado infantil, el estancamiento salarial y la incertidumbre laboral que enfrentan las generaciones más jóvenes.

Además, algunas reacciones en la opinión pública china comparan irónicamente el costo de productos como los preservativos con los gastos sustanciales de criar a un hijo, lo que sugiere que el impacto demográfico de la medida podría ser limitado o incluso contraproducente si desincentiva el uso de anticonceptivos sin ofrecer apoyos adicionales.

Visitantes en una zona turística de China. | Efe

Perspectiva demográfica

Especialistas en demografía sostienen que la caída de la fecundidad en China responde a un conjunto complejo de causas estructurales con raíces profundas, entre ellas las heredadas de la política del hijo único (1979-2015) y la transformación económica y cultural de las últimas décadas.

Aunque las autoridades han desplegado incentivos y campañas para fomentar la formación de familias, la evidencia disponible sugiere que las políticas económicas y sociales de mayor alcance son más determinantes que un ajuste tributario en productos anticonceptivos.

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