“Mucha gente dice: ‘Quizás nos guste [tener a] un dictador’. A mí no me gustan los dictadores. No soy un dictador. Soy un hombre con mucho sentido común y una persona inteligente”. Con esa frase, el presidente estadounidense, Donald Trump, trataba de responder este lunes a las preguntas de los periodistas sobre sus últimos movimientos, que muchos están comparando con los de líderes de regímenes no democráticos, solo unos días después de que respaldase la reelección indefinida que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha promovido para sí mismo y de que desestimase las denuncias de violaciones de derechos humanos en dicho país.
Pero el presidente no consiguió tranquilizar demasiado. Como en tantos otros temas, Trump juega a dos bandas: por un lado, hace, y por otro, reviste esas acciones de un discurso que trata de suavizar los hechos, de dulcificarlos, y de disimular sus verdaderas intenciones. En este caso, el objetivo de sus últimas decisiones no solo es doblegar a ciudades demócratas, sino también demostrar que con mano de hierro se consiguen cosas que no son tan fáciles por otras vías. Y que esta opción es preferible, aunque esté al borde, o fuera, de la legalidad.
El presidente amenazó el pasado viernes con tomar Chicago y Nueva York de la misma manera que se ha hecho con el control de Washington como parte de su supuesta lucha contra el crimen. Para justificar la medida, usó cifras anticuadas e inexactas con las que mostraba a la capital estadounidense como un lugar más peligroso que Bagdad, y pese a que los delitos en el DC llevan años reduciéndose.
Las amenazas llegaron después de que reforzase su despliegue de agentes en Washington, con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenando a los alrededor de 2.000 efectivos que patrullen las calles armados -la semana pasada, el Pentágono y el Ejército aseguraron que dichos efectivos no llevarían armas-. El viernes, la fiscal general Pam Bondi presumió de que se han llevado a cabo más de 700 arrestos desde que empezó la operación -este lunes la cifra había subido hasta los 1.000-, y que se han incautado 91 armas de fuego ilegales.
Mientras el Gobierno asegura que desplegará a unos 1.700 agentes de la Guardia Nacional en 19 estados en las próximas semanas, los ciudadanos de Washington se muestran aterrorizados -una encuesta llevada a cabo por el Washington Post publicada la semana pasada revela que la población del DC rechaza mayoritariamente el despliegue de tropas, con casi un 80% diciendo que se oponen a la decisión- y los defensores de los derechos humanos repiten que así no se reduce el crimen, al menos no a largo plazo.
Pero a Trump solo el corto plazo puede servirle.
"Creo que Chicago va a ser la siguiente y después ayudaremos con Nueva York", dijo el magnate en un evento en el Despacho Oval, donde también amenazó con desplegar al Ejército si es necesario. Hasta el momento, los efectivos desplegados en Washington pertenecen a la Guardia Nacional, una fuerza que pertenece a los estados-. El presidente no ha tomado ninguna medida concreta hacia Chicago ni Nueva York, pero sí contra Los Ángeles, a donde envió 5.000 efectivos en primavera para mitigar las protestas contra las redadas policiales contra inmigrantes.
Sin embargo, las amenazas de Trump podrían no llegar a hacerse realidad porque el presidente no tiene las mismas competencias a la hora de desplegar a agentes del orden en cualquier ciudad. En el caso de Washington, la particularidad tiene que ver con que se encuentra en el Distrito de Columbia (DC, por sus siglas en inglés), que no pertenece a ningún estado, y por tanto la Casa Blanca tiene más poder de control que en cualquier otra parte del país. Así, la ley permite al presidente tomar el control de forma temporal de la policía local si existe una emergencia que así lo exija, pero no contempla lo mismo para las ciudades a las que Trump ahora está amenazando.
Aun así, Trump puede desplegar a los agentes de la Guardia Nacional en otros estados, como hizo en California en mayo, y pese a que son los gobernadores de cada uno de los estados quienes ostentan esa competencia. Una de las opciones en que invoque la ley de Insurrección, alegando que los gobiernos estatales no están consiguiendo imponerse y necesitan su ayuda, aunque no se la hayan pedido.
De momento existen muchas dudas sobre cuáles serán sus próximos pasos, pero si declara una emergencia nacional, le permitiría continuar teniendo el control de la ciudad una vez se cumplan 30 días desde el despliegue de las tropas. "Simplemente diré que es una emergencia nacional. Si tengo una emergencia nacional, puedo mantener a las tropas aquí todo el tiempo que quiera".
El gobernador del estado de Illinois, donde se encuentra Chicago, JB Pritzker, lamentó este domingo las amenazas del presidente, asegurando que no hay ninguna emergencia que justifique enviar a la Guardia Nacional a la ciudad y que Trump está "tratando de fabricar una crisis" y calificando el movimiento de abuso de poder.
De la misma manera se ha pronunciado el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, diciendo que nadie le ha informado de ningún posible despliegue militar en la ciudad y asegurando que su equipo está "gravemente preocupado" acerca de esta posibilidad, que ha tildado de "descoordinada, innecesaria y poco sólida", además de "ilegal". Johnson ha presumido del progreso que la ciudad ha hecho a la hora de reducir el crimen y ha alertado de que estos movimientos podrían avivar las tensiones entre los ciudadanos y los agentes.
El riesgo de que el estilo Bukele tenga éxito
Para Trump podría ser suficiente con conseguir reducir el crimen aunque sea momentáneamente, porque si después pierde el control de las ciudades, podrá argumentar que tenía la solución a lo que considera como uno de los grandes problemas de los estadounidenses, y que no le dejaron aplicarla. Como sucede en muchos otros lugares del mundo, el crimen es una preocupación en Estados Unidos, y aunque haya caído en muchas ciudades de Estados Unidos, continúa en cifras comparativamente muy altas.
Trump aseguró el viernes en la Casa Blanca que su misión había llevado la "seguridad total" a Washington y que su intención es expandir esa seguridad a otras ciudades. "DC era un infierno", dijo, pese a que la percepción de los ciudadanos del lugar es muy diferente, "pero ahora es segura". Si el presidente consigue convencer de ese relato, podría apuntarse una victoria muy valiosa, especialmente en un momento en el que los votantes lo valoran menos de lo que han valorado a cualquiera de los últimos cuatro presidentes del país a la misma altura del cargo.
La estrategia del presidente americano recuerda mucho a los del líder salvadoreño Nayib Bukele, que se ha convertido en enormemente popular en El Salvador tras arrestar a decenas de miles de supuestos miembros de peligrosas bandas, y quien presume de haber convertido uno de los países más peligrosos del mundo en uno de los más seguros. De hecho, cuando Bukele visitó la Casa Blanca en abril, Trump lo alabó, le estrechó la mano y le dijo que se alegraba de trabajar con él "porque quieres parar el crimen, igual que nosotros".
Durante ese encuentro en la Casa Blanca, muchos pensaron que Trump solo estaba dejando más claro que nunca que considera a Bukele un modelo a seguir, y han confirmado sus miedos más adelante con las detenciones y deportaciones masivas sin el mínimo respeto a la legalidad, la construcción de la prisión Aligator Alcatraz -de la que un juez ha ordenado su desmantelamiento- y el envío de tropas a diferentes ciudades para mantener el control y orden.
Cuando realizó esa visita a Washington, Bukele tenía en su poder a Kilmar Abrego García, un salvadoreño que Trump deportó de Estados Unidos a El Salvador pese a que una orden judicial prohibía ese traslado. Entonces, Bukele aseguró que no devolvería al padre de familia deportado por error -así lo reconoció el Gobierno estadounidense-. En ese momento, el Supremo estadounidense había dictado que la Administración de Trump debía "facilitar" el regreso de García, pero durante el encuentro televisado de ambos líderes Trump no se lo pidió a Bukele.
Ahora Kilmar Abrego ha sido liberado y apresado otra vez, y Trump ha redoblado su amenaza contra las ciudades. Ha mencionado Los Ángeles, Baltimore, Oakland como ciudades que están "mal, muy mal" y en las que querría intervenir pese a que las cifras de crímenes están cayendo. Según datos del FBI, los asesinatos en Estados Unidos cayeron un 15% el año pasado, y los crímenes en general lo hicieron un 5%, mientras que los robos disminuyeron un 9.
En la mayoría de ciudades los homicidios han caído un 20% en los primeros seis meses del año, de acuerdo con la asociación Major Cities Chiefs Association que ha publicado Axios.
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