Para cualquiera que considere la estabilidad institucional como un bien, la redacción abierta del Título VIII de nuestra Constitución ha sido a la postre una fuente de conflictos sin cuento.

En cualquier caso, con la redacción de dicho Título los grandes ganadores fueron los nacionalistas, quienes siempre defendieron que el régimen de las Comunidades Autónomas no debería estar regulado en detalle por la Constitución, lo que les permitiría un permanente regateo competencial en los procesos de redacción de Estatutos, y -sobre todo- no exigiría una reforma constitucional para proceder a sucesivas ampliaciones.

Por otra parte, si se aceptaban a la vez la generalización del proceso y la existencia de “hechos diferenciales”, unas Comunidades Autónomas habrían de tener un techo competencial menor que otras y esa diferencia vendría marcada por la vía de acceso que se escogiera para llegar a la Autonomía… Pero entonces saltó Andalucía con su referéndum y rompió la brida que UCD –y otros- querían poner al potro desbocado. De hecho, la movilización andaluza planteó una cuestión crucial: “Yo no soy menos que otros”. Claro que el debate sobre “los hechos diferenciales” no estaba muerto y reviviría mucho después en palabras maragallianas, con el nombre (contradictorio en sus propios términos) de «Federalismo asimétrico”, lo cual, si fuera una receta culinaria sería tan imposible como hacer una tortilla española sin huevos y sin patatas.

Tras la generalización del proceso, que se alcanzó en 1983 y después de dos elecciones autonómicas (1983 y 1987), en marzo de 1991, superados los cinco años que exige el artículo 148.2 de la Constitución, Felipe González planteó en el Congreso de los Diputados un nuevo pacto autonómico que ofreció a las demás fuerzas políticas para “homogeneizar y estabilizar el Estado de las Autonomías”. El Partido Popular (febrero de 1992) suscribió el pacto y con ello el modelo se federalizó.

Paralelamente al proceso de homogeneización competencial (federalización), que tuvo su expresión más clara en las transferencias a todas las Comunidades Autónomas de la Sanidad y de la Educación, se produjeron –lenta pero claramente- cambios en el sistema de financiación, en el cual se fue abriendo paso el criterio poblacional junto a una cada vez mayor participación autonómica en los impuestos estatales, especialmente en aquél que grava las rentas de las personas físicas (IRPF).

Durante los gobiernos de Aznar se profundizó el sistema de financiación, y el presidente comenzó de repente a hablar el catalán en la intimidad

Durante los Gobiernos presididos por José María Aznar se continuó con la política de profundización en el sistema de financiación autonómico, aunque durante su primer mandato (1996-2000) y por mor de la necesidad de apoyos en el Parlamento (apoyos que obtuvo de CiU y PNV), el presidente del Gobierno comenzó de repente a hablar el catalán en la intimidad, y fue su Gobierno quien, a petición de los nacionalistas, eliminó el concepto de Gobernador civil para pasar a denominar a ese cargo con el humillante nombre de Sub-delegado… y no se quedó ahí, sino que también renunció a recurrir la ley propuesta por Pujol sobre la cuasi obligatoriedad del catalán (a todas luces inconstitucional). Además, Aznar presionó al Defensor del Pueblo (Álvarez de Miranda) hasta límites insoportables para que tampoco recurriera esa ley.

La llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero (marzo de 2004) representó un giro copernicano en la política territorial que había mantenido hasta entonces el PSOE. Se abandonó el consenso en las Cortes y se abrió de nuevo el proceso autonómico con los solos apoyos de los nacionalismos periféricos. Un proceso marcado por el nuevo Estatuto catalán y por sus pésimas consecuencias.

En marzo de 2003 Pascual Maragall presentó solemnemente en el Parlamento de Cataluña un documento titulado Bases para la elaboración del Estatuto de Cataluña, haciendo del nuevo Estatuto el centro de su oferta programática, lo cual planteó la necesidad de encajar aquel discurso hipercatalanista en un PSOE que todavía ocupaba en aquellas Cortes el lugar de la oposición.

La transformación del PSOE en avalista de aquella locura empezó con suavidad en un manifiesto acordado a orillas del mar Cantábrico, en el cual, sin compromiso alguno, se hablaba de una España a la que se adjetivó de “plural”. El aroma maragalliano de aquella declaración de Santillana no asustó a nadie. Luego llegaron las palabras de Rodríguez Zapatero –ya dentro de la campaña de las elecciones autonómicas catalanas de 2003- prometiendo que si él llegaba a gobernar en España apoyaría el texto estatutario que saliera del Parlamento catalán. Un Parlamento catalán que, poco después, se demostró incapaz de llegar a un acuerdo y fue el propio Zapatero quien lo desatascaría (nunca se sabrá por qué) en una reunión privada con Artur Mas.

El grandilocuente texto del Estatuto del 30 de septiembre de 2005 no se presentaba redactado por un Parlamento, sino por la mismísima Cataluña

El texto del nuevo Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005 era un dechado de grandilocuencia nacionalista. Una retórica mítica impregnaba todo el articulado del proyecto. “Todo él está, en efecto, recorrido por un lenguaje y una visión del mundo propios del nacionalismo más clásico” (José Álvarez Junco). Además, el texto estatutario del 30 de septiembre no se presentaba redactado por un Parlamento, sino por la mismísima Cataluña. Una Cataluña que, según el texto, “ha definido una lengua y una cultura”. Una Cataluña que “ha modelado un paisaje”. Una Cataluña idéntica a sí misma, a-histórica, esencial, siempre agraviada, en nombre de la cual se justificaba la preeminencia de la lengua catalana, la bilateralidad respecto al Estado y la eliminación de cualquier presencia de éste en aquel territorio. El texto volvió a trabarse en las Cortes y de nuevo fue Zapatero quien, conchabado con Mas, volvió a desatascarlo, poniendo a los de ERC en contra (votaron no  en las Cortes y en el posterior referéndum y de resultas de todo ello el tripartito saltó en pedazos y con él también se enterró a Maragall).

Es evidente que el texto salido de las Cortes Españolas y que fue sometido a referéndum en Cataluña el 18 de junio de 2006 (con una decepcionante participación popular) no era el mismo que fue aprobado en el Parlamento de Cataluña (los cambios afectaron a casi centenar y medio de artículos), habiéndose enmendado a la baja núcleos sustanciales del proyecto. Pero la distancia entre el proyecto de Estatuto salido del Parlamento catalán y la Constitución era tan grande que “aquella distancia iba a dejar muy escorado hacia el confederalismo y el debilitamiento de la cohesión territorial el punto posible del consenso… lo que ha convertido, objetivamente, la gresca estatutaria en una costosísima guerra de desgaste del sistema” (Roberto L. Blanco Valdés).

En lugar de plantear una nueva ley de Referéndum que evitara que un texto que iba a ser recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) fuera votado antes en referéndum, Zapatero prefirió dejar la ley como estaba y poner en el disparadero al TC, que hubo de enmendar un texto aprobado en un referéndum, aunque en él hubiera escasa participación y un notable número de noes.

Si alguien desea comprobar hasta qué punto las reivindicaciones nacionalistas no han hecho sino dispararse hasta cotas que antaño eran inimaginables, le bastaría con leerse el Estatuto de Cataluña de 1932 y compararlo con el aprobado 74 años más tarde: “Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español”, decía el artículo 1 del Estatuto de 1932. Si, además, se repasan las competencias exclusivas de aquel Estatuto de 1932 con el aprobado en Referéndum el 18 de junio de 2006 se llegará fácilmente a la conclusión de que el tiempo, en efecto, no ha pasado en balde. Y todo ello sin que la fortísima inmigración castellanoparlante que hubo hacia Cataluña, por lo menos a lo largo de veinte años durante el franquismo, haya servido para moderar las demandas nacionalistas, especialmente las lingüísticas. Aquel Estatuto no arregló nada, pero la sentencia del Constitucional que borró los artículos que no cabían en la Constitución sí que ha servido de pretexto para montar el tornado que ha ocupado a tiempo completo la política catalana y que ha destruido a su paso todo el sistema preexistente.

En la reciente Historia de España no se había producido antes un guirigay soberanista de envergadura igual al actual

El hambre (o la voracidad) de autogobierno que sienten los nacionalistas –y no sólo los manifiestamente radicales, también los moderados– no parece que vaya a saciarse con nuevos Estatutos ni -digámoslo claramente- con ningún Estatuto.

El resultado tras aquella idea estatutaria ha sido un auténtico desastre, pues en la reciente Historia de España no se había producido antes un guirigay soberanista de envergadura igual al del que estamos asistiendo. La música nacionalista nos era conocida, y también nos era familiar la letra, pero la orquesta y los tambores nunca habían sonado con tanto estruendo.

En cualquier caso, resulta sorprendente el espeso silencio y la falta de contundencia en las respuestas que cabía esperar a su tiempo de la otra parte, es decir, de los partidos de ámbito nacional, creyendo (ambos, PSOE y PP) que Pujol y sus parciales eran, en el fondo, buenos chicos. Tan buenos que no han tenido ningún empacho en negar los más elementales derechos a buena parte de los catalanes, asaltar la Constitución y las leyes, ignorar las sentencias, convocar consultas ilegales, destruir la convivencia y hasta autodestruirse políticamente a sí mismos, como ha hecho ese genio llamado Artur Mas.