En otros tiempos, un acuerdo de gobierno en el País Vasco entre el PNV y el PSE hubiera tenido para el PSOE la consideración de asunto de Estado. Ahora no. O, al menos, así se deduce de la forma en la que Iodia Mendia ha alcanzado el pacto con Íñigo Urkullu que hoy se oficializará en el Parlamento Vasco.

La líder de los socialistas vascos ha negociado asuntos tan importantes como la reforma del Estatuto de Guernica en un plazo de ocho meses; la consideración de Euskadi como nación; el establecimiento de una relación bilateral con el Gobierno central; el reconocimiento del derecho a decidir; la asunción de las competencias sobre seguridad social; el fin de la dispersión de presos de ETA, y la cesión de la competencia sobre prisiones al Gobierno autónomo, tras unas consultas telefónicas con el presidente de la Gestora, Javier Fernández.

Es decir, que la discusión sobre un documento que trasciende, con mucho, un pacto de legislatura, que va a condicionar la agenda política nacional y que, sin duda, va a ser analizado al detalle por la Generalitat de Cataluña, no ha merecido, no ya un almuerzo en condiciones, sino tan siquiera un mísero café entre el máximo responsable de la dirección socialista y la secretaria general del PSE.

Un miembro de la Gestora comentaba ayer en privado que, con el citado acuerdo, «el PSE sale de su irrelevancia». De nuevo estamos ante un análisis de vuelo rasante, en el que lo primordial es la posición del partido, y no las repercusiones que sus actos pueden tener para el conjunto de los ciudadanos. Y, además, ¿a qué precio ha cedido el PSE cuestiones tan sustanciales? Parece que la única contraprestación para los socialistas se concreta en tres carteras de escaso peso político.

Tal vez la etapa en la que Alfonso Guerra hacía pasar por Ferraz a todo aquel que pretendía moverse un poco en la foto respondía a un modelo en exceso jacobino del partido. Pero de ahí a lo que ha sucedido ahora con el acuerdo en el País Vasco va un mundo, y sólo se explica en el contexto de debilidad y desconcierto que vive el PSOE tras la salida forzada de Pedro Sánchez.

Desde Euskadi, los socialistas aseguran que el pacto «respeta la legalidad vigente». ¡Faltaría más! Y se argumenta que, cuando se habla de reconocer al País Vasco como nación, se piensa en elementos culturales o lingüísticos. Seguro que en el PNV no opinan lo mismo al respecto.

El acuerdo del PNV consigue mantener la ventaja comparativa del País Vasco con respecto a Cataluña

Urkullu, que volverá a presidir el Gobierno en virtud del consenso con los socialistas, es un político sensato. Como era de esperar, no ha buscado el respaldo de Bildu, ni tampoco el de Podemos. El líder nacionalista sabe, y así lo declaró en plena campaña electoral, que «es imposible que hoy un Estado se pueda declarar independiente». Pero Urkullu es consciente también de que en la lista de prioridades del Gobierno de Rajoy para la próxima legislatura figura en primer término el asunto de Cataluña. Es evidente que el PNV va a querer mantener la ventaja comparativa que le proporciona su particular estatus político, en el que, tras reconocer unos derechos históricos, se permite que las diputaciones forales del País Vasco tengan su propia Hacienda.

Curiosamente, los tiempos pactados coinciden con la hoja de ruta que quiere llevar a cabo Puigdemont en Cataluña. Pero Urkullu ha logrado dar un paso de gigante en el autogobierno sin apenas hacer ruido y con el apoyo del PSE. Hay que felicitar al lehendakari por su habilidad.

A la Gestora del PSOE ahora le toca no sólo asumir -y explicar- lo que se ha firmado en Bilbao, sino afrontar cuestiones como éstas: ¿Con qué autoridad va a limitar los postulados filonacionalistas del PSC? ¿Cómo afectará ese acuerdo a la postura de Francina Armengol respecto al Estatuto de Baleares?