«La CUP es una organización política asamblearia de alcance nacional, que se extiende por todos los Països Catalans y que trabaja por un país independiente, socialista, ecológicamente sostenible, territorialmente equilibrado y desligado de las formas de dominación patriarcales”. Así se define el partido que, con diez diputados en el Parlament, marca la política catalana desde que en septiembre de 2015 la alianza de Convergéncia y Esquerra se quedó a seis escaños de la mayoría.

Con presencia en una setentena de municipios catalanes, la CUP obtuvo en los pasados comicios del 27 de septiembre 336.375 votos, más del doble que en las anteriores autonómicas, con una candidatura que aglutinaba no sólo a las Candidaturas d’Unitat Popular (CUP) sino a otros movimientos de extrema izquierda catalana como Endevant y Poble Lliure. Alianza que ha servido para ampliar su base social, pero también para aumentar la cacofonía de voces que hace tan difícil para JxS manejar una legislatura con los anticapitalistas como socios de Gobierno. Especialmente la integración de Endevant, cuya líder, Anna Gabriel, se ha convertido en la líder del grupo parlamentario y en la responsable de encarecer el coste de cada nuevo apoyo parlamentario al Gobierno de Carles Puigdemont.

Esta inestable alianza ha tenido ya enormes costes para la coalición independentista. De entrada, la dependencia de la CUP obligó a Artur Mas a renunciar a la presidencia de la Generalitat apenas unas horas antes de que concluyera el plazo para la convocatoria automática de unas nuevas elecciones. La renuncia llegó después de un duro proceso negociador que también produjo bajas en el bando de los anticapitalistas: su cabeza de lista por Barcelona, el periodista Antoni Baños, renunció al escaño tras perder un debate interno en el que había apostado por apoyar la investidura de Mas.

La renuncia de Mas sirvió para garantizar la investidura, pero el bloqueo regresó con la propuesta de presupuestos que Oriol Junqueras llevó al Parlament en junio, y que la CUP se negó a apoyar. La derrota parlamentaria llevó a Puigdemont a lanzar su propio órdago, una cuestión de confianza, fijada, eso sí, en diferido. Los dos meses de plazo le sirvieron al presidente catalán para abrir negociaciones no con la facción “amiga” de la CUP, la liderada por el ex diputado David Fernández, sino con el grupo Endevant que lidera Gabriel. De esas negociaciones surgió el compromiso de apoyar las cuentas para garantizar la celebración de un referéndum de independencia, que era la condición para que Puigdemont no convocara elecciones.

Correa de transmisión de la ANC

Más allá del apoyo a los presupuestos, que Gabriel y Eulalia Reguant se encargan de poner en duda día sí día también para poner en valor sus votos, la CUP se ha convertido en correa de transmisión de las exigencias de las entidades independentistas en el Parlament. El último ejemplo ha sido la propuesta de avanzar el referéndum por la independencia en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilite a Carme Forcadell. Una idea que lanzó en primer lugar el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y que fue rápidamente recogida por el diputado de la CUP Quim Arrufat. Esta semana, tanto Junqueras como su número dos, Marta Rovira, han coqueteado con la idea, aunque el vicepresidente catalán apuntara a las dificultades operativas de adelantar la consulta.

La CUP tampoco descuida su flanco izquierdo, en el que compiten con Podemos y los Comunes de Ada Colau. Por eso, todas sus exigencias presupuestarias se ciñen a exigir más gasto social. Y sus iniciativas parlamentarias insisten una y otra vez en cuestionar el papel de los Mossos d’Esquadra, otro de los elementos de fricción constante con el Gobierno de la Generalitat. El último ejemplo de esas fricciones ha sido la detención de la alcaldesa de Berga para que cumpliera con el mandato de comparecer ante el juez, y que corrió a cargo de la policía autonómica. Una intervención que conllevó la aprobación en el Parlament de una moción en la que se asumía como normalizados los abusos por parte de los mossos, apoyada por la coalición gubernamental, ante la pasividad del consejero de Interior.