Tras un sexenio de instrucción y de correlativa corriente informativa presentando el caso ERE como una segura condena, pocas son las reflexiones existentes sobre las verdaderas opciones jurídicas que la causa presenta para las defensas, pues, con honestidad, la probabilidad de que dicha reflexión pueda producirse en un entorno limpio, objetivo y aséptico es cada vez más remota.

Es fascinante comprobar cómo en el caso ERE –como en cualquier causa mediática del mismo corte– los tertulianos y opinadores de salón, sin ser juristas ni conocedores de los entresijos del proceso, mutan sin pudor a la condición de expertos en Derecho y espetando «verdades como puños» no dejan el menor espacio a que el receptor del mensaje se plantee otra opción que la culpabilidad sin paliativos, pues de manera evidente la sociedad quiere culpables y culpables ha dedárseles.

Nadie ha opinado con criterio sobre el proceso y el verdadero quid iuris del caso ERE sigue siendo un gran desconocido para la opinión pública, pues el desconocimiento profundo desde el que la escena mediática ha condenado ya a los acusados de la trama política del caso ha generado tal irrevocable estado de opinión que dar la menor opción a la tesis defensiva se ha convertido, hoy por hoy, en algo estrafalario, inasumible e incluso indeseable por los mismos que, sin haberse celebrado aún el juicio, han repartido ya las cartas de la culpabilidad.

El globo mediático ha condenado ya a los acusados y la tesis defensiva se ve hoy como algo estrafalario»

Y el caso tiene defensa, rotunda defensa, siempre la ha tenido. Ninguna disputa jurídica es blanca o negra, pero en el caso ERE nadie ha gastado la menor energía en sondear y valorar las verdaderas opciones de cada parte. Todo proceso tiene instrucción, tiene fiscal y tiene acusaciones que acusan pero no todos los juicios terminan en condena, mas al contrario las estadísticas demuestran lo opuesto y la pieza política del caso ERE, si finalmente llegara a ser juzgada en un entorno de objetividad e independencia, créasenos, tiene opciones, muchas opciones.

No es objeto de esta humilde pieza de reflexión confeccionar un tractatus sobre cuáles son las razones de las defensas –muy elevadas si el partido se jugara en un entorno de imparcialidad y sin presión ambiental–, pues es nuestro interés resaltar el temor a que precisamente la rotundidad con el que el globo mediático ha condenado ya a los acusados y  la subsecuente alarma social creada genere tal estado de necesidad de condenas que el Derecho pueda llegar a terminar brillando por su ausencia.

Los profesionales del Derecho confiamos –como no podría ser de otra manera– en la Justicia en mayúsculas y en el estado de derecho entendido en su conjunto, pero en realidad es muy difícil abstraerse de la presión que la sociedad y los medios vienen ejerciendo. Los magistrados, como cualquier jurista, son personas, personas en las que hemos de confiar, pero personas al cabo que pudieren aún de manera inconsciente sucumbir a la presión y que el principio de in dubio pro reo llegue a ser transformado en un imperativo «in dubio pro ejemplarización y condena».

Hay que ser muy independiente para absolver a 26 encausados presentados en la picota como culpables»

Porque, no nos engañemos, a pesar de confiar en la justicia hay que ser enormemente independiente, enormemente objetivo, enormemente neutral como para llegar a absolver a 26 encausados presentados en la picota de la plaza pública con el lema de «culpables» tatuado en la frente, en un proceso judicial en el que el peso en gramos de la causa bien se puede medir en toneladas y en el que la sociedad, revisando retrospectivamente una eventual sentencia absolutoria, quedaría absolutamente contrariada, desengañada y desmoralizada dado que la condena es la única opción que el sistema en su conjunto ha inculcado en el imaginario colectivo.

Sin embargo, si bien se analiza, si las tesis defensivas pudieren llegar a ser sostenidas en un impoluto cuadrilátero en lugar de en un cenagal embarrado y si tal y como el recto aplicar del Derecho aconseja las absoluciones se produjeren, los medios tendrán que ser los primeros en lanzar el verdadero mensaje tranquilizador a todos los que sin duda alguna llegarán a rasgarse las vestiduras, que no es otro que el triunfo de un estado social y democrático de derecho ha de ser que los ciudadanos tengan derecho a un juicio justo, a un juez imparcial, a un proceso con garantías en el cual la Justicia –en mayúsculas– nos garantice a todos que por más presión que exista en torno a un caso, por más deseo de condenas que pueda haber, por más ejemplo que la condena pueda producir en la evitación de futuros delitos, si el recto aplicar de la norma impone la absolución, la absolución ha de producirse. Ojalá así sea pues tiempo al tiempo, para que la última palabra sea finalmente dicha, mucho aún ha de acontecer.


Juan Carlos Alférez es abogado y defiende a varios investigados en el caso ERE.