Seguimos dando vueltas a la noria catalana sin avanzar un sólo paso. El Gobierno de España mantiene su politica de acercamiento a las organizaciones e instituciones civiles no directamente embarcadas en la aventura independentista con la esperanza de desactivar por la base el apoyo a la fantasía de un Estado soberano que los dirigentes políticos catalanes han inoculado con éxito indiscutible en amplias capas de la sociedad. La munición que lleva en el morral para atraer a ese público se llama fundamentalmente dinero. Dinero para invertir en proyectos pendientes y largamente reclamados en Cataluña, como el Corredor del Mediterráneo o la mejora de la red de Cercanías, todas peticiones o reivindicaciones incluidas en los 46 puntos que Puigdemont entregó  a Rajoy en la entrevista que celebraron hace ya casi un año. Lo que está buscando el Gobierno es que la opinión pública catalana comprenda que, si sus dirigentes quisieran, podrían tener ya muchas de las cosas que reclaman desde hace años y que el presidente Rajoy está  dispuesto a abordar proyectos millonarios en infraestructuras que mejorarían en gran medida sus vidas. Pero que, y aquí está el quid de la cuestión, no puede acometer ninguna de sus ofertas porque Puigdemont y los suyos ponen como condición irrenunciable algo que el Gobierno de España no puede en modo alguno admitir: la celebración de un referéndum de autodeterminación disfrazado del eufemístico término del «derecho a decidir».

Es decir, el Gobierno pretende aprisionar a los independentistas entre los dos brazos de una pinza. Por un lado, hacerles culpables ante la opinión pública de la paralización de esas enormes inyecciones de  dinero, con lo cual esperan que una parte de la ciudadanía se incline máyoritariamente por tener pájaro en mano y abandone el sueño de un ciento volando. Y por otro, poner a los dirigentes de la Generalitat ante la tentación de cerrar algunos acuerdos contenidos en los 46 puntos, con lo que su argumento de que el Gobierno está cerrado al diálogo caería por su propio peso y debilitaría muy seriamente su posición de víctima a la que no se deja más salida que la declaración unilateral de independencia.  Porque todas esas negociaciones están taponadas por la pretensión de celebrar el referéndum y eso es lo que el Gobierno está empeñado en poner en valor. A Puigdemont y a Junqueras, más al primero que al segundo les viene muy mal esta estrategia porque les priva de presentarse como víctimas maltratadas y la reciente filtración -desde luego interesada y con un objetivo político evidente- del encuentro secreto de  Rajoy y Puigdemont  celebrado por iniciativa del presidente del Gobierno ha dejado al presidente de la Generalitat en una posición de debilidad argumental muy considerable.

Pero el tiempo va pasando y no hay mucho tiempo para que esta estrategia del Gobierno dé los frutos buscados. Por lo que se refiera a los independentistas, se van a ver finalmente obligados a decidir si optan por provocar un conflicto frontal con el Estado y le fuerzan a tomar medidas drásticas que impidan la celebración de ese referéndum, u optan por no llegar hasta el borde del acantilado y, una vez constatado y explotado ante la opinión pública el hecho de que el Gobierno impide el referéndum, con lo cual la convocatoria es inviable,  convocan elecciones anticipadas. Con esa fórmula evitarían el choque y podrían dar la patada al balón para que la promesa de la independencia siguiera produciendo resultados electorales. Porque es un hecho que ninguno de los dos partidos tiene nada que ofrecer ala ciudadanía salvo esa promesa del paraíso independentista. Lo dijo el propio Artur Mas uno de estos días hablando de la posibilidad de que vuelva a encabezar el cartel electoral de su agonizante partido: «Si me autodescarto, la debilidad de nuestro proyecto político es muy grande».  Y tanto que sí porque ésta ha sido una legislatura completamente estéril y porque en su proyecto no hay nada que no sea la fantasía vendida durante todos estos años a sus conciudadanos. Eso sin contar los juicios a los que el partido y muchos de sus dirigentes se van a tener que enfrentar para responder de sus presuntas responsabilidades en los casos de corrupción conocidos como «los del 3%». Pero si a los pocos que le quedan al PDCat les interesan unas elecciones que cabalguen exclusivamente sobre la reacción airada de quienes soñaban con haber podido votar la independencia y no lo han logrado, a los de ERC lo que les interesa de verdad son las elecciones, no el referéndum. Unas elecciones en las que Oriol Junqueras tiene todas las de ganar frente a sus todavía socios pero en realidad sus adversarios. Por eso no es descartable que todo este despliegue de retos y promesas de «llegar hasta el final» se sustancie finalmente en unas elecciones anticipadas más que en un intento desesperado por poner unas urnas ilegales.

Por lo que se refiere a esas famosas leyes clandestinas que dicen que tienen escondidas y esas «estructuras de Estado» que tienen preparadas «para poder actuar desde el primer momento como un Estado», según ha dicho Puigdemont, ignoran deliberadamente el pequeño detalle de que para «poder actuar como un Estado» necesitarían ser reconocidos como tal por la comunidad internacional, primero por la ONU y, sólo cuando ese reconocimiento se hubiera producido,  tendrían que lograr el reconocimiento de la Unión Europea. Y todos ellos saben que ninguna de las dos opciones tiene la menor posibilidad de hacerse realidad.  Saben que ningún país del mundo, y desde luego no los que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni los que integran la UE, estaría dispuesto a dar carta de naturaleza a la declaración unilateral e ilegal de independencia de una comunidad próspera perteneciente a una nación democrática en la que se respetan todos los derechos y libertades de sus ciudadanos. Por eso todos los preparativos que dicen tener a punto no son más que esfuerzos baldíos. En esto, como en todo, juegan con la ignorancia y con la credulidad de la ciudadanía. Sólo la destrucción de Europa a manos de los populismos nacionalistas que han emergido de nuevo en varios países de nuestro entorno y el abandono total de las reglas que han regido el destino político europeo después de la Segunda Guerra mundial ofrecería a estos secesionistas catalanes la posibilidad de romper España y constituirse como nación independiente. Pero seguramente entonces ya no estarían interesados en correr esa aventura.