Ciudadanos ha optado por recuperar la vertical e intentar sacudirse la imagen de peluche en manos del PP que juega con ese partido igual que un niño juega con su Pocoyó. Esto han decidido este viernes después de constatar que su reputación como partido solvente, creíble y con personalidad se estaba diluyendo como un azucarillo en el vaso de agua que se estaban bebiendo con toda tranquilidad los populares, seguros de su poder y, sobre todo, seguros de la dificilísima situación en que se encuentran los de Rivera.

Y tienen razón los Maillo et alli en considerar que Ciudadanos está operando en una tierra de nadie y que no tiene otra escapatoria que la de refugiarse en los brazos de los dirigentes de la calle de Génova para conservar su presencia y un cierto peso en la vida política española. Pero no han tenido en cuenta que, cuando se aprieta demasiado la garganta de alguien, o deja de respirar y se muere, o se revuelve, le da una certera patada al agresor y consigue recuperar su libertad y su autoestima. Y lo que estaba pasando en los últimos tiempos era que Ciudadanos empezaba, efectivamente, a hacer el ridículo, que es tanto como acercarse a la muerte electoral y que han optado por reaccionar a tiempo y parece que le van a dar una patada al PP donde más le duele.

Ciudadanos está muy tocado porque no ha sido capaz de mantener una actitud coherente en toda España

Pero Ciudadanos está ya muy tocado porque no ha sido capaz de mantener una actitud coherente, es decir, explicable, en toda España en materias tan sensibles para la opinión pública como el asunto de las medidas que el partido que pacte con ellos debe comprometerse a adoptar contra aquellos de sus miembros que estén incursos en procedimientos judiciales. Porque es verdad que lo que exigen en Madrid a Cristina Cifuentes no se lo exigen en Andalucía a Susana Díaz en casos muy similares. Y que lo que reclaman al presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP, no se lo reclaman al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, del PSOE. Y que lo que exigen en Madrid y en Murcia no es lo mismo que suscriben en la proposición de ley presentada por este partido y aprobada por el Congreso -Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes- donde se defiende la «inhabilitación o suspensión de cargo público, desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento».

Fue el propio Albert Rivera quien defendió en el Parlamento con convicción y argumentos de peso la necesidad de que, antes de que una sanción del Código Penal caiga sobre un responsable público, desde el momento en que un juez abre juicio oral contra él está obligado a dar respuesta a la exigencia de responsabilidad y ejemplaridad que reclama una sociedad estragada ante tanto caso de corrupción como está contemplando en nuestro país. Y eso tiene sentido y es coherente con el planteamiento que Ciudadanos plasmó también en los Acuerdos del Abrazo firmados con el PSOE a comienzos de 2016, cuando Pedro Sánchez intentaba ser investido presidente del Gobierno.

Independientemente de que esa medida también castiga a los responsables políticos sometidos a juicio antes de que el juez dictamine su culpabilidad o su inocencia, es evidente que la propuesta se aproxima más a una idea de equilibrio sancionador que la exigencia de inhabilitación desde el momento en que se adquiera la condición de investigado, que no es más que la constatación de indicios que el juez debe dilucidar, para lo cual llama a declarar al interesado. Eso sin contar con que es del todo improbable que una medida así tenga encaje jurídico posible.

Pero el problema añadido de los de Albert Rivera es que su desafío al PP se atiene a lo pactado en Murcia -y en Madrid y en La Rioja- pero se contradice con lo defendido por ellos en el Congreso de los Diputados y lo practicado en Andalucía.  Y sucede que en cuestiones tan trascendentales para la vida de una persona, que afectan a su reputación y a su carrera profesional, no se puede andar frívolamente exigiendo unas condiciones en un lugar y otras en otro porque eso daña muy seriamente el prestigio de esta formación y pone muy difícil asentar su imagen de partido solvente.

Ése es el punto débil del partido naranja y ése es el punto en el que el PP quiere insistir hasta el límite de lo tolerable para hacerse fuerte en él hasta que Ciudadanos doble la rodilla e incline la testuz. Pero las cosas no pueden hacerse con tanto desprecio hacia la dignidad del adversario porque se corre el riesgo de que éste reaccione con virulencia y porque también los populares tienen compromisos asumidos públicamente, lo cual les obliga a hacer honor a la palabra dada y, puesto que se los han saltado a la torera, a dar muchas, pero muchas, explicaciones. Es el caso del presidente murciano, que no sólo firmó el acuerdo con el partido naranja sino que declaró públicamente su determinación de cumplirlo en todos sus términos.

Rivera se juega su prestigio y nada menos que sus opciones de futuro: no puede permitirse el lujo de perder

Al final, tanto el PP como el partido de Albert Rivera tienen puntos oscuros y una mala defensa de sus respectivas posiciones. Ciudadanos es más débil y no sólo en votos, aunque es muy probable que si no se hubiera mantenido en posición de «pensamiento impecable» y hubiera entrado en el Gobierno, ahora no se vería colgado de un alambre, aprisionado entre  la fuerza del Partido Popular y las fauces del descrédito que le esperarían si cayera en la tentación de pactar en Murcia con el PSOE y… con Podemos una moción de censura. Como esa opción sería suicida para ellos, van a optar por tirar de la cuerda para ver si el PP cede en el desafío. Exactamente lo mismo van a hacer los populares. A ver quién aguanta más.

Pero en este envite Rivera se juega muchas más cosas que su contrincante: se juega su prestigio y se juega nada menos que sus opciones de futuro. Por eso, no puede permitirse el lujo de perder. La partida se va a trasladar, por lo tanto, a Madrid, al Gobierno de la nación. Pero ahí el presidente Rajoy  sigue conservando en su mano el arma atómica de la convocatoria de elecciones anticipadas, cosa que no desea en absoluto. Pero todo depende de lo difícil que se lo pongan.