La confesión -tras un pacto con la Fiscalía Anticorrupción- de Félix Millet y Jordi Montull, los dos gestores que durante años llevaron las riendas del Palau, supone la coronación de un largo trabajo de investigación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad sobre la mecánica de financiación ilegal de la extinta CDC, el partido fundado por Jordi Pujol y liderado en su último tramo por Artur Mas.

Doce años después de la acusación de Pasqual Maragall en el Parlament -"su problema es el 3%"-, ya no hay duda de que el partido nacionalista catalán se financiaba mediante el pago de comisiones a cambio de obra pública. Con un matiz: en el caso del Palau no era el 3%, sino el 4%, porque, como aseguró Montull ante el tribunal, CDC "quería más dinero". También hay que puntualizar que los dos acusados se llevaban su parte, con la que pagaron todo tipo de gastos personales, incluidos los de las bodas de sus hijas.

Parte de la sociedad catalana piensa que la corrupción -el 3%- no inhabilita a parte de su clase política, sino que la reivindica como víctima de un Estado que quiere frenar la independencia

Todo se hacía con mucha naturalidad. Una empresa tan reputada como Ferrovial abonaba su parte con la excusa de ayudar a una institución tan apreciada por la burguesía catalana como el Palau. Pero sabía perfectamente que su donación era finalista, hasta el punto de que uno de sus directivos llegó a exigir más contratos públicos al mismísimo Millet.

La aparición en la escena del 3% del abogado Miquel Roca demuestra hasta qué punto la mecánica del pago de comisiones a cambio de contratos públicos estaba instalada en la sociedad catalana. Roca, además de ponente de la Constitución, fue durante mucho tiempo portavoz de CiU en el Congreso y rechazó ser ministro de Exteriores tras ofrecérselo Aznar. También es el abogado de la Infanta Cristina, entre otras personas de relieve. Toda la clase dirigente de Cataluña sabía cómo funcionaba el mecanismo pero nadie lo denunció, en primer lugar porque todos se beneficiaban de él y, en segundo término, porque era una de las garantías de que CiU pudiera seguir en el poder ad eternum.

La justificación moral -no olvidemos que CiU era un partido demócrata cristiano- de la corrupción era la construcción de una nación. Ayer, el ex tesorero de Convergencia Daniel Osácar explicó de esta forma el pago de más de 600.000 euros del Palau a la Fundación Orfeo (desde donde se desviaba al partido): "La Fundación no llegaba a todo lo que quería en la difusión de la cultura catalana y busca el apoyo de CDC para que en las fiestas mayores de los pueblos no sonara sólo música andaluza, sino que hubiera también sardanas". ¡Cómo no entender este argumento como una prueba de que la corrupción tenía para los nacionalistas un fin patriótico!

Artur Mas sale malparado, pero sus responsabilidades al frente de Convergencia y de la Generalitat quedan amortiguadas por el sentimiento victimista de Cataluña

El caso Palau es el fin de Convergencia, pero no el fin del nacionalismo. Entre la alta burguesía catalana se ha extendido la tesis de que los casos del 3%, Palau o Pujol forman parte de una estrategia "de Madrid" para frenar el referéndum independentista. Los hechos se aparcan oportunamente y el mal acaba diluyéndose en la generalización: "Todos los partidos han hecho lo mismo, desde CiU, al PP o al PSOE".

Hay que perder la esperanza de que las últimas confesiones tengan un significativo recorrido político. Artur Mas sale malparado, pero sus responsabilidades al frente de Convergencia y de la Generalitat -que era quien ofrecía la contraparte de las donaciones en forma de obra pública- quedan amortiguadas por el sentimiento victimista que tan hábilmente se ha fomentado en Cataluña.

La posverdad no es una verdad a medias, sino una mentira asumida como verdad conscientemente. Por ello, hay todavía muchos catalanes que piensan que el 3% no inhabilita a una parte de su clase política, sino que, al contrario, la reivindica al haber sido victima del aparato de un Estado que rechaza una Cataluña independiente.