La revocación de la medalla de oro de Barcelona por parte del Ayuntamiento de la ciudad, a Rodolfo Martin Villa, último gobernador civil de la provincia durante el franquismo, es una decisión inútil, excesiva, extemporánea, vengativa y, por tanto, injusta.

Probablemente no es aventurado conectar el protagonismo del primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello (escritor hispano-argentino, profesor de derecho en la Universidad de Barcelona, hijo de un miembro de la Unión Cívica Radical desaparecido durante la dictadura militar argentina y actual mano derecha de la alcaldesa), con la iniciativa de la jueza, también argentina, María Servini, instructora de la causa penal contra el franquismo, a la que se ha adherido la Ciudad Condal.

Esta causa toma pie en los incidentes que tuvieron lugar en Vitoria, en 1976, en los prolegómenos de la Transición española, cuando cinco trabajadores murieron como consecuencia de disparos policiales y 150 resultaron heridos por heridas de bala. 40 años después de aquellos disturbios, la decisión del consistorio barcelonés pretende manchar el buen nombre de un añoso político español que jugó un papel decisivo en el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia.

La revocación de la medalla de oro de Barcelona es una decisión inútil, excesiva, extemporánea, vengativa y, por tanto, injusta

En las redes sociales, alguien, con arrojo poco común, ha escrito: “Sin él, la Transición hubiera sido mucho más difícil y violenta de lo que fue”. Y en el mismo ámbito hay quien se pregunta: “¿Pueden unos dirigentes retirar los honores concedidos por sus antecesores? Si fuese así, sería absurdo. El tiempo no se puede volver atrás, lo ocurrido no puede dejar de haber ocurrido. Los honores que otros concedieron, concedidos quedan”. Y quién va un poco más allá: “Es más digno y ha hecho más por la ciudad el ex ministro que pierde la medalla que todos los concejales que se la han quitado”. Pequeñas sentencias para grandes verdades, por lo que la medida, solo impugnada por el Partido Popular, tiene el aroma de una venganza con casi medio siglo de retraso.

Nacido en Santa María del Páramo (León), hijo de un modesto ferroviario, que era empleado de la compañía “Norte”, Martín Villa fue designado, siendo aún muy joven, jefe del Sindicato Español Universitario (SEU), banco de pruebas para una temprana vocación política y fielato para ocupar –previa oposición- funciones administrativas en la Administración del Estado. Ministro de Relaciones Sindicales en el primer gobierno de la monarquía, Adolfo Suárez le nombró Ministro de la Gobernación (1976-79) tras las primeras elecciones democráticas de 1977, culminando su periplo público como Ministro de Administración Territorial y Vicepresidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, que inició su andadura al abortarse el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Por fidelidad a su trayectoria como hombre de Estado, aceptó en 2003 el nombramiento como comisionado del Gobierno para el desastre del Prestige.

Aceptó en 2003 el nombramiento como comisionado del Gobierno para el desastre del Prestige

Tras su dilatada experiencia política, este ingeniero industrial de formación, ha trabajado en la empresa privada; entre otras cosas, ha sido presidente de Sogecable y de Endesa tras su privatización. En la actualidad es consejero de Técnicas Reunidas y de la Sareb, empresa esta última donde no ha percibido remuneración alguna desde su incorporación al Consejo.

No tenemos noticia de peripecia judicial alguna en la que haya estado inmerso como consecuencia del ejercicio de sus cargos y su trayectoria, como servidor público y en los cometidos privados que ha desempeñado, ha sido virtuosa, según manifiestan quienes han sido sus colaboradores mediatos e inmediatos. Hay coincidencia en convenir que se trata de un hombre honrado y un trabajador infatigable.

Y esta ha sido su fama hasta que la jueza argentina inició un procedimiento con el objetivo de procesarle por su ‘participación’ en los sucesos de Vitoria. No está de más recordar que el Ministro de la Gobernación en aquel momento era Manuel Fraga Iribarne, que se hallaba ausente del país cuando ocurrieron los hechos.

Como servidor público y en los cometidos privados que ha desempeñado, ha sido virtuosa

Cuatro décadas después de lo de Vitoria, el edil Pisarello pretende hacer justicia con uno de los forjadores de la Transición, al que considera «un hombre que simboliza como nadie las turbias relaciones económicas entre la actual monarquía parlamentaria y el franquismo».  Y redobla el tambor de batucada para justificar la revocación de la medalla: «reparar a todas las víctimas a quienes Martín Villa aún no ha pedido perdón». Soy un rábano. Cógeme por las hojas.

Este ajuste de cuentas, obsoleto, no debe sorprender cuando al tiempo se anuncia que el Ayuntamiento de Durango se querellará contra los 45 pilotos que bombardearon la villa hace 80 años, causando la matanza de 336 personas. Cabe preguntarse: ¿y la Transición, para qué sirvió?

Desde sus tiempos de delegado sindical de los estudiantes, Martín Villa se ha caracterizado por ser un hombre combativo, que no hurta el bulto y que ha mostrado su disposición a comparecer ante la justicia argentina. Cuando conoció la intención del Ayuntamiento de Barcelona de despojarle de la medalla, denunció la indefensión defendiendo su contribución a la implantación de la democracia. En tiempos de furia e ira, sus buenos modos suenan añejados pues el expediente que sirve de base al castigo municipal se basa en «la represión directa de los ciudadanos que participaban en la movilización de movimientos sociales democráticos de la época».

Martín Villa se ha caracterizado por ser un hombre combativo, que no hurta el bulto

Y es aquí donde se advierte la injusticia que hay en esta retirada de honores, acumulados en los tiempos espinosos de la Transición, pues sólo gracias a Martín Villa y a quienes entonces le acompañaron, pueden los que ahora pretenden deshonrarle ocupar -con credenciales populares, sí, pero gracias a la laboriosamente elaborada arquitectura constitucional- posiciones institucionales desde las que pretenden estar legitimados para enervar los méritos de uno de sus artífices, como el maestro de escuela que en el último curso pretende que un alumno le devuelva la matrícula de honor que le concedió en el primer curso.

En aquellos años setenta, por los que fueron reconocidos los méritos de Martín Villa como gobernador civil de Barcelona, nadie podía imaginar que casi medio después después iban a ser impugnados; se discute ahora el criterio de los jueces que los evaluaron para concederle la medalla de la que ahora se le despoja. Martín Villa no la pidió y, de haber previsto lo que ahora ocurre, tal vez habría preferido seguir el ejemplo de Els Joglars, que rechazaron todos los honores públicos que las instituciones les brindaban. Y ahora no tendría que explicar a sus nietos por qué y cómo su itinerario ha sido el de un ciudadano ejemplar, un político íntegro y uno de los ingenieros que proyectaron el encomiado paso a la democracia.

Es sabido que mantuvo una relación, “fluida y continuada”, durante 30 años con Santiago Carrillo

Una pequeña muestra de esta trayectoria es la Orden de legalización del PCE, que dictó en su condición de Ministro de la Gobernación, en el Sábado Santo de 1977, que alcanzó celebridad por ese motivo. Es sabido que mantuvo una relación, “fluida y continuada”, durante 30 años con Santiago Carrillo, y que ha echado de menos, años después, que en la vida política no exista aquella «complicidad» entre gentes tan distintas que supieron «encontrarse en lo fundamental» (temas autonómicos, terrorismo, relaciones exteriores y defensa).

En 1984, Rodolfo Martín Villa escribió un libro, Al servicio del Estado, cuyo título es descriptivo de su recorrido vital. 32 años después, el ayuntamiento de la ciudad en la que vivió años decisivos, apoyado en los informes del Comisionado de Programas de Memoria, ha retirado el reconocimiento (638 concedidos entre 1939 y 1979) del que fue objeto en aquel infortunado año.

¿Este revisionismo pretende reabrir un debate absurdo, por anacrónico e imposible: reforma o ruptura? Tan sólo la transición pacífica de la dictadura a la democracia nos permite ahora debatir, académicamente, esta hipotética e imposible alternativa.

En cualquier caso, la legitimidad institucional nunca debe encontrar acomodo en el cinismo.