Ha vuelto a fracasar. Puigdemont no consigue alcanzar su pretensión de convocar un referéndum ilegal como resultado de la demanda mayoritaria de la población y de las fuerzas políticas que la representan. Ayer volvió a tropezar contra la misma piedra de siempre porque en la reunión del llamado Pacto Nacional por el Referéndum no logró que ni Catalunya en Comú, el partido de Ada Colau y Xavier Domènech, ni Podem, la división catalana de Podemos, representada por Albano Dante Fachin, cedan y acepten que, puesto que el Gobierno no acepta negociar y pactar la celebración de semejante convocatoria, ellos se suman a la formula de referéndum unilateral que defienden los independentistas enragés. Y así ha sido. Terminada la reunión, convocada siempre con gran aparato y pretensiones de solemnidad, que es lo que les gusta hacer para aparentar que estamos permanentemente ante un acontecimiento trascendental, los representantes de las dos formaciones antes citadas han expuesto sus respectivas posiciones, algo que por otra parte ya conocíamos. A saber: que le han dicho al señor Puigdemont que mientras no les aclare cómo va a conseguir celebrar una consulta legal, que produzca efectos jurídicos y que cuente con el reconocimiento internacional, que no cuente con ellos.

Y, como eso que los comunes y los podemitas le piden, a él le es imposible ofrecérselo, el resultado es que el presidente de la Generalitat sigue compuesto y sin novios. Dada la contundencia de las calabazas recibidas, el dirigente independentista no está en condiciones de erigirse en lo que le permitiría salvar parcialmente la cara: su papel de representante de «la voz de pueblo». Pero es que se demuestra un día sí y otro también que no representa ni siquiera de la voz de la parte del pueblo que, no haciéndole ascos a un referéndum, no quiere participar ni apoyarle en la convocatoria de ese referéndum.Tampoco los sindicatos le han seguido en su camino hacia ninguna parte y han advertido que los funcionarios no pueden ser involucrados en esta aventura independentista.

En definitiva otro día más y, como dice una frase popular brutal y cruda como la vida misma, «ni se muere padre ni cenamos». Aquí pasa la mismo, ni arranca el carro ni sabemos si va a arrancar de una vez (para dirigirse al barranco de cabeza, que eso sí lo sabemos). La reunión del Pacto Nacional para el Referéndum terminó con la disolución de su comisión ejecutiva porque se supone que ya han cumplido su objetivo, que era conseguir 500.000 firmas de apoyo al referéndum, y parece que va a continuar para fomentar el debate sobre el sí o el no a la independencia, como si éste asunto no hubiera sido ya debatido hasta la náusea. De hecho el gobierno catalán no ha hecho otra cosa en los últimos años, hasta el punto de que ni ha gobernado ni ha legislado, sólo ha debatido sobre, y ha amenazado con, la independencia. La conclusión es que estas convocatorias con pretensiones de unanimidad popular están llamadas a agonizar porque la cosa ya no da más de sí.  Ahora sólo queda que Puigdemont suba y luego baje del Sinaí con las «tablas de la ley» en la mano y, en medio de una quedada multitudinaria que haga las veces de pueblo enardecido,  nos ilustre con la fecha y la pregunta de ese referéndum nonato que, como su propio nombre indica, no llegará a ver la luz.

No puede imaginarse mayor asalto a la legalidad ni mayor desprecio al estado de Derecho

Mientras tanto, en el parlamento catalán se han terminado ya los trabajos de la ponencia para la reforma del reglamento de la cámara. Una reforma que busca que la famosa ley -o como se llame eso que tienen guardado bajo siete llaves y de cuyo contenido hemos tenido recientemente noticia para estupor, indignación, escándalo y vergüenza ajena de cualquiera que tenga un mínimo respeto por las libertades públicas y por los derechos ciudadanos-  que el engendro clandestino y antidemocrático que han pergeñado se pueda aprobar en una sola sesión sin que los diputados no independentistas puedan enmendar su contenido y sin que haya tampoco la posibilidad de someterlo al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, dado que éste puede pronunciarse sobre la legalidad de los proyectos de ley pero no sobre las leyes ya aprobadas. No puede imaginarse mayor asalto a la legalidad ni mayor desprecio a las bases que conforman todo estado de Derecho. El PSC ha anunciado ya que va a llevar esta reforma del reglamento al Consejo pero, dado el nulo respeto que estos señores demuestran tener por las normas que ellos mismos se dieron cuando aún eran demócratas, es de suponer que la reforma saldrá adelante «a juerza de juerza» y luego vendrá todo lo demás. Eso si antes no han decidido dejar de hacer el ridículo ante el mundo entero y se apañan con convocar elecciones autonómicas. De momento sigue la noria girando sobre sí misma.