EN VIVO

Sánchez: "El Gobierno va a cumplir con la ley penitenciaria una vez que ETA ha sido derrotada"

Opinión

Orwell regresa a Cataluña

logo
Orwell regresa a Cataluña
Carles Puigdemont, ante Inés Arrimadas, en el Parlament.

Carles Puigdemont, ante Inés Arrimadas, en el Parlament. EFE

Resumen:

La CUP marca la agenda de la política catalana. Sus diez escaños en el Parlament no sólo le dan la llave del gobierno, al sumar la mayoría con Junts Pel Sí (JxS), sino que su determinación en la consecución de sus objetivos acaba siempre por imponerse a la actitud dubitativa de una coalición para la que el referéndum independentista ha pasado de ser una aspiración ilusionante a una insufrible pesadilla.

Los diputados antisistema se han vuelto a llevar el gato al agua al lograr la aprobación de una iniciativa que insta a la Generalitat a castigar sin publicidad institucional a los medios de comunicación que no publiciten la campaña a favor del referéndum.

Los socios catalanes de Podemos (CSQP) se han abstenido, en línea con su política de indefinición sobre la independencia. PSC, PP y Ciudadanos se han opuesto a lo que puede considerarse como una imposición que atenta contra la libertad de los medios de comunicación.

Echándole ingenio, el diputado de JxS Jordi Comunal ha dicho que igual que los medios de derechas publican anuncios de relax y los progresistas de empresas energéticas, no tiene sentido que se nieguen a dar en sus páginas anuncios del referéndum. El pequeño detalle que olvida Comunal es que el referéndum es ilegal según la Constitución y que, hasta el momento, ni las saunas, ni las empresas eléctricas están prohibidas.

La Generalitat no puede hacer lo que quiera con el dinero público

No es la primera vez que la Generalitat pretende imponer su criterio a los medios con su política de premios y castigos. Y en 2014, el gobierno de Cataluña instó al CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) a multar a Onda Cero, Cadena Ser y COPE por no haber insertado publicidad de la consulta del 14-N.

La diferencia es que ahora la medida coercitiva es previa y tiene la virtualidad de ser un aviso a navegantes. La Generalitat destinó casi 30 millones de euros a publicidad institucional en 2015 (sin contar lo que gastan las empresas públicas), pero este año la cifra podría incluso duplicarse, ya que sólo en febrero invirtió 15 millones. A esto hay que sumarle las subvenciones, que son diversas y cuantiosas y que se reparten mayoritariamente los medios en catalán y que comparten el ideario independentista.

El negocio de la comunicación atraviesa por uno de sus peores momentos. La facturación publicitaria en medios escritos ha caído a casi la mitad en los últimos siete años, por no hablar de la caída de la difusión de los periódicos de papel.

La Generalitat sabe que sus inserciones pueden suponer la salvación de ciertos medios

De esa debilidad es consciente la Generalitat, que sabe que sus inserciones pueden suponer en algunos casos la salvación o el cierre de ciertos medios. Utilizando el dinero público a su conveniencia premia a los voceros de sus proclamas, aunque vulneren abiertamente la legalidad.

La mayoría de los ciudadanos de Cataluña no son independentistas y los medios que no comparten ese ideario (prensa de papel o digital, radio  y TV) también son los que tienen más audiencia. Pero eso no importa. El fin justifica los medios.

Una organización privada (la ANC, por ejemplo) puede hacer lo que quiera con su dinero, pero la Generalitat no. La discriminación que se pretende establecer vía publicidad y subvenciones atenta directamente contra los criterios de objetividad por los que debe regirse una institución pública.

No se trata sólo de una decisión injusta y, posiblemente, ilegal, sino que refleja bien a las claras el modelo de sociedad que pretende la CUP y que secundan los mamporreros de JxS. Están a un paso de crear un Gran Hermano y, si pueden, pondrán en marcha un Ministerio de la Verdad. Pero, para ello, primero tienen que lograr la independencia.