Ellos sabían que, con sus constantes provocaciones, se arriesgaban a dar la señal de salida para que la potentísima maquinaria del Estado, de éste o de cualquier Estado democrático, no digamos ya si estuviéramos hablando de la estructura de poder de un régimen autoritario, se pusiera en marcha. Y si algo tiene ese mecanismo último de defensa del propio sistema es que una vez que se ha iniciado el movimiento, ya no se puede parar. Esto quiere decir que si el Tribunal Constitucional declara nulos los acuerdos adoptados de manera tan nulamente legal por una parte del Parlamento después de haberse saltado todas las normas y de ignorar, no sólo los derechos de los diputados de la oposición, sino los propios dictámenes de sus órganos consultivos y de los letrados de la Cámara, nadie en su sano juicio, aunque esté cegado por la fe independentista, puede pensar que la cosa se va a quedar ahí. Lo cual quiere decir algo muy simple: que en todo Estado de Derecho los delitos se persiguen e inexorablemente se busca castigar a sus autores con las penas que marca la ley.

Y otra cosa igualmente obvia: que no se persiguen aleatoriamente unos delitos sí y otros no, del mismo modo que no se castiga a unos autores sí y a otros no. Porque la arbitrariedad no tiene cabida a la hora de aplicar la ley. Esto explica que, si son 700 los alcaldes que han decidido ignorar las órdenes de los tribunales de no poner los medios para que se celebre un referéndum previamente prohibido por contrario a la Constitución, a los tribunales les sea indiferente el número de los posibles procesados. Es decir, que si son 700 como si son 7.000 y que, como se trata de aplicar la ley, se tardará más o menos en culminar el procedimiento, pero la máquina marchará hasta que todos ellos hayan pasado por el juez y, si procede, hayan recibido la sanción correspondiente. Y que no es posible imaginar  en nuestro sistema jurídico la monumental irregularidad que supondría el que, como son muchos los alcaldes, los jueces y fiscales hicieran una cata tipo «pito, pito gorgorito» y al que le toque, mala suerte, y al que no, pues qué bien. Da un poco de vergüenza explicar cosas tan elementales pero tengo la sensación de que es esa la estrategia que pretenden seguir el señor Puigdemont y el señor Junqueras. Llamémosla, para dignificarla un poco, la «estrategia Fuenteovejuna».

Lo que sucede es que en un Estado de Derecho moderno hubiera sido posible establecer con total claridad quienes de los habitantes del pueblo fueron los autores materiales de la muerte de Hernán Pérez de Guzmán, Comendador Mayor de Calatrava, quienes fueron cooperadores necesarios y quienes simplemente no quisieron impedir el crimen y se pusieron de lado. En definitiva, que no por mucho envolverse en la gente los responsables evitarán responder de sus delitos.

No tiene ningún sentido la estrategia de convertir su desafío en algo de muchos, como si las leyes se fueran a detener en función del número de los que han cometido el delito

Por eso no tiene ningún sentido esa estrategia del presidente de la Generalitat de convertir su desafío en algo de muchos, como si las leyes se fueran a detener en función del número de los que han cometido el delito. Y eso fue lo que hizo cuando decidió que todos los miembros de su gobierno estamparan su firma en la ilegal convocatoria del referéndum ilegal. Porque resulta que, según el Estatuto de autonomía, ahora arrojado al rincón de lo inservible, la potestad para ese tipo de convocatorias es exclusiva del presidente de la Generalitat. Y ahora será decisión de los tribunales establecer si se aplica la sanción tan solo a aquél cuya firma es necesaria o se amplia a todos los que hicieron de mariachis en una operación que, aunque fuera solo por eso, tuvo algo de bufonada.

Todas estas cosas tan elementales no las ignoran los dirigentes independentistas, o por lo menos no aquellos que hayan pasado de la enseñanza secundaria. ¿Qué explicaría entonces el estupor y la indignación -más aparente que real- exhibidos por Puigdemont y los suyos tras las requisas de documentación para el referéndum ilegal y la posterior detención de determinados responsables de la Generalitat?

Sólo puede haber dos respuestas para eso. Una, que en su enternecedora ingenuidad pensaran que el Gobierno -éste o cualquier otro que estuviera ahora al frente del país- nunca se iba a atrever a enfrentarse a su desafío porque el coste de esa decisión iba a ser demasiado alto. Y efectivamente lo va a ser, pero nunca tan alto como el formidable desastre que hubiera supuesto la retirada del Estado de su obligación de defender y asegurar el cumplimiento de la ley y el respeto a los preceptos constitucionales, que incluyen un artículo en el que se dice que España es la patria común e indivisible de todos los españoles. Y esto no se lo puede saltar nadie por mucha gente que se eche a la calle, que será mucha, sí, pero nunca tanta como la que está en sus casas rogando que el Estado vuelva a poner las cosas en su sitio.

Cuanto más avancen en su locura, más avanzará el Estado en su respuesta

Y dos, precisamente que la presencia en la calle de unos cuantos cientos de miles de personas clamando por la independencia de Cataluña sería argumento suficiente para lograrla por la vía de los hechos, «a juerza de juerza» y haciendo caso omiso de las leyes y de las sentencias de los tribunales. Eso lo único que evidencia es un grado alarmantísimo de ignorancia o de ceguera provocada por la obcecación. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos días de esta semana en algunas calles de Cataluña, no sólo en Barcelona. Pero lo que vimos el miércoles pasado ante la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, el departamento que dirige Oriol Junqueras, que consistió en una multitud intentando impedir que la Guardia Civil entrara, por orden del juez, ojo, en las dependencias oficiales, que luego pincharon las ruedas de los coches policiales y destrozaron a golpes los cristales de los vehículos, que los llenaron de pegatinas y de basura y que luego intentaron impedir que las fuerzas del orden salieran por la puerta tras haber realizado su trabajo, hasta el punto de que la secretaria judicial tuvo que escapar, como si fuera una vulgar ladrona, por las azoteas del edificio, es de todo punto intolerable. Por no hablar del robo de la munición que los Guardias Civiles habían dejado en el interior de sus vehículo precisamente para evidenciar que su tarea no era la de enfrentarse a la multitud para restablecer el orden sino la de practicar las diligencias ordenadas por el juez. La munición robada a la Guardia Civil ha aparecido abandonada en un cementerio, no digo más.

Por eso, y por unas cuantas escenas más parecidas a ésta, la Fiscalía General del Estado ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia por un posible delito de sedición contra los responsables de la ANC y de Omnium Cultural, que fueron los que se encargaron de organizar el acoso y los ataques. Conviene leer el escrito del fiscal para hacerse una idea de la enormidad que supone una acción de ese tipo y de la irresponsabilidad y de la ignorancia que demuestran quienes empujan a las masas sin tener en cuenta que las masas son por principio incontrolables. Y ahora estamos hablando ya de palabras mayores,  de penas de cárcel que pueden llegar hasta los 15 años. Esto no es una broma. Porque si los tribunales entienden que ha habido un delito de sedición, como sostiene la Fiscalía, actuarán en consecuencia e ineludiblemente unos cuántos, no importa el número, entrarán en prisión.

Y cuanto más avancen en su locura, más avanzará el Estado en su respuesta. Eso es inexorable, de modo que en su mano está todavía detener esta deriva suicida, lo cual incluye meter a la muchedumbre de nuevo en sus casas para evitar males mayores que, por supuesto, se pueden producir. E incluye también que otros muchos implicados en esta locura sigan los pasos de los miembros designados para formar parte de la llamada Sindicatura Electoral, que presentaron este sábado su renuncia en bloque ante la amenaza de tener que pagar las elevadas multas que el Tribunal Constitucional había impuesto a cada uno de ellos si no acataban la suspensión del referéndum y seguían insubordinándose al mandato del Alto Tribunal. Está claro ya a estas alturas que la pretensión de los secesionistas de celebrar algo parecido a una sombra que recuerde a un referéndum es una pretensión inviable.

De todas maneras, y en previsión de que la sedición se extienda por las calles de Cataluña, el Gobierno ha tomado la decisión de asumir el mando de los Mossos d´Esquadra para asegurarse de que cumplen las órdenes que se les den y para resolver la poca implicación mostrada por ese cuerpo -cuyos mandos políticos son radicalmente secesionistas- a la hora de impedir los actos tendentes a la celebración de ese ya imposible referéndum. No tienen los dirigentes independentistas ninguna escapatoria y eso se sabía desde el mismísimo instante en que comenzó el desafío. Pero no olvidemos que aún les queda la posibilidad de echar las masas a las calles, que aún falta una larga semana para que la situación se vuelva peor y más grave. Esperemos que no trágica.