Entramos en la recta final del 1-O. La ofensiva política del independentismo ha sido contestada por el Estado con contundencia. Hasta el punto de que en el Gobierno se da por hecho que la jornada del domingo significará la puntilla para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El fracaso del referéndum de autodeterminación ha sido ya interiorizado por algunos miembros de la Generalitat y la mayoría de los dirigentes del PDeCAT. Sólo ERC, con la boca pequeña, y la CUP, gran protagonista de este reto a la legalidad, mantienen viva la llama de una convocatoria que, según su estrafalaria hoja de ruta, tiene que producir, en sólo 48 horas, el advenimiento de la república independiente de Cataluña.

Un conseller le recriminó al ‘major’ Trapero: «¿Por qué no nos hemos enterado de un despliegue de cientos de guardias civiles en Barcelona?»

La única forma de justificar la derrota -tanto frente a su público, como frente al exterior- será la escenificación del pueblo reprimido, plasmada, según su relato, en la imposibilidad de concretar la aspiración democrática mayoritaria por la actitud represora del Estado retirando las urnas de los colegios electorales.

La Generalitat ha hecho un esfuerzo extraordinario para hacer posible el referéndum. Pronto sabremos la cantidad exacta de dinero público que se ha empleado, pero podemos apostar a que los 5,2 millones estimados por el Tribunal de Cuentas para la organización de la consulta del 9-N van a resultar una broma al lado del dispendio para el montaje del 1-O.

La clave para desmontar el aparato logístico del referéndum ilegal estuvo en los 40 registros que se llevaron a cabo el pasado 20 de septiembre. El material informático incautado ha proporcionado una información muy relevante a la Guardia Civil. La infraestructura, los organizadores, las empresas suministradoras, los planes específicos para burlar la ley, etc. Todo estaba allí. Y ello ha sido posible porque nadie esperaba que el juez ordenase la entrada en algunas consejerías tan importantes como la de Economía.

La clave para desmontar el aparato logístico del referéndum estuvo en los 40 registros del 20 de septiembre

Los Mossos no fueron informados, precisamente para evitar filtraciones y jugar con el factor sorpresa. Los reproches entre los jefes de los Mossos y altos cargos de la Generalitat fueron mútuos en la tensa mañana del pasado miércoles: «¿Por qué no nos hemos enterado de un despliegue de cientos de guardias civiles en Barcelona?», recriminó un conseller al major Trapero, según una fuente cualificada.

Junto al desmantelamiento del operativo de cara al 1-O (lo que se puede llegar a hacer el domingo será sólo una caricatura de lo que había previsto), otro elemento que ha dinamitado la organización del referéndum ha sido la imposición de fuertes multas y la amenaza de inhabilitación para los cargos públicos implicados. La disolución de la Sindicatura Electoral y el cese del número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, son la mejor prueba de ello.

Ahora, por tanto, sólo les queda a los independentistas montar un teatrillo lo más ruidoso posible y, al mismo tiempo, volver a sacar a la calle a sus seguidores, en un intento de salvar al cara y afrontar los difíciles días que nos esperan tras el 1-O con un cierto grado de dignidad.