La esperada sentencia del caso Palau ha condenado a CDC por el cobro de 6,6 millones que procedían de comisiones ilegales. El único cargo del partido que podría ingresar en prisión por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales es el ex tesorero Daniel Osácar.

El que fuera durante la época del saqueo al Palau secretario general de Convergència, Artur Mas, ni siquiera ha sido investigado.

El ex fiscal jefe de Anticorrupción en Barcelona, Emilio Sánchez Ulled (destinado desde hace un año en Bruselas como consejero de Justicia de la Representación Permanente ante la UE), sostuvo durante el juicio la tesis de que el «acuerdo criminal» que está en el origen de la trama de cobro de comisiones a empresas que se prolongó durante diez años debía «contar con el asentimiento de los altos responsables del partido político». Y tiene razón: ¿Cómo no iba a estar al tanto el máximo responsable de Convergència de que su partido estaba recibiendo dinero a raudales en billetes de 500 euros?

En marzo de 2017, en plena vista oral, la Fiscalía llegó a un acuerdo para que los máximos responsables del saqueo al Palau, Felix Millet y Jordi Montull, confesaran sus delitos. En realidad fue este último el que dio pie al reconocimiento de los hechos: quería evitar que su hija y ex directora financiera del Palau ingresara en prisión. Pero, al final, sus testimonios sólo fueron una confesión a medias. Inculparon a Osácar, al reconocer que era el «Daniel» que aparecía como perceptor de ingentes cantidades de dinero, pero nada más.

Cuando el fiscal interrogó a Millet sobre una reunión en el Hotel Diplomàtic de Barcelona con altos cargos de CDC como el ex gerente, ex consejero de Justicia de la Generalitat y hombre de confianza de Mas, Germà Gordó, el ex presidente del Palau tuvo un lapsus de memoria: «Debía de haber algo de lo que hablar, pero no…»

La instrucción del caso Palau concluyó en 2016 (la sentencia de la Audiencia de Barcelona es recurrible ante el Tribunal Supremo) tras siete años de incidencias. Ha habido hasta cinco jueces instructores de la causa, varios fiscales y dos cuerpos policiales implicados: los Mossos y la UDEF (unidad especializada en delitos económicos de la Policía Nacional).

El fiscal del caso solicitó al Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, que reclamara la intervención de la UDEF en la investigación ante las suspicacias sobre la actuación de los Mossos

El primero de los instructores, Juli Sanz, se hizo cargo del caso en 2009 y lo dejó en 2011. Recibió numerosas críticas por la lentitud en la instrucción. De hecho, no hubo orden de registro de los domicilios de Millet y Montull hasta que se hizo cargo del asunto el juez Josep María Pijuan. Es decir, dos años después de que los Mossos llevaran a cabo el primer registro en el Palau. También fue en mayo de 2011 cuando la investigación pasó a manos de Sánchez Ulled.

Poco tiempo después de asumir la causa, Sánchez Ulled se trasladó a Madrid para transmitir al Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, algunas quejas sobre el comportamiento de los Mossos. Fue entonces cuando entró en acción la UDEF.

Con la UDEF se dio un salto cualitativo en la investigación. Se descubrieron los cheques (que no estaban firmados en el reverso) que eran entregados a la sucursal de Caixa Catalunya que había al lado del Palau para retirar dinero en efectivo que era entregado a Osácar, que, a su vez, lo ingresaba en la Fundación Trías Fargas, que era la encargada de transferir el dinero a Convergència, disimulado con facturas falsas.

La UDEF solicitó al juez en repetidas ocasiones el registro de la sede de CDC y del domicilio y despacho de Osácar, pero el juez entendió que esas diligencias no estaban suficientemente motivadas.

El 29 de octubre de 2012 el entonces responsable de asuntos internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, se trasladó a Barcelona acompañado del ex jefe de la UDEF, José Luis Olivera, para entrevistarse con el fiscal del caso. Sánchez Ulled entendió que Asuntos Internos no pintaba nada en el caso. La intención de Interior era pilotar desde la cúpula del ministerio un tema que podía dejar malparado al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. Esa intromisión dio argumentos a los nacionalistas para afirmar que detrás de la investigación había la intención de parar el proceso independentista que ya se había puesto en marcha en Cataluña.

A pesar de las dificultades y de las intromisiones políticas de uno y otro lado, la UDEF encontró pruebas suficientes como para mantener la acusación contra Convergència por haberse beneficiado del cobro de comisiones a cambio de obras públicas adjudicadas por la Generalitat.

Al mismo tiempo, la UDEF llevaba a cabo la investigación sobre el origen de la fortuna de la familia Pujol. En enero de 2013, por primera vez en su larga trayectoria política, durante una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público, el ex presidente de la Generalitat y fundador de Convergència, perdió los nervios y dejó una frase para la historia: «¿Pero qué coño es eso de la UDEF?»

Es una lástima que los esfuerzos de la UDEF y de la Fiscalía no hayan logrado llegar hasta el fondo de la trama de corrupción montada en torno al Palau de la Música. Mas defendió el domingo por la noche en La Sexta que cuando se produjo el caso Palau la financiación ilegal no era delito y no se olvidó de echarle flores al hombre que ha sabido mantener el pacto de silencio: «Osácar es una persona intachable».