La defensa de Francisco Granados llevaba días anunciando que su cliente iba a “tirar de la manta”. El ex número dos de la Comunidad de Madrid en los años dorados de Esperanza Aguirre -y al que la Fiscalía Anticorrupción considera cabecilla de la operación Púnica– había mantenido hasta ahora una estrategia prudente: arremeter contra su íntimo enemigo, Ignacio González, pero sin tocarle un pelo a la lideresa madrileña.

“Va a implicar a Esperanza”, había dicho su abogado, Antonio Vasallo, a un grupo de periodistas la semana pasada para calentar la comparecencia de Granados, a petición propia, ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Objetivo cumplido: máxima expectación mediática ante lo que prometía ser una segunda edición de la cantada de Ricardo Costa sobre la trama Gürtel: el ex secretario general del PP valenciano terminó implicando al ex presidente Francisco Camps en la financiación irregular del PP.

Un pequeño paréntesis antes de continuar. En un informe fechado el pasado 3 de noviembre, la UCO sostiene que Granados participaba directamente como cobrador de comisiones para financiar al partido y avala su acusación en la información recogida en una libreta (otra Moleskine) en la que éste apuntaba las entradas y salidas de dinero. Según la Guardia Civil, Granados y su jefe de gabinete, Ignacio Palacios, recaudaban el dinero, que luego entregaban al ex gerente del PP, Beltrán Gutiérrez, también imputado en la trama Púnica, pero, en el camino, se quedaban con una parte de lo recaudado.

La causa por la que el ex consejero de Presidencia y Justicia se sienta en el banquillo no es sólo la delación de su ex socio, el constructor David Marjaliza; o el dinero oculto en Suiza, sino la acumulación de pruebas que ha venido recabando la Fiscalía desde hace años.

Hecho ese paréntesis, vayamos a la bomba de Granados. En resumen, lo que ha venido a decir es que, en la Comunidad de Madrid, los que mandaban de verdad eran Aguirre y González (no sabe muy bien si en ese orden) y que todas las decisiones, incluidos los nombramientos en empresas tales como Arpegio, les correspondían a ambos. Ha admitido que el PP financió sus campañas de forma ilegal, aunque él no ha asumido ninguna responsabilidad en ello -a diferencia de Costa-, a pesar de haber sido secretario general del PP madrileño desde 2004 hasta 2011.

El ex secretario general del PP de Madrid ni siquiera ha intentado un acercamiento a la Fiscalía. Su objetivo al acusar a Aguirre, González y Cifuentes es el reparto de culpas en la financiación irregular del partido

Sostiene Granados que, en los comicios autonómicos de 2007 y 2011, la presidenta Aguirre se vio favorecida por una “campaña paralela” que fue financiada con dinero de empresas que mantenían contratos con la Comunidad de Madrid. Además, ha sacado a la luz una presunta “relación sentimental” del ex presidente Ignacio González con la actual presidenta Cristina Cifuentes para justificar su decisivo papel en las mesas de contratación. Cifuentes ha anunciado ya una querella contra su ex compañero de partido.

Desde el punto de vista procesal, la estrategia de tirar de la manta tiene sentido si, con ello, se persigue un acuerdo con la Fiscalía destinado a una reducción de petición de pena. Es lo que ha hecho Francisco Correa en la trama Gürtel.

Sin embargo, Granados no ha intentado siquiera un acercamiento a la Fiscalía. Tampoco con Marjaliza, que es el que mejor conoce sus andanzas y el que todavía no ha dicho la última palabra.

Entonces, ¿qué persigue Granados al poner el ventilador en la Audiencia Nacional sin aportar ninguna prueba de que lo que dice es cierto? “Hay tres horas de declaración, ha dado nombres de empresas públicas y privadas, al final las piezas acabarán cuadrando”, me dice su abogado.

Pero la verdad es que la Fiscalía, que es quien tiene que valorar la trascendencia de su testimonio, no aprecia que su declaración haya arrojado luz en la investigación, sino que, más bien, lo que aporta es ruido. Granados, además, se ha querellado contra 6 agentes de la UCO, lo que tampoco le beneficia.

Lo que sí ha conseguido el ex número dos del PP madrileño es generar revuelo político. La oposición ha pedido comparecencias en el Congreso de los apuntados por su dedo acusador. Ciudadanos ya ha advertido de que una posible imputación de Cifuentes conllevaría el final del apoyo al gobierno de Madrid.

El patio está revuelto y no es el mejor momento para agitar las aguas de la corrupción en un partido tocado por las encuestas y que tiene por delante diversos procesos que lo van a debilitar aún más.

A pesar de no haber mejorado en nada su panorama penal, ayer a Granados se le veía satisfecho tras sus tres horas de confesión ante el juez. Sus enemigos están nerviosos. La venganza ha comenzado a cuajar cuatro años después de que se descubriera una misteriosa cuenta en Suiza.