Cuestionar el modelo energético; repensar la movilidad de un país; potenciar el progreso y el crecimiento en sectores económicos bajos en carbono en detrimento de los contaminantes; promover la innovación y la digitalización asociada a las industrias verdes; invertir en la adaptación al cambio climático de sectores como la agricultura o el turismo; apoyar la gestión sostenible del medio natural, avanzar hacia una fiscalidad verde; asegurar la transparencia de las cuentas públicas, garantizar la igualdad de género o asegurar la justicia social deberían ser los vectores que aseguren nuestro futuro y el de las próximas generaciones.

Pero nada de lo anterior se deja ver en el proyecto de Ley de PGE 2018. No hay ni rastro de una agenda valiente de reformas estructurales que esté a la altura de los retos del país. Una agenda necesitada de amplios acuerdos parlamentarios que aborden la financiación autonómica, la reforma de la Seguridad Social, las cuestiones sustanciales del mercado laboral, la lucha contra desigualdad existente y creciente, y el cambio hacia una modelo productivo descarbonizado, entre otras cuestiones.

el presupuesto destinado a medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático se han reducido un 56,5%

Los contenidos y las partidas presupuestarias que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado 2018 deberían ser clave para comenzar a hacer frente a los retos de este siglo: la lucha contra el cambio climático y la creciente desigualdad. Sin embargo el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, presentado por el Gobierno, sigue un año más reflejando el poco compromiso político en este sentido.

Desde el inicio de la crisis en 2008, el presupuesto destinado a medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático se han reducido un 56,5% por lo tanto, pocos argumentos caben por parte de quienes gobiernan este país y sus socios puntuales para defender políticas destinadas a la lucha contra el calentamiento global y su incidencia sobre la economía, el bienestar y la salud de todas y todos los españoles.
Desde 2008, los programas gestionados por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente han visto reducido su presupuesto en un 56’5%. Esta cifra podría ser incluso mayor si no se hubiera producido este año una tímida subida de un 3% con respecto a 2017.

la Oficina de Cambio Climático, que ya en 2017 perdió un 45% de su presupuesto y que este año vuelve recortar otro 20%

Sin embargo, este mínimo repunte no resulta significativo, si se atiene a otros indicadores como el nuevo “hachazo” sufrido por la Oficina de Cambio Climático, que ya en 2017 perdió un 45% de su presupuesto y que este año vuelve recortar otro 20%, y reduce así significativamente su peso político.

Los presupuestos generales responden al mismo modelo económico que nos condujo a la crisis. La prioridad del gasto público se dedica a la inversión en infraestructuras (16,5% de aumento respecto al año 2017) principalmente de transporte. Del total del gasto en infraestructuras este año 2018, solamente el 2,4% se destina a medio ambiente.

Uno de los principales obstáculos para lograr que el cambio en las políticas se refleje en los Presupuestos es que son incrementalistas, es decir, no se diseñan según los planteamientos más generales de los Ministerios, sino que se abordan desde las necesidades del Ministerio de Hacienda atendiendo únicamente a la política de contención de gastos y cumplimiento del déficit.  Este año el presupuesto en actuaciones ambientales recoge una subida cercana del 3% , si bien tan solo dedica un 6% a impulsar la transición energética.

La fiscalidad ambiental sigue muy por debajo de la media europea, representando tan sólo un 5% de los ingresos del Estado

La fiscalidad ambiental sigue muy por debajo de la media europea, representando tan sólo un 5% de los ingresos del Estado en los PGE 2018. En contraste, se puede reflejar la escasa reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa durante estos diez años – tan sólo del 4,5%. Además en 2018 es uno de los que más aumenta su presupuesto – un 10,6%.

Una de las novedades es que por primera vez desde la crisis se incrementa el techo de gasto (1,3% con respecto a 2017). El Gobierno ha definido los presupuestos como “los más sociales de la historia”, al destinar 196,78 millones de euros al gasto social, con prioridad a cuestiones de fuerte contenido político y social: pensiones, salarios del funcionariado, rebaja fiscal para las rentas inferiores a 18.000 euros, ampliación del permiso de paternidad o rebaja del IVA cultural. Sin embargo, desde el inicio de la crisis (2008), el gasto público destinado a educación, sanidad y cultura en los PGE se ha reducido en más de un 30%.

Uno de los problemas de estos presupuestos radica en que no evidencian el urgente y necesario cambio en el modelo económico del país que concilie los límites económicos y ambientales. La transición ecológica de nuestra economía y de la estructura productiva debería contener un incremento sustancial de la inversión pública y sin embargo, ésta se sitúa en mínimos histórico (1,9% del PIB).

La contracción del gasto público nos aleja cada vez más de un proyecto de país que garantice la cohesión social y el progreso dentro de los límites ecológicos de nuestra economía. Estos presupuestos le dan la espalda a la puesta en marcha de políticas activas y políticas palanca que coadyuven al sistema español a mejorar su competitividad y productividad reduciendo el desempleo a través del apoyo a sectores innovadores y no contaminantes.

Lástima de otra oportunidad perdida, lástima de una voluntad política alejada del interés general.

Cecilia Carballo, directora de programas de Greenpeace España