Hasta la fecha nuestro sistema público de pensiones se basaba en un sistema de reparto de caja donde las personas que trabajan en la actualidad son las que pagan las pensiones del momento en una especie de reparto entre generaciones o lo que entendemos por solidaridad intergeneracional.

Sistema que estaba altamente politizado hasta el año 1995 en el que unánimemente, entre las diferentes organizaciones políticas, se decide crear el Pacto de Toledo, ya no solo para dar viabilidad al actual "sistema de reparto de caja" sino también para desvincularlo de cualquier programa electoral, pudiendo tomar decisiones objetivas como la clasificación de las pensiones junto con sus correspondientes fuentes de financiación (pensiones contributivas y pensiones no contributivas), la creación del fondo de reserva o la más comúnmente conocida como "hucha de las pensiones" (cuyo objetivo era establecer fondos especiales de estabilización y reservas destinadas a atender las obligaciones futuras del sistema) y la reformas sobre la edad, cálculo o revalorización de las pensiones acometidas en los años 2011 y 2013.

La reforma del 2013 incorporaba dos conceptos nuevos, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad (FS), con el fin de que las prestaciones no incrementasen más de lo que el sistema pudiese permitirse en cada momento y, debido al incremento de la esperanza de vida, para que todos tuviésemos garantizada la pensión, ajustando la cuantía a los años que nos quedasen de vida, con el objetivo de cobrar el mismo importe durante toda nuestra jubilación.

El objetivo de las últimas reformas era hacer sostenible el actual sistema, aunque muchos de nosotros ya vaticinábamos que dicha sostenibilidad se trasladaría a una insuficiencia, dado que las reformas acometidas eran paramétricas, siendo necesarias llevar a cabo reformas estructurales.

¿Son tan deficitarias las cuentas de la Seguridad Social como nos han trasladado?

La gran sorpresa, por lo menos la mía, llegó haces escasas semanas, cuando el Gobierno accedió a subir las pensiones con el IPC frente al 0,25% de lo dispuesto por parte del legislador y retrasó cuatro años la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, siendo a raíz de ahí cuando comencé a formularme las siguientes preguntas: ¿qué sentido ha tenido la celebración del monográfico de pensiones en el Congreso de los Diputados?, ¿a partir de la fecha qué papel jugará el Pacto de Toledo?, ¿para qué sirven la clasificación de las pensiones y sus fuentes de financiación?, ¿son tan deficitarias las cuentas de la Seguridad Social como nos han trasladado?

No debemos obviar que otra de las características de un sistema de reparto de caja es la solidaridad entre territorios. La normativa que determina cotizaciones y prestaciones es de ámbito nacional, siendo la aplicación homogénea en todo el territorio, lo que quiere decir que muchas de las comunidades autónomas que son deficitarias, en el ámbito de pensiones contributivas, son subvencionadas por aquellas que presentan superávit. Las cuentas de la Seguridad Social, correspondientes al ejercicio 2016, segmentadas por comunidades, muestran que uno de los mayores niveles de déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco y, por contra, la pensión media de jubilación es un 23,5% más elevada que en el resto de España.

Esto deja en total evidencia que el Sistema Público de Pensiones en España se basa en un sistema de “reparto político”, dado que matemática o actuarialmente hablando es inconcebible que dos semanas antes nuestras cuentas no fuesen capaces de revalorizar las pensiones más de un 0,25% y a día de hoy podamos incrementar las mismas en función del IPC, atendiendo las exigencias del grupo político que representa a una de las comunidades con mayor desequilibrio financiero en materia de pensiones a nivel nacional.

Es inadmisible seguir endeudando a generaciones venideras en función de intereses electorales

El Gobierno anterior decidió -y el actual ha decidido respaldarlo- que las pensiones ya no sólo dependerán de la Seguridad Social y que la creación de empleo ya no es el único garante para el futuro de las pensiones. A partir de la fecha será el Estado quién asumirá los incrementos que los políticos pacten en sus negociaciones, lo cual deja en total evidencia que es un sistema de reparto político, siendo totalmente inadmisible seguir generando un endeudamiento progresivo para con las generaciones venideras en función de los intereses electorales.

La opción alternativa para evitar que todo el problema de la solvencia se trasladase a la suficiencia era dotar de mayores recursos a la Seguridad Social, bien subiendo las cotizaciones, profundizando en la separación de fuentes o realizando transferencias del Estado para elevar sus ingresos. El resultado de todo ello será aumentar la presión fiscal sobre los trabajadores, ya que mucho me temo que el nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas no será el que solucione la insuficiencia de un sistema de reparto político instaurado en España.

Ha llegado el momento de replantearse qué solidaridad intergeneracional quiere el país y si el actual sistema es el adecuado. El presidente del Gobierno debería volver a comparecer en la cámara, convocando otro monográfico sobre pensiones, para responder las preguntas mencionadas anteriormente, garantizar que los incrementos pactados con el PNV no tendrán coste fiscal alguno al ciudadano ni un mayor endeudamiento a las generaciones futuras y para asegurarnos que las Pensiones estarán al margen de cualquier programa electoral.

Julio Fernández García es profesor del IEB y experto en Planificación a la Jubilación