Economía

El pacto sobre pensiones con el PNV desbordará el gasto con 40.000 millones adicionales

El servicio de Estudios de BBVA estima que esta 'hipoteca' obligará a recaudar 18.000 millones adicionales cada año

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El pacto sobre pensiones con el PNV desbordará el gasto con 40.000 millones adicionales

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. EFE

Resumen:

El pacto entre el PP y el PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2018  a cambio de subir las pensiones un 1,6% este año y el siguiente, y retrasar a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, va camino de tener unas consecuencias a largo plazo que podrían poner en jaque incluso el propio sistema.

Según los cálculos del responsable de análisis macroeconómico del Servicio de Estudios de BBVA, Rafael Doménech (que participó en la reforma de las pensiones de 2013 que el acuerdo político ha venido a dinamitar), si no se hacen ajustes adicionales, el pacto introducirá  una carga de fondo en el gasto cercano a los 40.000 millones de euros en una década.

Sus estimaciones apuntan a un gasto adicional de 1.600 millones de euros en 2016, que se acumulará como una bola  de nieve en 2019. El próximo año, una revalorización en los mismos términos supondría una gasto aún mayor, de 3.200 millones de euros, que ya se consolidaría ejercicio tras ejercicio, hasta sumar casi 40.000 millones de euros a lo largo de aproximadamente una década.

Estas cifras son muy superiores a las que maneja el Ministerio de Hacienda, cuyas estimaciones ni siquiera llegan a un gasto en dos años de 4.000 millones de euros.

Además, el acuerdo entre PP y PNV incluía un retraso de la entrada del factor de sostenbilidad de las pensiones de 2019 a 2023. Este mecanismos ajustaría el avance de la cuantía de las pensiones iniciales a la esperanza de vida, de forma que las nuevas altas irían siendo cada vez menos generosas. Pues bien, el economista del BBVA advierte que solo este retraso dejará de ralentizar en dos puntos porcentuales las nuevas altas.

Así lo ha planteado Doménech durante su participación en unas jornadas sobre pensiones organizadas por el Consejo General de Colegios de Economistas de España, en la que ha precisado también cuáles serían las consecuencias de este incremento del gasto si no se pone remedio.

Condenados a buscar 18.000 millones de euros extra

Para poder asumir este gasto sin acabar de descuadrar el déficit de la Seguridad Social, sería necesario, a la espera de la evolución de variables como el empleo o la productividad, un esfuerzo de recaudación adicional de unos 18.000 millones de euros en ese mismo horizonte.

¿Cómo se podría incrementar de esa manera los ingresos? Aumentando el número de ocupados, las cotizaciones o, sobre todo, la presión fiscal. No obstante, el Servicio de Estudios de BBVA estima que para poder mantener las cuantías de las actuales nuevas altas habría que alcanzar los 28,5 millones de ocupados, casi 10 millones más que ahora; o elevar el IRPF o el IVA en un 35%.

Y en este punto, Doménech ha avisado que el esfuerzo requerido puede tensar la cuerda hasta el punto de llegar a saturar en nivel de tolerancia fiscal de los contribuyentes, llevando a un necesario recorte drástico de las pensiones, como acabó ocurriendo en Grecia.

La situación acuciante de la Seguridad Social

Porque, de acuerdo con los datos aportados por Doménech, la situación de la Seguridad Social ya es acuciante, pero no desesperada. De acuerdo con las cifras de mayo, el sistema afronta un déficit (diferencia entre gastos e ingresos) de más de 16.000 millones de euros, al que se ha llegado con una tendencia de crecimiento tendencial de los ingresos inferior al 3%, que además ofrece un futuro incierto.

En esta situación, por cada 1.000 euros de pensión que se pagan, alrededor de 150 euros se financian con arreglo al déficit, un agujero que crecerá aún más si se aplican mayores revalorizaciones sin introducir nuevos ingresos. Más aún, lo que se haría, en su opinión, sería agrandar aún más la brecha estructural abierta entre los ingresos y gastos del sistema, lo que se entiende como déficit estructural, y que ya supone un 1,5% del PIB.

Por todo ello, Doménech ha vuelto a defender que la reforma de las pensiones de 2013 iba en la buena dirección, amortiguando las nuevas pensiones en favor del equilibrio del sistema. Más aún cuando España es el segundo país, después de Chipre, con la pensión media sobre el salario medio más alta de la UE, con una proporción que supera el 60%.

El Pacto de Toledo se aleja del sistema contributivo

Por otro lado, Doménech ha evidenciado la posibles esterilidad de los trabajos iniciados en el seno del Pacto de Toledo para buscar un mecanismo alternativo al índice de revalorización, que ha supuesto subidas de las prestaciones del 0,25% desde 2013. La comisión parlamentaria se está acercando hacia una fórmula que tendría el IPC como elemento central, como garantía de que se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones, y que se completaría con factores como la productividad y los salarios.

Según ha recordado Doménech, el índice de revalorización que se incluye en la reforma de las pensiones de 2013 no hace sino valorar la posible subida de las pensiones tomando como factores los precios (es decir, el IPC), los ingresos del sistema (donde se incluyen los salarios), la tasa de sustitución de las prestaciones y el incremento del número de pensionistas.

Pero más aún, ha criticado que, aquellos que más insisten en mantener el ADN actual del sistema de pensiones, su carácter contributivo, abocarán a un progresivo alejamiento de esta identidad si se aumentan las pensiones con el IPC, puesto que, como está ocurriendo, será necesario financiarlo cada vez más con deuda pública o con impuestos.