El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska era, al menos hasta hace unos días, amigo de Manuel Sánchez Corbí, coronel jefe de la UCO. Su relación comenzó en los tiempos en que el ahora titular de Interior era juez de la Audiencia Nacional y Corbí uno de los hombres más destacados en la lucha contra ETA. Sólo a los no informados pudo sorprenderles el abrazo que Grande-Marlaska le dio al coronel en el acto de su toma de posesión.

Ahora, cuando aún no se han cumplido los dos meses de su llegada a Interior, Grande-Marlaska ha decidido destituir al coronel, de manera fulminante, cuando se encontraba de vacaciones. La explicación parece un tanto pueril.

La semana pasada, Sánchez Corbí comunicó a su jefe directo, el general de la Guardia Civil responsable de Policía Judicial, y a sus subordinados que los fondos reservados que se reciben puntualmente todos los meses para llevar a cabo determinadas operaciones se habían agotado y, por tanto, que dichas operaciones quedaban suspendidas hasta nueva orden.

El ministro del Interior ha querido dar un golpe de autoridad. Pero, de manera un tanto irreflexiva, ha perdido a uno de los mejores profesionales con los que cuenta la Guardia Civil

Estamos hablando de unos 250.000 euros, teniendo en cuenta que la asignación anual de fondos reservados para Policía y Guardia Civil es de 6,4 millones de euros. Normalmente, esa asignación llega puntualmente a principios de cada mes. Era el día 24 de julio y aún no se había ingresado en la UCO dicha cantidad.

Ese sistema viene funcionando sin solución de continuidad desde la etapa de Juan Alberto Belloch (ministro de Interior y Justicia con Felipe González). El ministro -también, como Marlaska, ex juez- quiso acabar con el sistema viciado y poco riguroso implantado por Rafael Vera para repartir los fondos reservados.

¿Por qué se ha producido ese injustificable retraso? Por un lado porque Grande-Marlaska, con mentalidad de juez, ha querido supervisar esa partida cuyo sólo nombre (fondos reservados) levanta suspicacias. Las precauciones del ministro pueden ser entendibles, pero es ahí donde el nuevo jefe del Gabiete Coordinación, José Antonio Rodríguez (conocido como ‘Lenin’ por algunos miembros del cuerpo de Policía) debía haberle avisado de la trascendencia que podía tener el retraso en la entrega de la asignación presupuestaria.

Sánchez Corbí no se anduvo por las ramas. Tiene personalidad y lo dejó patente con su comunicado.

Marlaska interpretó el gesto como una provocación, que se unía a la negativa del coronel de la Guardia Civil Juan Hernández Mosquera a aceptar la jefatura del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que le ofreció la secretaria de Estado, Ana Botella, tras cesarle como jefe del Gabinete de Coordinación.

Marlaska debió pensar que la Guardia Civil, o al menos una parte significativa del cuerpo, le ponía trabas a sus planes. Y el ministro ha reaccionado destituyendo al que creía jefe de la oposición dentro de su departamento.

Grande-Marlaska ha actuado más como juez que como ministro. Ha priorizado el principio de autoridad a la operatividad de un ministerio que no está sobrado de grandes profesionales como el jefe de la UCO, que se ha destacado no sólo en la lucha contra el terrorismo, sino contra la corrupción.

De manera un tanto irreflexiva se ha privado a sí mismo y a su ministerio de un activo difícilmente reemplazable. Más que autoridad, lo que refleja su decisión es inseguridad.

Los cambios de gobierno no deberían afectar a puestos clave en la estructura de Interior, ocupados por profesionales sin asignación política-al menos en la Guarcia Civil- y que garantizan una continuidad necesaria para llevar a cabo la función principal de dicho ministerio: la lucha contra el crimen, la corrupción y el terrorismo.

Por cierto, la asignación de fondos reservados ha llegado esta semana a la UCO.