El presidente del gobierno convocó el lunes a un auditorio VIP en la Casa de América para hacer un balance de su gestión en los poco más de 100 días que lleva en Moncloa y para explicar cuál es su objetivo, su meta final, que quedó resumió de forma lapidaria: «Una España más comprometida con la justicia social».

Había grandes empresarios, lo más granado del odiado Ibex, José María-Álvarez Pallete (Telefónica), Florentino Pérez (ACS, Real Madrid), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José Manuel Entrecanales (Acciona)… No sabemos si fue a ellos a los que se refirió cuando dijo el domingo en La Sexta eso de que «los ricos no pagan el IRPF» en España. Había gente del mundo de la cultura, como el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el ex juez Baltasar Garzón, muchos periodistas y casi todos los ministros, además de la alta fontanería de Moncloa, cargos y empresarios públicos. La manzana que rodea a la Casa de América estaba literalmente rodeada de coches oficiales.

El presidente ha dado una supuesta noticia bomba, pero su estallido apenas ha servido para acallar el ruido de otros asuntos espinosos. El fin de los aforamientos tiene más trampas que una película de chinos

El eficiente aparato de comunicación de la presidencia había avisado desde primera hora de la mañana: «El presidente hará un anuncio importante». La expectación, ya de por sí grande para ver a Pedro Sánchez tras su primera semana de pasión, se multiplicó ante el aviso a navegantes: ¡Que paren las máquinas!

La perla saltó cuando el presidente llevaba apenas 15 minutos de discurso: «Quiero anunciar que voy a proponer una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos». Inmediatamente los móviles se pusieron a funcionar. Las redacciones recibieron al instante la noticia: por fin una medida de auténtica regeneración política, adiós al privilegio de los aproximadamente 2.000 políticos parcialmente blindados ante la Justicia.

Aunque la mañana había empezado con otra desagradable noticia para el gobierno (las relaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el contaminante comisario Villarejo), y aún con rescoldos del caso de la tesis presidencial en la UCJC, Moncloa conseguía dar la vuelta a la tortilla con un anuncio que, sin duda, iba a provocar reacciones a todos los niveles y que, en buena lógica, oscurecería, aunque sólo fuera momentáneamente, otros temas de menor calado.

El titular ya estaba colocado en los medios. Pero los periodistas, ya se sabe, siempre buscándole tres pies al gato, preguntaron y preguntaron en los corrillos que siempre se forman cuando la estrella invitada concluye su parlamento. Y ahí estaba la vicepresidenta Carmen Calvo para sacarnos de dudas: el final de la antigualla legislativa no va a ser completo y ni siquiera va a afectar a los delitos que más han escandalizado a los ciudadanos, aquellos que tienen que ver con la administración del dinero público o los favores cuando el político está en el ejercicio de su cargo; es decir, que los delitos de corrupción -prevaricación, cohecho, falsedad en documento, apropiación indebida, etc- cuando se cometen durante el desempeño de sus funciones ¡seguirán blindados por el aforamiento!

La reforma, por tanto, queda circunscrita a los posibles delitos que se hayan cometido por el político anteriormente al ejercicio de su cargo. Es natural que se haya producido, a medida que han ido pasando las horas, un desinflamiento desde la euforia inicial. La operación ha perdido su efecto paliativo.

Poco antes de que Sánchez nos explicara cómo va a mejorar España (desde la reducción de la pobreza energética a los alquileres), Pablo Iglesias estuvo en los estudios de TVE y, poco dado a la modestia, el líder de Podemos se atribuyó el protagonismo, la autoría intelectual, de la decisión del presidente de hacer pública su tesis doctoral: «Se lo dije a él personalmente: cállales la boca y publícala«.

El equipo del presidente parece haber actuado de la misma forma. La mejor manera de acallar una noticia es hacer pública otra de mayor entidad. Y así se hizo.

Sánchez ha probado en poco tiempo la dureza de la política y ha comprobado lo difícil que es gobernar cuando sólo se tienen 84 escaños seguros. Ni lo ha tenido ni lo va a tener fácil. El suyo será un camino de espinas. Pero no puede echarse encima más enemigos de los que ya tiene. Su relación con los medios se ha deteriorado en poco tiempo y caería en un fatídico error si los divide entre «aliados» y «adversarios». Para empezar, debería reposar un poco, no responder a la primera que salta. Lo del anuncio del fin de los aforamientos tiene mucho de improvisación, de necesidad de pasar página. Un país no se pude gobernar desde el desasosiego y a la espera del próximo susto.