El presidente del Gobierno lanzó ayer domingo desde Oviedo un mensaje más propio de una campaña electoral en el que presumió de liderar un Gobierno progresista, feminista y modernizador, del que parece sentirse especialmente orgulloso por los logros alcanzados en este corto tiempo de gestión.  Y, sin embargo, los más de tres meses de actuación de su equipo han dejado hasta el momento más preguntas que respuestas y una larga serie de rectificaciones que hablan no solamente de falta de coordinación entre los distintos departamentos sino de una alarmante ausencia de un programa de gobierno estructurado. No tiene motivos el presidente para estar tan ufano porque casi todo lo que pudo ofrecer este domingo a la opinión pública fueron anuncios e intenciones pero muy pocas medidas efectivas.

Son escasos los logros del equipo de Pedro Sánchez, aunque es verdad que también es muy breve el plazo que se está sometiendo estos días al examen de los periodistas y los observadores. Pero en este tiempo sobresalen mucho más los errores que los aciertos y las promesas que las realizaciones. Por lo que se refiere a los primeros, los errores, quizá el más llamativo por lo que tiene de significativo de una clara falta de noción sobre el papel que tiene que jugar un Gobierno en la defensa del Estado, ha sido el gravísimo patinazo que supuso la negativa inicial a personarse en defensa de la demanda planteada en Bruselas contra el instructor de la causa de los hechos producidos el año pasado por estas fechas en Cataluña, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Cuando se ocupa un lugar tan relevante como un puesto en el Consejo de Ministros, lo conveniente es venir aprendido de casa

Y no fue, como se intentó tramposamente decir al comienzo, un error de interpretación de los medios de comunicación: la propia vicepresidenta Carmen Calvo afirmó taxativamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros que «en ningún caso» el Gobierno asumiría la defensa del magistrado que había hecho unas determinadas declaraciones «en el ámbito privado», por lo que debería ser él quien se ocupara de su propia defensa. Este planteamiento inaudito dio un vuelco total cuando el presidente tuvo que reconocer desde América que el asunto no sólo no era una cuestión privada sino, al contrario, se trataba de «una cuestión de Estado«, cosa que era evidente para todos menos para la ministra y, a lo que se ve, para la vicepresidenta.

Pero lo que había detrás era el desconocimiento grave del contenido de la demanda, en la que como se ha visto después se hace una descalificación esencial del Estado español al que se define como «Estado delincuente» que no respeta los derechos humanos y en la que, además, se tergiversan de modo inicuo unas palabras dichas por el juez Llarena con el sólo objetivo de sustentar la falta de imparcialidad del juez y, por extensión, de todo el Tribunal Supremo español.

Que la ministra de Justicia despachara con tanta frivolidad, celeridad y desparpajo un asunto de la máxima trascendida jurídica y política es algo más que una desdichada anécdota porque habla no solamente de su muy escasa preparación para ocupar el cargo sino de una alarmante levedad de peso específico del Gobierno en sí, además de una falta grave de coordinación, que es precisamente uno de los fallos clamorosos de los que adolece hasta ahora el ejecutivo de Pedro Sánchez.

La posterior información emitida desde el propio ministerio de Justicia sobre el supuesto coste dinerario destinado a la defensa del juez y de la soberanía jurisdiccional de España contribuyó a demostrar de qué modo está abaratado el nivel de compresión del conflicto con el que se manejan los altos niveles del ministerio, porque lo más llamativo que se desprendía de la nota enviada a los medios de comunicación por el departamento de prensa de Justicia era que la defensa del magistrado iba a resultar carísima para el bolsillo de los españoles.

La verdad era otra y no ésa: que la cantidad asignada era una provisión de fondos y el presupuesto máximo de que podría disponerse para el procedimiento, no el coste final del mismo. Pero el hecho de que se lanzara esa información económica, y en esos términos, da una idea muy aproximada  del modo esquinado en que la ministra de Justicia ha encarado el asunto. Y eso es lo grave y lo que ha dejado una huella de estupor y desconfianza ante el Ejecutivo socialista en buena parte del electorado.

En definitiva, el Gobierno sacó la pata del hoyo en que la había metido pero dejó entre muchos españoles la impresión de que desconoce el terreno que pisa. Lo mismo, el desconocimiento preocupante de los mecanismos y contrapartidas de las decisiones que se toman desde el poder, ha ocurrido con el episodio de la venta de armamento de Arabia Saudí. Cuando se ocupa un lugar tan relevante como un puesto en el Consejo de Ministros, lo conveniente es venir aprendido de casa, sobre todo en cuestiones tan elementales como el saber que las medidas de gobierno no se pueden tomar aisladas unas de otras porque todas ellas generan en cascada efectos secundarios que a veces se convierten en efectos principales. Es exactamente el caso de las famosas bombas de fabricación norteamericana cuya venta al régimen de Riad el ministerio de Defensa anunció, sin encomendarse al Dios ni al diablo, que quedaba suspendida.

El eco de esa decisión que esperaba el Gobierno que tuviera una estupenda venta de imagen entre su parroquia electoral, ya lo conocemos todos: un paso más y Andalucía se habría levantado en armas encabezada por los trabajadores de Navantia, que vieron peligrar dramáticamente sus puestos de trabajo y que hubieran estado secundados por los líderes políticos de todos los partidos y dejado a la presidenta andaluza en una posición delicadísima.

El problema más llamativo de este Gobierno es que cuenta con un pequeño número de ministros de primera división y un tropel de amateurs

Este es, en esencia, el problema más llamativo de este Gobierno que cuenta con un pequeño número de ministros de primera división y un tropel de amateurs que se disponen a cursar el máster ministerial durante el ejercicio de su cargo. Por eso la buena imagen que el elenco de Gobierno ofreció inicialmente se ha deteriorado grandemente en estos tres meses transcurridos.

Ni que decir tiene que la situación en Cataluña y la estrategia de apaciguamiento que está llevando a cabo el presidente y sus ministros tiene a la población con el alma en vilo porque, sin  querer descalificar de antemano sus decisiones, todo el espacio en torno al asunto más importante y más amenazador al que se enfrenta nuestro país está cuajado de preguntas sin respuesta, de incógnitas, de incertidumbres y de una creciente preocupación.

La teoría gubernamental de que las palabras no tienen valor político por más que constituyan por parte de los dirigentes independentistas un permanente ataque y una constante ofensa a los ciudadanos que no suscriben sus tesis delirantes, es una teoría que se puede volver en contra del Gobierno en cuanto esos mismos ciudadanos comprueben que la locura secesionista sigue impertérrita su camino y pasa una vez más por encima de la paz social, de la convivencia, del respeto al adversario y, de nuevo, por encima de la ley.

No tendremos que esperar mucho para comprobar si el inadmisible mitin pronunciado ante sus  fieles por el racista Torra la semana pasada en el Teatro Nacional de Cataluña se traduce, como él mismo anunció, en un levantamiento continuado de las masas convenientemente adiestradas por sus dirigentes hace años que nos lleve definitivamente a un punto de no retorno.

Este es otro de los puntos oscuros que acompaña al Gobierno de Pedro Sánchez, que insiste en recordarnos con un optimismo digno de mejor causa que las comisiones bilaterales con representantes de la Administración central y de la Generalitat están desarrollándose con normalidad. Pero eso no significa apenas nada porque el desafío está planteado en otro nivel y los llamamientos a las masas -que ya se sabe desde el principio de los tiempos políticos que, una vez lanzadas a las calles, son muy difíciles sino imposibles de controlar- no pueden sino llenar de preocupación y de alarma a los españoles que ven cómo el Gobierno insiste en decir que llueve cuando lo que pasa es que alguien está… lo que ustedes ya saben.

Y por no agotar el memorial de errores y también el de dudas que suscita la acción del equipo de Pedro Sánchez, anotar que seguimos sin saber cómo piensa el  presidente financiar el evidente aumento de gasto público que, a tenor de lo declarado por Pablo Iglesias a la salida de su encuentro con el presidente, van a suponer los acuerdos o principio de acuerdos a los que han llegado ambos líderes.

La incógnita es en estos momentos absoluta porque aún no ha salido nadie a concretar la larga lista de preguntas que van cosidas a anuncios tales como la creación de un parque estatal de viviendas, la reducción de las tasas universitarias, el aumento de las becas, la subida de las pensiones, la bajada del IVA a los productos de primera necesidad, la bajada aparente de los impuestos a los autónomos, el aumento del gasto en dependencia, la garantía de la educación gratuita de 0 a 3 años y la de los libros de texto o las ayudas para pagar la factura de la luz.

Lo más concreto que hemos escuchado la semana pasada es que Podemos se dispone a «cogobernar» con el PSOE. Pero eso es también lo mas inquietante

Y tampoco nos ha explicado nadie cómo va a hacer el presidente compatible todos esos compromisos alcanzados con el jefe de Podemos con las recomendaciones que, esa misma mañana del encuentro con Iglesias, el propio Pedro Sánchez recibió del comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, que le aconsejó moderación en el gasto y le pidió que presentara antes del 15 de octubre, como todos los demás socios de la eurozona, un proyecto de Presupuestos, cosa que, visto el panorama que se dibuja hoy, Sánchez no podrá hacer.

Ése de la financiación del gasto y el mantenimiento simultáneo de los niveles de déficit acordados con Bruselas es uno de los grandes misterios que siguen sin ser desvelados desde el palacio de La Moncloa. Pero resulta que estamos ante un tema capital no sólo para la supervivencia del propio Sánchez sino sobre todo para la estabilidad del país y la continuidad de un crecimiento de la economía que ya ha empezado a dar señales de desaceleración.

Lo más concreto que hemos escuchado en el transcurso de la semana pasada es que Podemos se dispone a «cogobernar» con el PSOE. Pero eso es también lo mas inquietante.