Los primeros 100 días de Sánchez: el Falcon, el Aquarius y el diálogo de sordos con Torra

Este domingo se cumplen 100 días desde que Pedro Sánchez tomó posesión como presidente del Gobierno de España. El líder socialista ha agotado un período de gracia que en realidad no le concedió nadie: ni el PP, que le acusó de echarse en manos de los independentistas; ni los independentistas, que pese a darle las llaves de Moncloa le han acusado de comportarse como una simple prolongación del Partido Popular. Sólo Pablo Iglesias esperó 97 días para reunirse por primera vez de forma oficial con el presidente y asegurar ante la prensa que su charla, eminentemente presupuestaria, había sido "un buen comienzo".

En algo más de tres meses de mandato efectivo a Sánchez le ha dado tiempo a tomar decisiones, por acción o por omisión. Algunas las recordó el propio Iglesias este jueves, abriendo una ventana al limbo de las promesas guardadas en un cajón: la derogación de la reforma laboral, el impuesto a la banca, la lista de amnistiados fiscales... Aún así, el secretario general de Podemos admitió tener "feeling" con el presidente del Gobierno. Y a buen seguro habrá sido un alivio: generar feeling fue el objetivo prioritario de sus primeros días de presidencia, entregado a las estrategias de comunicación de su jefe de gabinete, Iván Redondo, con la confección de su equipo ministerial como cruz de guía.

La lista tenía mimbres para contentar a todos los espectros, con Josep Borrell como ariete exterior contra el independentismo catalán, un juez de la órbita conservadora como Grande-Marlaska al frente de Interior y perfiles técnicos como el de Nadia Calviño, consagrada en Bruselas, en la cartera de Economía. Se reservó incluso golpes de timón. Exitosos como el del astronauta Pedro Duque al frente de Ciencia; o ruidosamente fallidos, como el efímero paso por la cartera de Cultura de Màxim Huerta, arrollado por sus desmanes fiscales.

Los decretos

Con una débil minoría parlamentaria, sin precedentes para ningún Gobierno en democracia, Sánchez ha confiado sus primeros 100 días de mandato al "feeling" y a los golpes de efecto fuera del Congreso, al que ha acudido principalmente para aprobar siete decretos-ley afeados por la oposición, que discute el carácter de excepcional urgencia que requiere esta figura.

El más sonado ha sido el que desarrolla la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero por esta vía han salido adelante medidas sobre la renovación de RTVE, la aplicación del Pacto de Violencia de Género, la recuperación de la sanidad universal, ofertas de empleo público, ayudas a parados de larga duración o transposiciones europeas como la que afecta a la normativa de protección de datos. También se contempla este mecanismo para acabar con el veto del Senado sobre la senda de déficit.

Del Aquarius a la lucha contra la 'inmigración violenta'

Sánchez, sin embargo, ha sido más cauto en los temas que hasta ahora han marcado su presidencia. Uno por obligación: Cataluña. Y el otro voluntario: la inmigración. Con el Aquarius varado en aguas internacionales, rechazado por Malta e Italia, fue el presidente español quien decidió tomar la iniciativa europea y abrir el puerto de Valencia a los inmigrantes que habían partido desde Libia, y para los que organizó un amplio operativo con carácter excepcional.

El presidente del Gobierno puso sobre España las luces de un foco que se había evitado durante mucho tiempo. A diferencia de Italia y Grecia, las sucesivas encuestas del CIS confirman que la inmigración no ha sido una preocupación prioritaria para los españoles en la última década, ni un tema central en la política nacional, pese al constante goteo de pateras en el Estrecho y el mar de Alborán y los intentos de entrada en Ceuta y Melilla. Pedro Sánchez ha tratado de liderar la respuesta europea a la crisis migratoria, amplificada por el rechazo del nuevo gobierno italiano a abrir sus puertos, y del maltés a asumir una carga para la que no está preparado.

En el trayecto ha habido disparidad de actuaciones. Desde el gesto inaugural del Aquarius hasta la orden de expulsión directa para las 116 personas que el mes pasado saltaron la valla en Ceuta causando heridos entre Policía y Guardia Civil, con el ministro Marlaska anticipando mano dura contra la "inmigración violenta".

Por el camino, el Ejecutivo de Sánchez sí consiguió comandar la operación articulada el pasado 14 de agosto para repartir entre siete países europeos (España, Francia, Portugal, Alemania, Malta, Luxemburgo e Italia) a otros 201 migrantes rescatados en el mar. Una semana antes, sin embargo, había cerrado el acuerdo que permitirá a Alemania devolver a España a los inmigrantes que se encuentren en su país pero hayan accedido a la Unión Europea a través de nuestro territorio.

Perfil internacional propio

Durante estos 100 días Sánchez ha intentado trazar perfil propio en la escena internacional. Se acercó al francés Emmanuel Macron tras su investidura, pero ha sido especialmente intensa su relación con Angela Merkel, que llegó a pasar unos días junto al presidente en Sanlúcar de Barrameda, su lugar de veraneo. En los últimos días se ha intensificado su acción exterior, impulsada por Podemos: España firmará el tratado de prohibición de armas nucleares, amenaza con generar un conflicto diplomático con Arabia tras la negativa a vender armas al régimen saudí y están por ver las consecuencias del posible reconocimiento oficial del Estado de Palestina anunciado por Iglesias tras la reunión del jueves.

El líder socialista también ha decidido romper con una tradición inamovible en todos los presidentes anteriores, que siempre habían elegido Marruecos como su primer destino en viaje oficial. Cumbres europeas al margen, Sánchez ha visitado Francia, Alemania, Portugal y Suecia, y se decantó por la gira latinoamericana con la que cerró el verano y que le llevó a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. Fue un viaje ecléctico: en las ruedas de prensa se mezclaban preguntas sobre la idoneidad de que Keylor Navas sea titular en el Real Madrid con amenazas veladas sobre una nueva aplicación del 155 si Quim Torra sigue transitando el camino hacia la desobediencia.

Cataluña: política de equilibrismos

El Gobierno insiste, desde el día 1 hasta el 100, en aplicar la política del diálogo en Cataluña. Gestos incluidos, con la visita del president -a quien Sánchez llamó "racista" en varias ocasiones desde la oposición- a Moncloa como punto álgido. Los dos dirigentes pasearon por los jardines del Palacio, se contaron los secretos de la fuente de Machado, intercambiaron libros y ratafia y vendieron un clima de "cordialidad" que después se encargaron de endurecer al gusto de sus respectivas parroquias.

Los discursos siguen enfrentados: Sánchez abre la puerta a un referéndum sobre un nuevo Estatuto, pero Torra exige la autodeterminación como innegociable mientras amenaza con abrir las cárceles para los políticos en prisión, ahora que él tiene las llaves. Al mismo tiempo, la vicepresidenta Carmen Calvo y la consejera Elsa Artadi se ven con discreción en Madrid, pactan las agendas de las próximas reuniones bilaterales y dan luz verde a más gestos, no siempre bien vistos por sus bases, como la integración de los Mossos d'Esquadra en el CITCO o la organización de las próximas promociones de agentes autonómicos. Respecto a los lazos amarillos también se pasan la pelota, pero en este caso encuentran un enemigo común para ambos: Ciudadanos.

Durante este tiempo, Sánchez también ha tropezado en varias de las trampas colocadas en el camino por el secesionismo. Especialmente llamativo fue el rechazo inicial a defender al juez Pablo Llarena en Bélgica de la demanda presentada por Carles Puigdemont y sus exconsejeros.

Lo que de inicio fue una decisión personal de la ministra de Justicia se convirtió en una crisis de imagen cuando el Gobierno recibió las peticiones de amparo del CGPJ y los informes en contra de la Abogacía del Estado. La solución final fue contratar a un prestigioso bufete local por más de medio millón de euros para lidiar con un tema que en un principio había sido catalogado como "asunto personal" del juez, provocando el aplauso incluso del propio Puigdemont.

Problemas de comunicación

No ha sido la única crisis comunicativa del Gobierno. Ni siquiera dejando a un lado las polémicas sobre el uso del Falcon y los helicópteros presidenciales, o la utilización de las cuentas oficiales para propósitos tan diversos como loar las manos del presidente. En el plano político, la más sonora la protagonizaron esta semana el propio Sánchez y su ministra de Industria, Reyes Maroto, a costa de la subida del impuesto al diésel.

Mientras el presidente lo daba por hecho en la radio, Maroto se pasaba de vueltas en un evento con periodistas. "Se ha hablado mucho del impuesto del diésel, pero el Gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado. Vamos a esperar", dijo ante la prensa cuando el líder del Gobierno ya había hecho pública una medida que la ministra calificó como "globo sonda". Horas más tarde, llamó a su despacho a las cámaras de Efe para grabar una rectificación que más sonó a disculpa.

Algunos problemas ha tenido el Gobierno, también, para comunicar los avances de sus negociaciones presupuestarias con Podemos. El Ejecutivo de Sánchez ha cedido en ocasiones la iniciativa de la comunicación a la formación morada, generando cierta confusión. Fue el caso de la pretendida subida del IRPF, que en un primer momento se vendió como generalizada para todas las rentas superiores a 60.000 euros. Eso era lo que transmitió el partido de Iglesias, aunque al mismo tiempo Hacienda se afanaba en desmentirlo a quien le preguntaba. El umbral de la subida, de momento, ya está en 140.000.

Algo similar ocurrió este mismo jueves, cuando el secretario general de Podemos compareció ante los medios para detallar más propuestas que acuerdos definitivos, aunque vendiendo un mensaje de entendimiento y la intención de "cogobernar" juntos desde el Parlamento durante el resto de la legislatura. El equipo de comunicación de Moncloa reunió luego a los periodistas para enfriar el triunfalismo de Iglesias y rebajar sus expectativas respecto a los Presupuestos. Sobre la legislatura no hubo matizaciones: pese a que Sánchez impulsó la moción de censura prometiendo elecciones tan pronto como la situación fuera estable, la intención duró poco y el plan es, desde hace meses, mantener el Gobierno hasta 2020.