El coronel Diego Pérez de los Cobos ha dado en dos días consecutivos una lección de profesionalidad y seriedad a los que querían convertir la actuación de la Policía y la Guardia Civil el 1-O en una causa legitimadora de los posibles delitos que se acometieron por parte de los máximos responsables de la Generalitat.

Quizás, algunos abogados de las defensas esperaban encontrarse en el coordinador de las fuerzas de seguridad durante el 1-O a un rudo agente con galones curtido en el uso de la porra. Pero se enfrentaron a un funcionario que conocía mejor que ellos los autos, las órdenes que se impartieron y, sobre todo, los hechos.

Desde que apareció por la sala el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, seguido después por el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y, fundamentalmente, con el testimonio de Pérez de los Cobos, hemos asistido, por fin, a un relato preciso de lo que ocurrió en los meses de septiembre y octubre de 2017, origen de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo.

Hemos conocido de primera mano la resistencia del major Trapero a aceptar el papel del coronel Pérez de los Cobos como coordinador del operativo de seguridad, una decisión, por cierto, adoptada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Para el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la posición que iban a adoptar los Mossos era esencial para la realización de su plan, que concluía, según una hoja de ruta perfectamente establecida, en la declaración unilateral de independencia.

La descripción precisa y minuciosa de los hechos ha desmontado la falacia de que lo acaecido el 1-O fue un atentado brutal contra los ciudadanos que libre y pacíficamente pretendían ejercer su derecho a votar. Esa ficción es esencial para mantener la tesis independentista, porque en ese día, según esa interesada visión, confluyeron, por un lado, las aspiraciones legítimas del pueblo de Cataluña; y, por otro, la actitud represiva de un estado no democrático. La ruptura con España se sustenta así, ya no sólo en razones históricas y culturales, sino en el deseo de la mayoría de los catalanes de independizarse de la tiranía de ese estado opresor, heredero del franquismo.

La violencia se produce cuando desde la Generalitat se impulsa el referéndum ilegal y se ordena a los Mossos que lo faciliten

Al contrario que la mayoría de los acusados, el coronel De los Cobos no acudió al Supremo para dar un mitin o a hacer apreciaciones personales sobre lo que pasó en aquellas fechas de máxima tensión, sino a responder con calma y con datos a las preguntas las partes.

Las defensas han chocado estrepitosamente contra el muro de la lógica. Los sucesos violentos que tuvieron lugar el 1-O no son independientes de la decisión de la Generalitat de poner en marcha un proceso ilegal a sabiendas, sino que son su consecuencia natural ¿Cómo se pudieron evitar? Muy sencillo, le dijo Pérez de los Cobos a Puigdemont en la reunión de la Junta de Seguridad que se produjo cuatro días antes: "Desconvoque usted el referéndum".

La dinámica que se puso en marcha en esos meses en Cataluña, el enfrentamiento institucional con el gobierno de España, contaba de antemano con que se iban a producir hechos violentos. Millo los cuantificó en hasta 150 actos de distinta índole, que tuvieron lugar antes de la aplicación del artículo 155. El clima de tensión, alimentado desde la Generalitat, respondía a un planteamiento calculadamente provocador. Un ejemplo de ello fue la concentración de decenas de miles de personas ante la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando se estaba produciendo un registro por orden judicial. La versión de los acusados Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cruixart (Òmnium) no puede ser más naif: los congregados acudieron allí de manera espontánea, no se produjo ningún acto violento (los coches de la Guardia Civil que había en la Rambla de Catalunya fueron abollados por los periodistas), y la secretaria judicial, Monserrat del Toro, salió por el tejado del edificio no porque hubiera ningún riesgo para su integridad física, sino porque ella quiso.

La dinámica que se puso en marcha en esos meses en Cataluña contaba de antemano con que se iban a producir hechos violentos

Ese día, los Mossos dejaron hacer y delegaron en Sánchez y Cruixart las labores de mantenimiento del orden. El clima se fue calentando de manera consciente, medida, planificada, hasta llegar al 1-O, fecha en la que la Generalitat ordenó a los Mossos no que acataran la orden judicial de impedir el referéndum ilegal, sino que lo facilitaran, dejando así a la Policía y la Guardia Civil ante la obligación de hacer que se cumpliera la ley.

Las imágenes de aquella mañana, los policías y guardias civiles golpeando a los congregados ante los locales donde se produjo la votación, han sido la mejor campaña publicitaria para el independentismo. Las cifras de heridos se magnificaron, la maquinaria de las fake news se movió a la perfección, construyendo una narrativa acorde con los intereses del independentismo. Eso también estaba en el guión.

Y era la solidez de ese guión lo que estaba en juego en el duelo dialéctico entre Pérez de los Cobos y los abogados de las defensas. Y, para desgracia de los acusados, la ficción mayúscula se ha ido deconstruyendo de forma irrefutable gracias al testimonio del coronel.

La Fiscalía, que sostiene en su escrito de acusación la comisión del delito de rebelión, ha visto ratificada con los tres testimonios (Nieto, Millo y Pérez de los Cobos) que durante esos día hubo una violencia encaminada a hacer posible el objetivo final de los encausados: la independencia de Cataluña.

El juicio al procés no se ha desinflado, como se atrevieron a vaticinar algunos de forma apresurada, sino que ha entrado en su fase decisiva.