Política

Millo y Pérez de los Cobos detallan la violencia que la Fiscalía aprecia en el 'procés'

El ex delegado del Gobierno de Cataluña y el coordinador policial del 1-O avalan en sus declaraciones las tesis acusatorias

Enric Millo (izquierda) y Diego Pérez de los Cobos, declarando este martes en el juicio del 'procés'.

Enric Millo (izquierda) y Diego Pérez de los Cobos, declarando este martes en el juicio del 'procés'.

En la decimoprimera sesión del juicio a los líderes independentistas del procés apareció en el majestuoso salón de plenos del Tribunal Supremo la violencia que tanto el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo como el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos relataron de forma pormenorizada.

Bajo juramento de decir la verdad, los dos testigos suscribieron punto por punto las tesis acusatorias del Ministerio Fiscal, que imputa la comisión de un delito de rebelión a 9 de los 12 encausados. Hubo un plan concertado en el que participó el Govern, el Parlament y parte de la sociedad civil –ANC y Òmnium Cultural- como paso previo para la declaración de la República catalana que se proclamó el 27 de octubre de forma unilateral. Y hubo violencia. No sólo la hubo sino que fue fundamental e imprescindible en esos días en Cataluña.

En un testimonio absolutamente demoledor para los líderes secesionistas, Enric Millo explicó este martes en el Alto Tribunal el clima de “acoso” que se instauró en dicha desde principios de septiembre de 2017, a raíz de que la Cámara autonómica aprobara las leyes de desconexión y el Constitucional suspendiera el referéndum de autodeterminación.

“Se generó un clima en el que cada día, allí donde había una diligencia de la policía judicial, aparecía un grupo numeroso de personas para acosar, gritar, hostigar, amenazar e incluso en algunos momentos agredir vehículos y personas para impedir la actuación de esa comisión judicial”, recalcó el que fuera delegado del Gobierno con Mariano Rajoy en dicha autonomía durante sus cuatro horas de declaración.

El ex delegado del Gobierno de Cataluña y el coordinador policial del 1-O avalan en sus declaraciones las tesis acusatorias de la Fiscalía

Los episodios previos al 1-O, según su versión, “tenían como objetivo intimidar o impedir la acción de la policía judicial. Prácticamente en todas se concentraban grupos numerosísimos de personas en diferentes modalidades, más de 150 acciones distintas en diferentes municipios, ante diferentes edificios, a veces con artefactos incendiarios, acosos a las comitivas judiciales y a sus vehículos, a los hoteles donde había guardias hospedados, hubo que desalojar algunos, a la propia Delegación del Gobierno”.

Millo describió múltiples actos violentos que sufrieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervinieron en Cataluña el primero de octubre de 2017 para intentar impedir la celebración del referéndum de autodeterminación en cumplimiento del mandato judicial, después de que el Tribunal Constitucional hubiera suspendido semanas antes la consulta por la autodeterminación.

Testimonios "estremecedores"

El testigo explicó que después del 1-O se desplazó a los barcos y hoteles en los que se alojaban los policías nacionales y guardias civiles que habían participado en el operativo para conocer las “impresiones” de los propios funcionarios del Estado sobre cómo habían vivido aquella jornada y señaló que “los testimonios eran estremecedores”.

Millo departió con agentes que sufrieron fracturas y contusiones y pudo comprobar cómo un chaleco antibalas estaba rajado “de extremo a extremo”. También ha contado que en los centros de votación se utilizó detergente Fairy para que los agentes resbalasen cuando intentaran acceder para requisar las urnas y el material electoral. Después les “patearían la cabeza”.

También el coordinador del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, explicó a preguntas de la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal que les “sorprendió el grado de virulencia" al que las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil tuvieron que hacer frente cuando intentaban entrar en los colegios para requisar las urnas y el resto de material electoral, lo que en ocasiones llevó a los jefes de las unidades a "abortar" algunas de las acciones para evitar graves consecuencias.

"Grupos de masas"

"En la mayoría había unos grupos de masas perfectamente conformadas que mediante la fuerza física trataban de impedir el acceso de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenían obligación de entrar por mandato judicial para impedir el referéndum. La actuación fue absolutamente profesional y proporcional, la actuación estaba encaminada a retirar el material y en ningún caso se encaminó sobre las personas que se encontraban allí, no se intentó ni desalojar ni cerrar los locales”, ha defendido.

Asimismo, Pérez de los Cobos ha descrito cómo los agentes actuaron en muchos casos con  “sus propias manos para evitar actuaciones de mayor lesividad”. No obstante, sostiene que hubo “casos de violencia muy grave”, poniendo como ejemplo el vídeo en el que se ve a un guardia civil en el suelo recibiendo una patada en la cabeza.

A preguntas de las defensas, el testigo ha explicado que en los centros de votación las agentes se encontraron inicialmente con una "resistencia pasiva" por parte de personas sentadas en el suelo y que, tras su llegada, se resistencia pasó a ser "activa". "Cuando aparecen las unidades dejan de estar sentados, se ponen en pie y conforman bloques humanos, algunos distribuyendo responsabillidades y otros asumiendo el papel de hostigamiento a la unidad que interviene", ha explicado.

En un Estado de Derecho es imposible la convivencia ciudadana sin respeto a la ley", declara Pérez de los Cobos

Pérez de los Cobos ha reiterado que tuvo conocimiento de la existencia de personas "encapuchadas" en centros de votación. Preguntado por un abogado defensor sobre cómo tuvo conocimiento de esa circunstancia, el testigo ha detallado que así lo puso de manifiesto la Jefatura Superior de Policía Cataluña en un informe que le facilitó después del 1-O, sin que haya podido precisar en qué colegio electoral se les vieron

El hoy coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) ha cifrado en unos 90 los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que resultaron heridos durante la jornada del 1-O y ha negado que se hicieran "cargas".

El concepto de "carga" policial

Esa afirmación ha tratado de ser combatida este miércoles en su interrogatorio por el abogado Jordi Pina, que defiende a los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull y al ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez. El testigo ha insistido en que, desde el punto de vista de la "técnica policial", una carga es una "actuación contundente para disolver una manifestación o desalojar un espacio" y -en su opinión- "no se disolvió ninguna manifestación ni se practicó ningún desalojo".

Por el contrario, Pérez de los Cobos ha calificado de "exquisita" la intervención policial durante dicha jornada y, refutando el relato independentista, ha sostenido que "no hubo actuación sobre los votantes" sino sobre las personas que "trataban de impedir el acceso a los locales para que la Policía Nacional y la Guardia Civil cumpliera el mandato que se le había dado”.

Durante su declaración, que continuará este miércoles, el mando policial ha detallado la deslealtad que mantuvieron los Mossos con las fuerzas de seguridad del Estado en el cumplimiento de la orden que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas había dado a los tres Cuerpos cuatro días antes de la consulta a fin de impedir su celebración.

Deslealtad de los Mossos

Pérez de los Cobos ha explicado la "difícil" relación que mantuvo en las reuniones preparatorias con el entonces mayor de la Policía Autonómica, Josep Lluís Trapero, que interpretó como una "injerencia" a las competencias de los Mossos la decisión del fiscal superior de Cataluña de designar al primero como coordinador del operativo para el 1-O.

El coronel de la Guardia Civil ha reconocido que desde "hacía muchísimo tiempo" albergaban muchas dudas sobre el comportamiento que tendría la Policía de la Generalitat y que esa desconfianza fue "in crescendo" desde la junta de seguridad celebrada el 28 de septiembre, tras comprobar que los miembros del Govern se agarraban a un fragmento de uno de los fundamentos de derecho del auto de la magistrada Armas en el que se decía que había que preservar "la normal convivencia" ciudadana como "excusa" para justificar que no se interviniera el 1-O y que hubieran considerada innecesaria la movilización de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con el argumento de que los Mossos tenían "capacidad suficiente".

De las "dudas" a la "constatación"

Esas dudas quedaron totalmente disipadas a primera hora de la mañana del 1-O, cuando tuvieron la constatación de forma "fehaciente" de que los Mossos no compartían la "unidad de propósito": el cumplimiento del mandato judicial por el que se les encomendaba la tarea de que retiraran todo el material electoral, a fin de que no pudiera llevarse a cabo el referéndum.

El abogado de Oriol Junqueras ha tratado de hacer ver la supuesta contradicción en la que ha habría incurrido el testigo después de que éste hubiera afirmado que "en un Estado de Derecho es imposible la convivencia ciudadana sin respeto a la ley" cuando en su declaración durante la fase de instrucción afirmó que el cumplimiento del mandato judicial estaba "por encima de la ley".

Tras denunciar la "absoluta pasividad y nula colaboración" que encontraron en la Policía Autonómica, Pérez de los Cobos ha asegurado que al menos en una decena de centros de votación los mossos no sólo no ayudaron a los policías nacionales o guardias civiles sino que intentaron "obstruir" la actuación de las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

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