La Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que precinten durante el viernes y el sábado todos los colegios electorales designados como puntos de votación en el referéndum del 1 de octubre, de modo que nadie pueda entrar en los centros durante la jornada del domingo.

Además, la orden de la Fiscalía prohíbe también que se pongan urnas a menos de 100 metros de los centros oficiales de votación. Es decir, se quiere evitar que las urnas se sitúen en la calle. El escrito del Ministerio Público subraya que los agentes deben requisar material informático, papeletas, urnas y propagandas, así como asegurarse de que los colegios queden vacíos en el momento del precinto.

Identificación de responsables

Los Mossos d’Esquadra habían empezado a acudir este martes a las escuelas de Cataluña que está previsto que acojan urnas para el referéndum de independencia del 1 de octubre, con el propósito de identificar e interrogar como testigos a los responsables de esos centros, como ordenó ayer la Fiscalía.

Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, agentes de la policía catalana se han presentado ya esta mañana en algunas escuelas, institutos y centros cívicos, los cuales se prevé que sean puntos de votación del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional con un “requerimiento de información” dirigido a sus responsables sobre la cesión del local para el 1-O.

La semana pasada, la Generalitat hizo pública una página web en la que los ciudadanos podían comprobar, introduciendo sus datos, a qué colegios electorales deberían acudir para votar este domingo en el referéndum de independencia suspendido por el TC. Sin embargo, la justicia ordenó el cierre de estas páginas y de sus réplicas.

Mientras estuvo operativa, no obstante, se pudo comprobar que en el listado de colegios electorales se encontraban espacios públicos propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. Existía la duda de cómo participaría la capital catalana en el referéndum, después de que la alcaldesa Ada Colau anunciase un acuerdo con el Govern, en contra de los informes jurídicos de los letrados del consistorio, para que los barceloneses pudieran participar en el 1-O, sin confirmar cómo ni dónde.